Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, en base a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero el 30 de marzo de 2008, titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero, ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”.
La frase por la que el intendente Othacehé se siente agraviado es la que denuncia que “ha impuesto un régimen de terror” en el Municipio de Merlo. La denuncia del PO es fácilmente verificable: prácticamente toda expresión opositora al intendente, con independencia de su naturaleza o signo político, ha sufrido en carne propia el amedrentamiento, el envío de patotas, la difamación, la persecución judicial.
La querella contra el PO no es un ataque aislado contra los tres dirigentes denunciados. La intención no es otra que mantener en el distrito de Merlo, precisamente, un régimen de excepción que sirva para amordazar las opiniones políticas de oposición. Estamos ante un intento de penalizar el derecho a la libre expresión y a la libertad de opinión y de acción de un partido político.
Recordemos la campaña de difamación contra el Partido Obrero y contra Pino Solanas por parte del gobierno nacional y municipal, de Aníbal Fernández y de C5N en ocasión de una quema de vagones del Sarmiento por pasajeros indignados. El Partido Obrero ha iniciado un juicio por esta difamación contra el Estado Nacional, el jefe de Gabinete, el canal de televisión y su vocero. El proceso que inicia el intendente de Merlo es una cortina de humo de este intento de demolición moral y política de un partido de principios socialistas, como el Partido Obrero.
El 25 de marzo, a las 11 horas, se realizará la primera audiencia en el Tribunal Oral Nº 2 de Morón. Altamira, Pitrola y Ramal asistirán al juzgado y defenderán el derecho a la libre expresión u opinión política.
La frase por la que el intendente Othacehé se siente agraviado es la que denuncia que “ha impuesto un régimen de terror” en el Municipio de Merlo. La denuncia del PO es fácilmente verificable: prácticamente toda expresión opositora al intendente, con independencia de su naturaleza o signo político, ha sufrido en carne propia el amedrentamiento, el envío de patotas, la difamación, la persecución judicial.
La querella contra el PO no es un ataque aislado contra los tres dirigentes denunciados. La intención no es otra que mantener en el distrito de Merlo, precisamente, un régimen de excepción que sirva para amordazar las opiniones políticas de oposición. Estamos ante un intento de penalizar el derecho a la libre expresión y a la libertad de opinión y de acción de un partido político.
Recordemos la campaña de difamación contra el Partido Obrero y contra Pino Solanas por parte del gobierno nacional y municipal, de Aníbal Fernández y de C5N en ocasión de una quema de vagones del Sarmiento por pasajeros indignados. El Partido Obrero ha iniciado un juicio por esta difamación contra el Estado Nacional, el jefe de Gabinete, el canal de televisión y su vocero. El proceso que inicia el intendente de Merlo es una cortina de humo de este intento de demolición moral y política de un partido de principios socialistas, como el Partido Obrero.
El 25 de marzo, a las 11 horas, se realizará la primera audiencia en el Tribunal Oral Nº 2 de Morón. Altamira, Pitrola y Ramal asistirán al juzgado y defenderán el derecho a la libre expresión u opinión política.
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