martes, 1 de febrero de 2011

Trabajo esclavo: que se vaya Scioli

Con la difusión de dos casos flagrantes de trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo ha salido a atribuirse "la lucha contra la precarización laboral en el campo". Lo cierto es que los K y Scioli, al cabo de siete años de gobierno, han consentido esa precarización en beneficio de la "odiada oligarquía".
A través de un reportaje, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, acaba de reconocer que las patronales agrarias actúan con absoluta impunidad en lo que se relaciona con el trabajo en negro y aún esclavo en las explotaciones y fincas. Según el ministro, su cartera sólo tiene 210 inspectores laborales y de seguridad e higiene, una cifra con la que es imposible -son sus palabras- controlar las situaciones de reducción a la servidumbre como las que se descubrieron esta semana en campos de San Pedro. Lo mismo ocurre en las otras provincias y en la Ciudad en materia de inspección laboral. Se trata de una carencia bien planeada. Sólo en tareas de desfloración del maíz trabajan, en la provincia de Buenos Aires, entre 3.000 y 5.000 trabajadores rurales, en su mayoría provenientes de otras provincias. Muchos de ellos lo hacen en condiciones infrahumanas -sin agua potable, sin baños, con alimentos vencidos y provenientes de la ayuda social, amenazados con ser corridos a tiros si escapan a sus labores y con precios exorbitantes por sus consumos. Los empresarios que explotan el trabajo en negro gozan de un jubileo absoluto "por las dificultades" -según el ministro- "para acceder a los campos".
Incluso en el caso Nidera, la injerencia del Ministerio de Trabajo de la provincia fue incidental, ya que la detección de los trabajadores reducidos a la esclavitud correspondió a una fiscalía de la zona. Está probado el papel de Nidera, una de las primeras 50 empresas exportadoras (6% del total de exportaciones de granos), pero también el de las posibles tercerizadas -como el caso de Southern Seeds Production, otra empresa responsable del trabajo esclavo impuesto a otros 69 trabajadores hallados en el paraje La Luisa.
Es significativo que Héctor Recalde, casi la voz de la dirección de la CGT, asuma el mismo punto "contemplativo" del ministro de Trabajo de "la provincia": "quiero ser sobrio, es difícil llegar a las pequeñas empresas, y el territorio rural es muy amplio... no es fácil" (Página/12, 14/1).
El "nuevo" estatuto del peón rural
El gobierno y sus escribas se han vestido de luchadores contra el trabajo en negro en el campo, enarbolando el "nuevo" estatuto del peón rural presentado por CFK en junio 2010. Se tomó ¡siete años! para ofrecer un proyecto de reemplazo del decreto ley negrero de la dictadura militar (Nº 22.248) y lo hizo cuando no disponía de las mayorías parlamentarias para su aprobación. Tampoco lo presentó cuando se produjo el conflicto por la soja. Es decir, el gobierno y las patronales rurales jugaron juntas en cuanto a que el 60% de los trabajadores rurales siga en negro y, por lo tanto, no sujeto éste a ninguna ley.
(Es interesante destacar que incluso el proyecto de CFK no deroga la norma de la dictadura, dejando en pie el control de la CNTA, un ente de mayoría estatal patronal, sobre los salarios, las condiciones de trabajo y aún el derecho de huelga. ¡Tampoco toca las agencias de empleo, cuya trama con las contratistas es el nudo del trabajo en negro! -ver PO Nº 1.138, julio de 2010.)
Un programa de organización de los trabajadores rurales plantea la lucha por la anulación del régimen de la dictadura, la jornada de ocho horas, el salario igual al costo de la canasta familiar, la garantía horaria para trabajadores temporales y la habilitación de paritarias libres con representantes electos de los trabajadores, lo que plantea la organización contra la mafia burocrática que maneja la Uatre.
Desde el Partido Obrero reclamamos la expropiación sin pago de las empresas que emplean trabajo esclavo y la renuncia de todos los funcionarios responsables por ocultar este estado de cosas, incluido el gobernador.

Christian Rath

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