El intendente de Merlo, Raúl Othacehé, ha iniciado una demanda penal contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal por calumnias e injurias. Los compañeros habían denunciado públicamente a Othacehé como responsable de un régimen de persecución política y como lobbista de las grandes patronales, en especial del transporte.
En la respuesta a un reclamo de rectificación, los compañeros respondieron que la denuncia era “una expresión objetiva del accionar de la Intendencia a su cargo, con hechos que venimos denunciando de un modo sistemático”. “La injuria está en los hechos – agrega– no ha sido fabricada subjetivamente.”
“En lugar de quejarse por las injurias –destacamos– usted debería retirar a sus grupos intimidadores de las calles de Merlo, dejar de alentar volantes provocadores sin firma, o en todo caso investigar su origen e intencionalidad, algo que usted nunca ha hecho, de modo que es responsable por acción u omisión. Por nuestra parte nos oponemos a toda forma de censura de la opinión, incluso cuando ella se disfraza de la figura de ‘injurias’. Usted, sin embargo, no se escandaliza de los verdaderos atropellos que cometen los ministros del gobierno nacional, que utilizan los poderes del Estado para montar una campaña macartista, o sea que hacen abuso de su posición para montar campañas persecutorias.” Se trata de una referencia a la campaña de Stornelli, Aníbal Fernández y C5N, para atribuir la quema de un tren del Sarmiento al Partido Obrero.
El señalamiento del Partido Obrero no se trata, por lo tanto, de una denuncia ocasional ante un hecho aislado. Este accionar es parte de una práctica permanente, a la que apela el Municipio, de la que han sido blanco vecinos/as, comerciantes, profesionales, estudiantes y docentes del CUM, médicos/as del Hospital Héroes de Malvinas, remiseros/as, periodistas, trabajadores de Ecotrans y, por supuesto, también los partidos y organizaciones políticas opositoras. Se pretende silenciar toda militancia social y política no coincidente con esta administración municipal y cercenar su legítimo derecho a expresar sus opiniones y pronunciarse políticamente. Así fueron apaleadas las Asambleas Populares de 2002.
Ante cada acontecimiento, el mensaje del Municipio es claro: en Merlo no hay lugar para los adversarios políticos.
Este mismo método se extiende contra la protesta social, frente a cada reclamo, ya sea por falta de vivienda, por el abandono en que se encuentran los hospitales y escuelas, por la expulsión de tierras ociosas ocupadas por trabajadores del distrito, por los bajos salarios y los despidos o por la impunidad e inseguridad en sus zonas liberadas, donde se pone claramente de manifiesto la connivencia existente entre el poder político local, la “maldita policía”, el Poder Judicial Departamental de Morón y hasta el delito “organizado”, así como también su frondosa red de punteros. Raúl Othacehé fue uno de los principales enemigos de la continuidad del CBC en nuestro distrito, llegando incluso a radicar una denuncia en los Tribunales de Morón, y no vaciló en enviar, durante la toma del edificio, “gente de la Municipalidad” con claras actitudes amenazantes e intimidatorias. Sabemos de la campaña montada desde la Municipalidad contra los estudiantes, docentes, padres y organizaciones que colaboraron en la defensa de la continuidad de las cursadas.
Estamos, por lo tanto, ante un caso claro e incuestionable de criminalización de la política, que está instalado como “modus operandi” del gobierno municipal.
Lanzamos una campaña contra la criminalización política y en defensa de las libertades democráticas en Merlo. Llamamos a pronunciarse y respaldar con su firma y su solidaridad a todas las organizaciones populares, partidos y personalidades. Nos dirigimos especialmente a las comisiones internas, delegados y sindicatos a pronunciarse. También a los jóvenes, en primer lugar del CBC, y los colegios que encabezaron la lucha en defensa de su derecho a estudiar. Llamamos al pueblo de Merlo a acompañarnos y a sumarse a esta campaña.
Pablo Heller
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