La llamada oposición acaricia la idea de fijar ella las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Como, a partir del 24 de agosto, el gobierno perderá las facultades legislativas que le fueron delegadas a lo largo de mucho tiempo (entre las cuales figura la de establecer derechos de exportación), estos opositores han empezado a comerse un asado que todavía no salaron ni pusieron en la parrilla. Ocurre que, para el gobierno, incluso si se le privan de las facultades legislativas, los actos que haya producido por medio de ellas sólo se extinguirán en el tiempo que estuviera establecido en el decreto o resolución respectiva.
Sea como fuere, apenas sintieron aproximarse la fecha de la venganza contra el gobierno al que acusan de perjudicar al chacarero, se dividieron. En el punto de la soja, mientras que la Sociedad Rural, Carbap ¿y Coninagro? pretenden que sean reducidas del 35 al 25%, la Federación Agraria reclama que eso sólo se aplique a los productores chicos. En cuanto al maíz, trigo y sorgo, todos coinciden (incluso el gobierno) en que deben anularse, o sea cero. Esta convergencia de posiciones no es prueba de que el planteo sea justo, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el precio del trigo, en el mercado internacional, se ha duplicado en las últimas semanas, por lo que lejos de justificar la eliminación de las retenciones se impondría aumentarlas. Después de todo, un incremento de los ingresos del ciento por ciento para los trigueros es cuatro veces más que los aumentos de salarios que establecieron las paritarias.
Otro tanto se podría decir de la soja, que ha vuelto a alcanzar los precios internacionales más elevados. La alegre aceptación de la reducción a cero de las retenciones para el trigo y el maíz significa que aumentarán los precios de los alimentos, incluso los de la carne, porque usan al maíz como forraje. La ‘segmentación’, a su vez, puede ser fácilmente burlada por los grandes capitales mediante una comercialización disfrazada de sus cosechas. Si pueden disimular el trabajo en negro, qué no podrán con la segmentación.
No es cierto, como se puede ver, que la división en la burguesía agraria (y entre sus partidos políticos) sea, como dicen los diarios, “la segmentación”, sino que este caso no prevé ninguna rebaja de las retenciones a la soja para los capitalistas más grandes ni para los llamados ‘pools de siembra’. Estos no se oponen a que la rebaja sea mayor para los capitales menores, pero a partir de una reducción de diez puntos del impuesto para ellos. A este enorme punto de divergencia, porque entraña centenares de millones de pesos, se añaden problemas más estructurales.
El primero es que una rebaja de diez puntos para los mayores productores de soja desfinanciaría el presupuesto y afectaría la garantía del pago de la deuda externa. Ante esta objeción, que podría obstaculizar el pasaje de una reducción de retenciones por el Congreso, la Federación Agraria busca asegurar su parte en la torta, la llamada ‘segmentación’, reivindicando su condición de pyme agraria. Otro punto, que no es para nada menor, es que una reducción generalizada de diez puntos en los derechos que paga la exportación de soja aumentaría radicalmente los ingresos del conjunto del capital aplicado a este negocio, elevaría la demanda de tierra para alquilar y, por lo tanto, su precio. La FAA quiere congelar el precio del arriendo, porque hoy la mayoría de sus asociados se encuentra entre los que invierten capital en tierras que alquilan. Hay que decir, sin embargo, que en cualquier circunstancia el poder de fuego de los grandes capitales agrarios es suficiente para ganar la competencia o carrera por el alquiler de las tierras. La posición de la FAA solamente beneficia a aquellos chacareros capitalistas que han estado subiendo en la escala del negocio, o sea a la minoría.
En la división por las retenciones interviene también un viejo actor: la agroindustria exportadora, que paga retenciones menores de las que paga el agro y, por lo tanto, obtiene una renta diferencial en perjuicio de éste. Es lo que ocurre, por ejemplo, con molineros, en el caso del trigo, o las curtiembres, en el caso del ganado, o las aceiteras, en el caso de la soja. Pero los países del Mercosur han objetado que esta ventaja para la exportación agroindustrial de Argentina plantea una competencia desleal con sus agroexportaciones. En la reunión reciente del Mercosur, Argentina logró que le fuera aceptada la facultad de establecer retenciones, pero no su diferenciación, lo cual explica por qué el gobierno está dispuesto ahora a abolir las retenciones para todo aquello que no sea la soja, sin importarle el impacto en el precio de los alimentos.
Numerosas industrias, sin embargo, hacen causa común con los ‘pools de siembra’ y grandes capitales agrarios, como ocurre por ejemplo con Christiano Ratazzi, de Fiat. No se trata solamente de que el agro es un gran mercado para el automotor, sino que muchas grandes industrias están lanzadas a una intensa ‘tercerización’, o sea a ensamblar partes importadas y trabajar con maquinaria importada. O sea una llamada ‘economía abierta’, que permita el abaratamiento del dólar y las importaciones, y el acercamiento de los precios internos a los internacionales. Ratazzi reclama precios baratos para el abastecimiento del exterior, a los precios baratos del autopartismo nacional. La ‘tercerización’, en estos términos, equivaldría a la desintegración de una gran parte de la industria abastecedora nacional –como Ratazzi insiste para el autopartismo argentino. Como es obvio, esta internacionalización de la economía es incompatible con el mantenimiento de las retenciones, pues un dólar barato equivale a una retención adicional (recibe menos pesos por dólar). Además, una recepción íntegra de los precios internacionales altos de la exportación agraria (sin ninguna retención) encarecería la producción doméstica y la sacaría del mercado, lo cual favorecería la importación de partes y materias primas ‘tercerizadas’. Es lo que se llama el “mal holandés” (los perjuicios de precios altos de las exportaciones) o, en una variante diferente, el retorno a Cavallo. Este es el alineamiento de las distintas clases sociales ante el replanteo del tema de las retenciones. Los opositores encubren los intereses materiales que defienden con frases sobre la división de poderes o el trabajo del campo. El gobierno tiene una perorata diferente, pero converge con muchos reclamos de la oposición y defiende otros intereses que la oposición no contempla. Es así que anunció que bajaría a cero los derechos para el trigo, el maíz y el sorgo y que ‘segmentaría’ las retenciones para la soja. Por otro lado, al aumentar las tarifas de luz y gas, los precios de las naftas y de las prepaga, y dar piedra libre para el aumento de los alimentos, está marchando concientemente hacia una economía de precios internacionales y dolarizada.
Nuestra posición
Denunciamos la reducción de retenciones como un beneficio para el capital en perjuicio de los trabajadores y del desarrollo industrial, en momentos en que los precios de la exportación agropecuaria se encuentran en sus niveles más altos.
Reclamamos que la recaudación de derechos de exportación no se destine al pago de la deuda externa ni a subsidios para el capital, sino a un fondo de desarrollo social y económico bajo la gestión de los trabajadores.
Advertimos el fracaso del intento nacional y popular de desarrollar una política de compromiso entre la defensa de la industria nacional, por un lado, y el gran capital internacional, por el otro, y su marcha consistente hacia una economía insoportablemente cara para los trabajadores y hacia un retorno de la pseudo dolarización.
Sea como fuere, apenas sintieron aproximarse la fecha de la venganza contra el gobierno al que acusan de perjudicar al chacarero, se dividieron. En el punto de la soja, mientras que la Sociedad Rural, Carbap ¿y Coninagro? pretenden que sean reducidas del 35 al 25%, la Federación Agraria reclama que eso sólo se aplique a los productores chicos. En cuanto al maíz, trigo y sorgo, todos coinciden (incluso el gobierno) en que deben anularse, o sea cero. Esta convergencia de posiciones no es prueba de que el planteo sea justo, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el precio del trigo, en el mercado internacional, se ha duplicado en las últimas semanas, por lo que lejos de justificar la eliminación de las retenciones se impondría aumentarlas. Después de todo, un incremento de los ingresos del ciento por ciento para los trigueros es cuatro veces más que los aumentos de salarios que establecieron las paritarias.
Otro tanto se podría decir de la soja, que ha vuelto a alcanzar los precios internacionales más elevados. La alegre aceptación de la reducción a cero de las retenciones para el trigo y el maíz significa que aumentarán los precios de los alimentos, incluso los de la carne, porque usan al maíz como forraje. La ‘segmentación’, a su vez, puede ser fácilmente burlada por los grandes capitales mediante una comercialización disfrazada de sus cosechas. Si pueden disimular el trabajo en negro, qué no podrán con la segmentación.
No es cierto, como se puede ver, que la división en la burguesía agraria (y entre sus partidos políticos) sea, como dicen los diarios, “la segmentación”, sino que este caso no prevé ninguna rebaja de las retenciones a la soja para los capitalistas más grandes ni para los llamados ‘pools de siembra’. Estos no se oponen a que la rebaja sea mayor para los capitales menores, pero a partir de una reducción de diez puntos del impuesto para ellos. A este enorme punto de divergencia, porque entraña centenares de millones de pesos, se añaden problemas más estructurales.
El primero es que una rebaja de diez puntos para los mayores productores de soja desfinanciaría el presupuesto y afectaría la garantía del pago de la deuda externa. Ante esta objeción, que podría obstaculizar el pasaje de una reducción de retenciones por el Congreso, la Federación Agraria busca asegurar su parte en la torta, la llamada ‘segmentación’, reivindicando su condición de pyme agraria. Otro punto, que no es para nada menor, es que una reducción generalizada de diez puntos en los derechos que paga la exportación de soja aumentaría radicalmente los ingresos del conjunto del capital aplicado a este negocio, elevaría la demanda de tierra para alquilar y, por lo tanto, su precio. La FAA quiere congelar el precio del arriendo, porque hoy la mayoría de sus asociados se encuentra entre los que invierten capital en tierras que alquilan. Hay que decir, sin embargo, que en cualquier circunstancia el poder de fuego de los grandes capitales agrarios es suficiente para ganar la competencia o carrera por el alquiler de las tierras. La posición de la FAA solamente beneficia a aquellos chacareros capitalistas que han estado subiendo en la escala del negocio, o sea a la minoría.
En la división por las retenciones interviene también un viejo actor: la agroindustria exportadora, que paga retenciones menores de las que paga el agro y, por lo tanto, obtiene una renta diferencial en perjuicio de éste. Es lo que ocurre, por ejemplo, con molineros, en el caso del trigo, o las curtiembres, en el caso del ganado, o las aceiteras, en el caso de la soja. Pero los países del Mercosur han objetado que esta ventaja para la exportación agroindustrial de Argentina plantea una competencia desleal con sus agroexportaciones. En la reunión reciente del Mercosur, Argentina logró que le fuera aceptada la facultad de establecer retenciones, pero no su diferenciación, lo cual explica por qué el gobierno está dispuesto ahora a abolir las retenciones para todo aquello que no sea la soja, sin importarle el impacto en el precio de los alimentos.
Numerosas industrias, sin embargo, hacen causa común con los ‘pools de siembra’ y grandes capitales agrarios, como ocurre por ejemplo con Christiano Ratazzi, de Fiat. No se trata solamente de que el agro es un gran mercado para el automotor, sino que muchas grandes industrias están lanzadas a una intensa ‘tercerización’, o sea a ensamblar partes importadas y trabajar con maquinaria importada. O sea una llamada ‘economía abierta’, que permita el abaratamiento del dólar y las importaciones, y el acercamiento de los precios internos a los internacionales. Ratazzi reclama precios baratos para el abastecimiento del exterior, a los precios baratos del autopartismo nacional. La ‘tercerización’, en estos términos, equivaldría a la desintegración de una gran parte de la industria abastecedora nacional –como Ratazzi insiste para el autopartismo argentino. Como es obvio, esta internacionalización de la economía es incompatible con el mantenimiento de las retenciones, pues un dólar barato equivale a una retención adicional (recibe menos pesos por dólar). Además, una recepción íntegra de los precios internacionales altos de la exportación agraria (sin ninguna retención) encarecería la producción doméstica y la sacaría del mercado, lo cual favorecería la importación de partes y materias primas ‘tercerizadas’. Es lo que se llama el “mal holandés” (los perjuicios de precios altos de las exportaciones) o, en una variante diferente, el retorno a Cavallo. Este es el alineamiento de las distintas clases sociales ante el replanteo del tema de las retenciones. Los opositores encubren los intereses materiales que defienden con frases sobre la división de poderes o el trabajo del campo. El gobierno tiene una perorata diferente, pero converge con muchos reclamos de la oposición y defiende otros intereses que la oposición no contempla. Es así que anunció que bajaría a cero los derechos para el trigo, el maíz y el sorgo y que ‘segmentaría’ las retenciones para la soja. Por otro lado, al aumentar las tarifas de luz y gas, los precios de las naftas y de las prepaga, y dar piedra libre para el aumento de los alimentos, está marchando concientemente hacia una economía de precios internacionales y dolarizada.
Nuestra posición
Denunciamos la reducción de retenciones como un beneficio para el capital en perjuicio de los trabajadores y del desarrollo industrial, en momentos en que los precios de la exportación agropecuaria se encuentran en sus niveles más altos.
Reclamamos que la recaudación de derechos de exportación no se destine al pago de la deuda externa ni a subsidios para el capital, sino a un fondo de desarrollo social y económico bajo la gestión de los trabajadores.
Advertimos el fracaso del intento nacional y popular de desarrollar una política de compromiso entre la defensa de la industria nacional, por un lado, y el gran capital internacional, por el otro, y su marcha consistente hacia una economía insoportablemente cara para los trabajadores y hacia un retorno de la pseudo dolarización.
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