El martes 10 de agosto, el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 ordenó el traslado de la demanda presentada por el Partido Obrero contra el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la notificación por oficio del funcionario en su domicilio laboral. Fernández evitó durante 20 meses dar la cara a pesar de la trascendencia pública de las demandas iniciadas en diciembre de 2008 por el PO y su militante José María Escobar en su contra.
En septiembre de aquel año, el entonces ministro de Seguridad y Justicia imputó al PO y a nuestro compañero "haber orquestado" la quema de trenes del ex ferrocarril Sarmiento. Fernández lanzó sus acusaciones en una conferencia de prensa que fue cubierta por todos los medios de comunicación del país, en sede ministerial y en calidad de funcionario público. Expresamente imputó a Escobar "haber dirigido toda la operación" y hasta se dio el lujo de brindar detalles patéticos acerca de la supuesta "técnica" utilizada por nuestro compañero para dar inicio al fuego. Las temerarias y falaces acusaciones de Fernández jamás tuvieron correlato en sede judicial, a pesar del requerimiento del fiscal a cargo de la causa penal para que aportara las "pruebas" que decía poseer contra Escobar y nuestra organización. No lo hizo sencillamente porque tales "pruebas" no existen.
Dos meses más tarde, el PO y Escobar presentamos sendas demandas por daños y perjuicios contra Fernández y el Estado nacional (y otras tantas contra el periodista Eduardo Feimann y el canal C5N, que a los dichos del ministro y en una acción concertada con él agregaron toda clase de diatribas de cosecha propia). Desde entonces, el Estado y su funcionario apelaron a todo tipo de chicanas para evadir sus responsabilidades judiciales y políticas. Mientras que nuestro compañero Escobar se presentó al día siguiente de los dichos de Fernández y en forma espontánea ante la justicia (oportunidad en la que fue informado de que no existía causa penal en su contra), el ministro de "palabra fácil" evitó dar la cara durante estos 20 meses. Pocos días antes de esta resolución judicial que nos favorece, el ministro "bloguero" había sido "intimado" por Jorge Altamira, vía Tweeter, quién le espetó "no sigas huyendo del juez... andá a declarar por las infamias que nos dijiste cuando fueron los incendios del Sarmiento".
El gobierno K, muy "gallito" a la hora de atacar a los luchadores para encubrir las tropelías del grupo Cirigliano en TBA, actuó como un cobarde a la hora responder por sus infamias en sede judicial. Ahora se acabó el verso. Los calumniadores van a pagar de su bolsillo cada infamia que lanzaron contra el Partido Obrero y sus militantes.
En septiembre de aquel año, el entonces ministro de Seguridad y Justicia imputó al PO y a nuestro compañero "haber orquestado" la quema de trenes del ex ferrocarril Sarmiento. Fernández lanzó sus acusaciones en una conferencia de prensa que fue cubierta por todos los medios de comunicación del país, en sede ministerial y en calidad de funcionario público. Expresamente imputó a Escobar "haber dirigido toda la operación" y hasta se dio el lujo de brindar detalles patéticos acerca de la supuesta "técnica" utilizada por nuestro compañero para dar inicio al fuego. Las temerarias y falaces acusaciones de Fernández jamás tuvieron correlato en sede judicial, a pesar del requerimiento del fiscal a cargo de la causa penal para que aportara las "pruebas" que decía poseer contra Escobar y nuestra organización. No lo hizo sencillamente porque tales "pruebas" no existen.
Dos meses más tarde, el PO y Escobar presentamos sendas demandas por daños y perjuicios contra Fernández y el Estado nacional (y otras tantas contra el periodista Eduardo Feimann y el canal C5N, que a los dichos del ministro y en una acción concertada con él agregaron toda clase de diatribas de cosecha propia). Desde entonces, el Estado y su funcionario apelaron a todo tipo de chicanas para evadir sus responsabilidades judiciales y políticas. Mientras que nuestro compañero Escobar se presentó al día siguiente de los dichos de Fernández y en forma espontánea ante la justicia (oportunidad en la que fue informado de que no existía causa penal en su contra), el ministro de "palabra fácil" evitó dar la cara durante estos 20 meses. Pocos días antes de esta resolución judicial que nos favorece, el ministro "bloguero" había sido "intimado" por Jorge Altamira, vía Tweeter, quién le espetó "no sigas huyendo del juez... andá a declarar por las infamias que nos dijiste cuando fueron los incendios del Sarmiento".
El gobierno K, muy "gallito" a la hora de atacar a los luchadores para encubrir las tropelías del grupo Cirigliano en TBA, actuó como un cobarde a la hora responder por sus infamias en sede judicial. Ahora se acabó el verso. Los calumniadores van a pagar de su bolsillo cada infamia que lanzaron contra el Partido Obrero y sus militantes.
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