Desde hace varios días, los capitostes de la Unión Industrial y la CGT se debaten en urgentes reuniones.
¿Qué discuten?
Cómo ponerle un freno al reclamo salarial que sube desde las bases.
El que impuso, desde los piquetes de las fábricas cordobesas, un aumento del 35% para los obreros de la alimentación.
“No se preocupen, no pretendemos tanto para Camioneros”, le dijo Moyano a la Unión Industrial.
No sólo es un anuncio: es también una confesión. La burocracia nunca quiso arrancar un aumento que compensara, siquiera, el avance galopante de la inflación.
“No podemos reclamar más”, se justifican la CGT y la CTA.
Pero los patrones han obtenido todos sus “reclamos”. Desde la liberación de sus precios a la plata del Banco Central y la Anses para financiar sus negociados.
Mientras tanto, a los jubilados les imponen una jubilación mínima que no llega a la mitad de la “canasta de pobreza”.
Pero los patrones y el gobierno sí tienen motivos para preocuparse.
En la lucha de la alimentación, en los estatales del interior, en la juventud de los call centers y supermercados, en Luz y Fuerza, en los telefónicos, la marea sube.
La bronca también resuena entre los jubilados docentes – un sentimiento que recorre a todos los jubilados.
Ni Moyano ni Yasky pueden decidir por nosotros.
En todas las fábricas, talleres y reparticiones, deliberemos para imponer el 35% de aumento mínimo, la reapertura de paritarias de los que firmaron por menos y la indexación salarial acorde a la inflación; la jubilación mínima de 1.600 pesos y la vigencia real del 82% móvil.
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