La decisión del gobierno de que todo navío en viaje a Malvinas que atraviese aguas argentinas o recale en puertos argentinos deba contar con autorización de las autoridades del país logró un apoyo casi sin fisuras en el Congreso. Proyecto Sur expresó su apoyo “a todas las medidas del gobierno en defensa de la soberanía” y hasta el PCR consideró “correctas” sus decisiones.
Días antes, el gobierno había bloqueado la salida de un barco de bandera extranjera proveniente de Malvinas que iba a embarcar tubos petroleros fabricados por Techint en una operación clandestina.
Días despues, la Cumbre de países de América Latina y el Caribe de Cancún se pronuncio en defensa de la soberanía argentina.
Luego de todo este despliegue, la plataforma Ocean Guardian, contratada por las concesionarias británicas, ha entrado en operaciones y el gobierno británico ha enviado al menos un submarino. Es decir, el imperialismo británico está desenvolviendo sin tropiezos una acción para la que se preparó desde hace mucho tiempo. El gobierno de NK había anulado en 2007 el acuerdo de cooperación firmado por Menem en 1995 pero permitió que más de diez compañías se quedaran con licencias para explotar la pesca en la región de Malvinas. Tampoco adoptó una sola medida frente a la incorporación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich como “territorios de ultramar de un estado miembro de la Unión Europea” en el Tratado de Lisboa (Constitución de Europa). Los ingleses reforzaron la base militar de Malvinas con aviones de mayor alcance y barcos de guerra en la última década.
Las potencias imperialistas invocan la ambigüedad jurídica de los territorios de la Antártida y el Atlántico Sur (cuestionan las pertenencias nacionales adjudicadas por el actual Tratado Antártico) en función de la explotación económica (pesca y petróleo) y del reforzamiento del dispositivo político y militar.
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Detrás de lo que se ha dado en llamar “cuatro pequeñas empresas” británicas empeñadas en el intento de búsqueda de petróleo están los grandes capitales. “Dos de las cuatro firmas –Desire Petroleum y Borders & Southern Petroleum– tienen como accionista al Banco Barclays, designado por el gobierno kirchnerista para la reapertura del canje de la deuda. El mismo banco, a su vez, forma parte de una de las principales empresas que operan en el país, Minera Alumbrera” (Crítica, 17/2). Detrás de la Falkland Oil & Gas, otra de las “pequeñas cuatro” que operan en Malvinas está el pulpo australiano BHP Billiton, que busca desde 2008 cobre y oro en 40.000 hectáreas en Salta y forma parte de la “patria minera” que constituye parte de la base social de los K. Rockhopper, otra de las empresas, es asesorada por el HSBC.
“La escasa cantidad de recursos técnicos –de ‘las pequeñas cuatro’– hace suponer que puedan estar detrás de estas empresas Shell o British Petroleum (BP), que ya hicieron sus investigaciones en ese mismo mar en 1998” (Crítica, ídem). La BP, principal firma anglonorteamericana del mundo, asociada al banco JP Morgan, obtuvo del gobierno K la prórroga y nueva concesión sin licitación hasta el año 2047 del principal yacimiento argentino de petróleo, Cerro Dragón.
Cualquiera puede darse cuenta, a la luz de este cuadro, que el gobierno y la clase capitalista de Argentina son incapaces de defender Malvinas, porque están vinculados con los mismos intereses internacionales que impulsan la política británica. A esto habría que agregar la decisión de ‘desendeudar’ a Argentina para poder endeudarla todavía mas. Sin romper con estos intereses es imposible una política soberana. La recuperación de Malvinas sólo es posible como una consecuencia de una política de independencia nacional en su conjunto.
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