El estado confirma nuestras acusaciones
El Estado ha contestado la demanda entablada por el compañero José María Escobar, por daños y perjuicios resultantes de las injurias y calumnias proferidas por el entonces ministro de Seguridad Justicia y Derechos Humanos. Aníbal Fernández (hoy jefe de Gabinete) acusó públicamente a Escobar, en septiembre de 2008, de ser el organizador, con militantes del Partido Obrero, del incendio de vagones del Ferrocarril Sarmiento, en ocasión de una prolongada interrupción del servicio de la empresa. El ministro usó todos los recursos mediáticos a su alcance para tratar a un dirigente obrero como Escobar como delincuente; es decir, imputarlo por la comisión de delitos penados por la legislación vigente.
Ahora, en respuesta a la demanda de Escobar al Estado, sus representantes legales confirman lo que pretenden refutar: no se puede responsabilizar –dicen– al funcionario con el argumento de “que al momento de proferir sus dichos conociera la falsedad de su contenido... en un escenario de inusual complejidad”. Es al revés, porque si la situación es “compleja”, el ministro de Seguridad y Justicia (sic) debe ser especialmente cuidadoso: ¿no conocía que sus aseveraciones carecían de toda identidad probatoria? En este caso, el Estado debería asumir sin más su responsabilidad ante la “ineptitud” de su funcionario. El ministro ha hecho de la difamación y las denuncias falsas un verdadero “modus operandi” en lo que debiera ser tipificado como abuso de poder. Lo prueba el hecho de que, tres meses después de los sucesos, un artículo en el diario La Nación, titulado “Las denuncias del Gobierno”, constataba que las “resonantes denuncias públicas que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos no se correspondieron en los estrados judiciales con la gravedad de las acusaciones. El primer blanco fueron los productores agropecuarios por la quema de pastizales en el Delta. Después, los dirigentes de organizaciones de izquierda a raíz de desmanes y del incendio de vagones en el ferrocarril Sarmiento. Más adelante, le tocó el turno a una empresa transportadora de caudales por la falta de monedas”.
Importa recordar también que, a pesar de ser requerida la presencia del ministro en esta causa para que aporte las supuestas pruebas (testigos y filmaciones) que sostuvo para acusar a José María Escobar y al Partido Obrero, el hombre jamás contestó tal requerimiento. Mientras José María Escobar se puso en 24 horas a disposición de la Justicia, a pesar de que se encontraba en juego su propia libertad, Aníbal Fernández no se anima aunque sólo está en juego su bolsillo. Esa misma conducta es la que viene sosteniendo en el juicio, pues la demanda iniciada por José Escobar está dirigida no sólo contra el Estado nacional, sino contra Aníbal Fernández en particular. Hasta ahora, pasados tres meses, las tentativas por notificarlo de la causa judicial fueron infructuosas. Las notificaciones son rechazadas en los distintos domicilios a las que han sido enviadas. El paradero del jefe de Gabinete es un misterio, lo cual ameritaría que el juez intervenga y arbitre los medios que estime necesarios para revertir semejante irregularidad.
Ahora, en respuesta a la demanda de Escobar al Estado, sus representantes legales confirman lo que pretenden refutar: no se puede responsabilizar –dicen– al funcionario con el argumento de “que al momento de proferir sus dichos conociera la falsedad de su contenido... en un escenario de inusual complejidad”. Es al revés, porque si la situación es “compleja”, el ministro de Seguridad y Justicia (sic) debe ser especialmente cuidadoso: ¿no conocía que sus aseveraciones carecían de toda identidad probatoria? En este caso, el Estado debería asumir sin más su responsabilidad ante la “ineptitud” de su funcionario. El ministro ha hecho de la difamación y las denuncias falsas un verdadero “modus operandi” en lo que debiera ser tipificado como abuso de poder. Lo prueba el hecho de que, tres meses después de los sucesos, un artículo en el diario La Nación, titulado “Las denuncias del Gobierno”, constataba que las “resonantes denuncias públicas que ha hecho el gobierno en los últimos tiempos no se correspondieron en los estrados judiciales con la gravedad de las acusaciones. El primer blanco fueron los productores agropecuarios por la quema de pastizales en el Delta. Después, los dirigentes de organizaciones de izquierda a raíz de desmanes y del incendio de vagones en el ferrocarril Sarmiento. Más adelante, le tocó el turno a una empresa transportadora de caudales por la falta de monedas”.
Importa recordar también que, a pesar de ser requerida la presencia del ministro en esta causa para que aporte las supuestas pruebas (testigos y filmaciones) que sostuvo para acusar a José María Escobar y al Partido Obrero, el hombre jamás contestó tal requerimiento. Mientras José María Escobar se puso en 24 horas a disposición de la Justicia, a pesar de que se encontraba en juego su propia libertad, Aníbal Fernández no se anima aunque sólo está en juego su bolsillo. Esa misma conducta es la que viene sosteniendo en el juicio, pues la demanda iniciada por José Escobar está dirigida no sólo contra el Estado nacional, sino contra Aníbal Fernández en particular. Hasta ahora, pasados tres meses, las tentativas por notificarlo de la causa judicial fueron infructuosas. Las notificaciones son rechazadas en los distintos domicilios a las que han sido enviadas. El paradero del jefe de Gabinete es un misterio, lo cual ameritaría que el juez intervenga y arbitre los medios que estime necesarios para revertir semejante irregularidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario