Defendamos las libertades democráticas
La semana pasada, una delegación del Partido Obrero se hizo presente en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, realizada en el municipio de Merlo para denunciar un nuevo hecho represivo del intendente Othacehé y tomar las diversas denuncias de persecución.
En las semanas previas, un nuevo ataque a los derechos políticos en el distrito terminó con la suspensión del concejal por Libres del Sur, Horacio Cepeda, de sus funciones en el Concejo Deliberante.
En el transcurso de la reunión, José María Escobar y Néstor Pitrola, además de reclamar la restitución inmediata del concejal, expusieron la persecución y la difamación que recae sobre el Partido Obrero por parte del intendente Othacehé. Desde la acusación a Escobar por la quema de trenes en el ex ferrocarril Sarmiento, hasta la demanda que inicia Othacehé contra Altamira, Ramal y Pitrola, como responsables del Partido Obrero, por haber señalado en un comunicado de prensa que el intendente había impuesto un régimen de terror en Merlo.
Los relatos escalofriantes expuestos por periodistas, militantes populares, dirigentes políticos, abogados y vecinos del barrio dan cuenta de que no habíamos exagerado, ya que allí las libertades de expresión y opinión están suprimidas a punta de pistola. Autos sin patentes con “gente de civil” son utilizados para amenazar, aterrar, torturar y perseguir a toda persona que denuncie los negociados y corrupción en el municipio o que opine diferente al intendente Othacehé. Marisol Vázquez y su marido, periodistas independientes, dieron testimonio de ello y denunciaron que detrás de las intimidaciones no sólo está el amordazamiento a voces opositoras, sino que está la defensa de un régimen de negociados y prebendas. La abogada Rosana Mattarollo, defensora de un sin número de causas sociales por lo que es perseguida en el distrito, mostró a todos los presentes una enormidad de volantes “anónimos” que funcionan como una campaña de desprestigio sobre las personas u organizaciones políticas opositoras. Una delegación de la Fuba también estuvo presente denunciando la reapertura reciente de sus causas por defender el CBC Merlo.
El mismo modus operandi se ha utilizado a lo largo de toda la intendencia de Othacehé. Sólo para dar algunos ejemplos: Emilio Castelvi fue periodista de Radio Ciudad de Merlo entre 1989 y 1996. Según informes, luego de haber hecho denuncias de coimas del poder político hacia intendentes y policías, fue golpeado y amenazado con prenderle fuego a su familia. Luego, Castelvi fue secuestrado y torturado, y en 1997 tuvo que exiliarse. En 2007 secuestraron a la hija de Carmen Villafañe (militante barrial), quemándola con colillas de cigarrillo, mientras la “paseaban” en un auto con los ojos vendados. Los métodos de la dictadura militar. Sobre Othacehé recaen más de 30 causas abiertas en los tribunales de Morón por intentos de asesinato, amenazas, abuso de autoridad e intimidaciones.
No hay que olvidar que Othacehé pasó de ser un simple empleado municipal a ascender a la Asesoría Letrada de la Municipalidad tras el golpe del ’76. Según los relatos de los opositores de ese momento, Othacehé habría decretado cesantías amparado en la Ley de Prescindibilidad, ley que fue utilizada para perseguir a militantes de izquierda. A esta altura, hay que decir que la Presidenta de los “derechos humanos”, Cristina Kirchner, mantiene a Othacehé como uno de sus aliados más importantes. Varios actos políticos dan cuenta de esto.
En el cierre de la actividad, el Partido Obrero propuso profundizar la unidad política y de acción para enfrentar la persecución y la supresión de las libertades democráticas en el distrito, montando una gran campaña de difusión sobre los vecinos y haciendo conocer esta situación en el resto de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.
En las semanas previas, un nuevo ataque a los derechos políticos en el distrito terminó con la suspensión del concejal por Libres del Sur, Horacio Cepeda, de sus funciones en el Concejo Deliberante.
En el transcurso de la reunión, José María Escobar y Néstor Pitrola, además de reclamar la restitución inmediata del concejal, expusieron la persecución y la difamación que recae sobre el Partido Obrero por parte del intendente Othacehé. Desde la acusación a Escobar por la quema de trenes en el ex ferrocarril Sarmiento, hasta la demanda que inicia Othacehé contra Altamira, Ramal y Pitrola, como responsables del Partido Obrero, por haber señalado en un comunicado de prensa que el intendente había impuesto un régimen de terror en Merlo.
Los relatos escalofriantes expuestos por periodistas, militantes populares, dirigentes políticos, abogados y vecinos del barrio dan cuenta de que no habíamos exagerado, ya que allí las libertades de expresión y opinión están suprimidas a punta de pistola. Autos sin patentes con “gente de civil” son utilizados para amenazar, aterrar, torturar y perseguir a toda persona que denuncie los negociados y corrupción en el municipio o que opine diferente al intendente Othacehé. Marisol Vázquez y su marido, periodistas independientes, dieron testimonio de ello y denunciaron que detrás de las intimidaciones no sólo está el amordazamiento a voces opositoras, sino que está la defensa de un régimen de negociados y prebendas. La abogada Rosana Mattarollo, defensora de un sin número de causas sociales por lo que es perseguida en el distrito, mostró a todos los presentes una enormidad de volantes “anónimos” que funcionan como una campaña de desprestigio sobre las personas u organizaciones políticas opositoras. Una delegación de la Fuba también estuvo presente denunciando la reapertura reciente de sus causas por defender el CBC Merlo.
El mismo modus operandi se ha utilizado a lo largo de toda la intendencia de Othacehé. Sólo para dar algunos ejemplos: Emilio Castelvi fue periodista de Radio Ciudad de Merlo entre 1989 y 1996. Según informes, luego de haber hecho denuncias de coimas del poder político hacia intendentes y policías, fue golpeado y amenazado con prenderle fuego a su familia. Luego, Castelvi fue secuestrado y torturado, y en 1997 tuvo que exiliarse. En 2007 secuestraron a la hija de Carmen Villafañe (militante barrial), quemándola con colillas de cigarrillo, mientras la “paseaban” en un auto con los ojos vendados. Los métodos de la dictadura militar. Sobre Othacehé recaen más de 30 causas abiertas en los tribunales de Morón por intentos de asesinato, amenazas, abuso de autoridad e intimidaciones.
No hay que olvidar que Othacehé pasó de ser un simple empleado municipal a ascender a la Asesoría Letrada de la Municipalidad tras el golpe del ’76. Según los relatos de los opositores de ese momento, Othacehé habría decretado cesantías amparado en la Ley de Prescindibilidad, ley que fue utilizada para perseguir a militantes de izquierda. A esta altura, hay que decir que la Presidenta de los “derechos humanos”, Cristina Kirchner, mantiene a Othacehé como uno de sus aliados más importantes. Varios actos políticos dan cuenta de esto.
En el cierre de la actividad, el Partido Obrero propuso profundizar la unidad política y de acción para enfrentar la persecución y la supresión de las libertades democráticas en el distrito, montando una gran campaña de difusión sobre los vecinos y haciendo conocer esta situación en el resto de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.
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