DESPUÉS DEL ARRUGUE
El gobierno envió al Congreso un proyecto que es un fiasco. El paso más audaz de la iniciativa oficial residiría en la constitución de una junta consultiva “integrada por todos los diarios” (Clarín, 27/8). Ello abriría la puerta, no a una gestión del papel de diario según la representación social o política, sino en favor de otros grupos capitalistas, como los que controlan a los diarios del interior. De todos modos, ninguna declaración de “interés público” alterará la mayoría y el control societarios de Clarín y La Nación sobre Papel Prensa. Al día siguiente del discurso de Cristina, los “mercados” saludaron la inocuidad del proyecto oficial con una recuperación de la bolsa y de los títulos públicos.
La oposición declaró “no prioritario” al proyecto y se propondría cajonearlo en las comisiones del Congreso. Radicales, macristas y otros lo rechazan en nombre de la “libertad de expresión”, entendida, claro está, como la libertad del capital para ejercer su monopolio sobre los medios de comunicación en forma irrestricta. Carrió fue más lejos que todos, al señalar, por América TV: “Si este canal es de De Narváez, nadie puede obligarlo a repartir proporcionalmente sus espacios entre diferentes expresiones” (sic, La Cornisa, 29/8). En otras palabras, el capital debe preservar la libertad de invitar a sus medios a quienes políticamente lo representan. Una atribución que el kirchnerismo y sus capitalistas asociados ejercen, de igual manera, desde el Estado o sus medios afines. De todos modos, el proyecto que declararía de “interés público” al papel de diarios está muy lejos de los temores de Carrió.
La oposición lo sabe, pero se sirve de esta crisis para ganar puntos frente al gran capital.
Aunque el kirchnerismo no se priva de denunciar a los opositores por “demorar” el proyecto, él mismo parece interesado en darle largas al asunto. Por lo pronto, desistió de ingresarlo a través del Senado, donde cuenta con una mejor relación de fuerzas. En cambio, lo presentaron en Diputados, donde el debate será más extenso y disputado. Según algunos, el gobierno “buscaba evitar una aprobación express” (Ambito, 30/8). O sea que quiere estirar su tratamiento para golpear a la oposición, medrar con sus contradicciones y desplazar de la agenda política otras cuestiones, en primer lugar la del 82% móvil. Ni el gobierno cree en su “cruzada contra los monopolios mediáticos”. Pero se servirá de ella para disimular el uso de la caja de la Anses en beneficio de los usureros de la deuda pública.
Derechos humanos y punto final
Con la crisis de Papel Prensa, oficialistas y opositores han hecho uso y abuso de la cuestión de los derechos humanos, que se encontraría, según ellos, “por encima de cualquier interés particular”. El kirchnerismo denuncia que Clarín y La Nación se han servido de la represión dictatorial para alcanzar el monopolio del papel de diarios. Pero, del mismo modo, los K apelan a los derechos humanos para promover otra reasignación, inversa, de los medios de comunicación entre grupos capitalistas. Los ataques a Fibertel y Cablevisión golpearán al monopolio Clarín. Pero sus beneficiarios son Telefónica, Telecom y el grupo de Pierri (Telecentro y Canal 26), “quien concurre más a Olivos ahora que cuando presidía la Cámara de Diputados” (La Nación, 30/8). El gobierno que invoca a los derechos humanos como “valor supremo” acaba de reconquistar para sus filas al ex agente de inteligencia Juan José Alvarez, uno de los responsables políticos del Puente Pueyrredón. En el Senado tiene como aliado a Carlos Menem, quien, después de sus últimas “borradas” en votaciones decisivas, acaba de ser desprocesado en la causa que juzga la voladura de Río Tercero.
La oposición se lamenta del “uso” oficial de los derechos humanos, pero para reclamar, a renglón siguiente, el punto final sobre la represión dictatorial y sus secuelas. Clarín y La Nación han salido a endilgarle a Montoneros la responsabilidad sobre los aprietes a Graiver, eximiendo a la dictadura y a ellos mismos de tales aprietes. Vuelven a colocar sobre el tapete la “teoría de los dos demonios”, que fue la doctrina oficial de la democracia durante las tres décadas que sucedieron al régimen genocida. Sobre esa base, se desarrollaron los juicios y los indultos posteriores (los actuales juicios a cuentagotas, siempre es bueno recordarlo, se pusieron en marcha para impedir la extradición de los verdugos.) Pero la crisis de Papel Prensa se asoma a las transferencias patrimoniales operadas bajo la dictadura y, en esa medida, echa sombras sobre la “seguridad jurídica” de la “burguesía nacional”, la que creció con los subsidios y contratos de Videla. De cara a este peligro, Grondona (pero también Carrió) han salido a reclamar un nuevo “punto final”.
Con Papel Prensa, el kirchnerismo agitó las aguas del régimen genocida. Pero terminó reculando ante los “capitanes de la industria” de la dictadura, cuyos beneficios trabajó por reconstruir desde 2003. Los derechistas se han servido de la cobardía oficial para redoblar la apuesta, en este caso por el fin de los juicios.
Crisis política
Por ahora, el gobierno y la oposición se servirán del tiroteo con Clarín con varios propósitos. La polvareda “contra los monopolios” le permite a los Kirchner disimular “un giro a la derecha en la política exterior, para lograr inversiones, insertarse en los mercados y acordar con el Club de París” (La Nación, 29/8), por un lado. Por el otro, para lidiar con su propia declinación política. Con sus tentativas de polarización, el kirchnerismo quiere darle sustento al régimen de decretazos y “emergencia económica”, con el que tendrá que gobernar hasta finales de 2011. Si no lo consigue, vendrá el anticipo electoral y la entrega adelantada del mandato. La oposición, por su parte, se ha servido del caso Papel Prensa-Fibertel para ensayar una nueva tentativa de unidad, que tampoco consiguió. Los coqueteos iniciales de Alfonsín o Binner con el proyecto regulatorio han sido, antes que nada, nuevos episodios de la fractura que recorre al Acuerdo Cívico y al propio radicalismo.
Solanas y Lozano oscilaron entre el apoyo a Clarín y la confianza en las “regulaciones” ficticias de los Kirchner; es decir, entre los dos bloques capitalistas que se disputan el desenlace de la crisis.
Por sobre todas las cosas, oficialistas y opositores han encontrado otro pretexto para abroquelar a los trabajadores y a la población en torno de uno u otro campo, como si expresaran intereses sociales antagónicos. Pero, bien mirada, la crisis de Papel Prensa-Fibertel delata las ataduras que unen a los dos bloques con los monopolios capitalistas; su política común de extorsión contra los trabajadores y los usuarios; sus lazos con los represores de ayer y de hoy. Nuestro esfuerzo, por medio de una lucha política integral, va a dirigido a mostrar la identidad de intereses entre los dos campos y convocar a los explotados a desarrollar una alternativa política propia a partir de sus intereses y reclamos.
El gobierno envió al Congreso un proyecto que es un fiasco. El paso más audaz de la iniciativa oficial residiría en la constitución de una junta consultiva “integrada por todos los diarios” (Clarín, 27/8). Ello abriría la puerta, no a una gestión del papel de diario según la representación social o política, sino en favor de otros grupos capitalistas, como los que controlan a los diarios del interior. De todos modos, ninguna declaración de “interés público” alterará la mayoría y el control societarios de Clarín y La Nación sobre Papel Prensa. Al día siguiente del discurso de Cristina, los “mercados” saludaron la inocuidad del proyecto oficial con una recuperación de la bolsa y de los títulos públicos.
La oposición declaró “no prioritario” al proyecto y se propondría cajonearlo en las comisiones del Congreso. Radicales, macristas y otros lo rechazan en nombre de la “libertad de expresión”, entendida, claro está, como la libertad del capital para ejercer su monopolio sobre los medios de comunicación en forma irrestricta. Carrió fue más lejos que todos, al señalar, por América TV: “Si este canal es de De Narváez, nadie puede obligarlo a repartir proporcionalmente sus espacios entre diferentes expresiones” (sic, La Cornisa, 29/8). En otras palabras, el capital debe preservar la libertad de invitar a sus medios a quienes políticamente lo representan. Una atribución que el kirchnerismo y sus capitalistas asociados ejercen, de igual manera, desde el Estado o sus medios afines. De todos modos, el proyecto que declararía de “interés público” al papel de diarios está muy lejos de los temores de Carrió.
La oposición lo sabe, pero se sirve de esta crisis para ganar puntos frente al gran capital.
Aunque el kirchnerismo no se priva de denunciar a los opositores por “demorar” el proyecto, él mismo parece interesado en darle largas al asunto. Por lo pronto, desistió de ingresarlo a través del Senado, donde cuenta con una mejor relación de fuerzas. En cambio, lo presentaron en Diputados, donde el debate será más extenso y disputado. Según algunos, el gobierno “buscaba evitar una aprobación express” (Ambito, 30/8). O sea que quiere estirar su tratamiento para golpear a la oposición, medrar con sus contradicciones y desplazar de la agenda política otras cuestiones, en primer lugar la del 82% móvil. Ni el gobierno cree en su “cruzada contra los monopolios mediáticos”. Pero se servirá de ella para disimular el uso de la caja de la Anses en beneficio de los usureros de la deuda pública.
Derechos humanos y punto final
Con la crisis de Papel Prensa, oficialistas y opositores han hecho uso y abuso de la cuestión de los derechos humanos, que se encontraría, según ellos, “por encima de cualquier interés particular”. El kirchnerismo denuncia que Clarín y La Nación se han servido de la represión dictatorial para alcanzar el monopolio del papel de diarios. Pero, del mismo modo, los K apelan a los derechos humanos para promover otra reasignación, inversa, de los medios de comunicación entre grupos capitalistas. Los ataques a Fibertel y Cablevisión golpearán al monopolio Clarín. Pero sus beneficiarios son Telefónica, Telecom y el grupo de Pierri (Telecentro y Canal 26), “quien concurre más a Olivos ahora que cuando presidía la Cámara de Diputados” (La Nación, 30/8). El gobierno que invoca a los derechos humanos como “valor supremo” acaba de reconquistar para sus filas al ex agente de inteligencia Juan José Alvarez, uno de los responsables políticos del Puente Pueyrredón. En el Senado tiene como aliado a Carlos Menem, quien, después de sus últimas “borradas” en votaciones decisivas, acaba de ser desprocesado en la causa que juzga la voladura de Río Tercero.
La oposición se lamenta del “uso” oficial de los derechos humanos, pero para reclamar, a renglón siguiente, el punto final sobre la represión dictatorial y sus secuelas. Clarín y La Nación han salido a endilgarle a Montoneros la responsabilidad sobre los aprietes a Graiver, eximiendo a la dictadura y a ellos mismos de tales aprietes. Vuelven a colocar sobre el tapete la “teoría de los dos demonios”, que fue la doctrina oficial de la democracia durante las tres décadas que sucedieron al régimen genocida. Sobre esa base, se desarrollaron los juicios y los indultos posteriores (los actuales juicios a cuentagotas, siempre es bueno recordarlo, se pusieron en marcha para impedir la extradición de los verdugos.) Pero la crisis de Papel Prensa se asoma a las transferencias patrimoniales operadas bajo la dictadura y, en esa medida, echa sombras sobre la “seguridad jurídica” de la “burguesía nacional”, la que creció con los subsidios y contratos de Videla. De cara a este peligro, Grondona (pero también Carrió) han salido a reclamar un nuevo “punto final”.
Con Papel Prensa, el kirchnerismo agitó las aguas del régimen genocida. Pero terminó reculando ante los “capitanes de la industria” de la dictadura, cuyos beneficios trabajó por reconstruir desde 2003. Los derechistas se han servido de la cobardía oficial para redoblar la apuesta, en este caso por el fin de los juicios.
Crisis política
Por ahora, el gobierno y la oposición se servirán del tiroteo con Clarín con varios propósitos. La polvareda “contra los monopolios” le permite a los Kirchner disimular “un giro a la derecha en la política exterior, para lograr inversiones, insertarse en los mercados y acordar con el Club de París” (La Nación, 29/8), por un lado. Por el otro, para lidiar con su propia declinación política. Con sus tentativas de polarización, el kirchnerismo quiere darle sustento al régimen de decretazos y “emergencia económica”, con el que tendrá que gobernar hasta finales de 2011. Si no lo consigue, vendrá el anticipo electoral y la entrega adelantada del mandato. La oposición, por su parte, se ha servido del caso Papel Prensa-Fibertel para ensayar una nueva tentativa de unidad, que tampoco consiguió. Los coqueteos iniciales de Alfonsín o Binner con el proyecto regulatorio han sido, antes que nada, nuevos episodios de la fractura que recorre al Acuerdo Cívico y al propio radicalismo.
Solanas y Lozano oscilaron entre el apoyo a Clarín y la confianza en las “regulaciones” ficticias de los Kirchner; es decir, entre los dos bloques capitalistas que se disputan el desenlace de la crisis.
Por sobre todas las cosas, oficialistas y opositores han encontrado otro pretexto para abroquelar a los trabajadores y a la población en torno de uno u otro campo, como si expresaran intereses sociales antagónicos. Pero, bien mirada, la crisis de Papel Prensa-Fibertel delata las ataduras que unen a los dos bloques con los monopolios capitalistas; su política común de extorsión contra los trabajadores y los usuarios; sus lazos con los represores de ayer y de hoy. Nuestro esfuerzo, por medio de una lucha política integral, va a dirigido a mostrar la identidad de intereses entre los dos campos y convocar a los explotados a desarrollar una alternativa política propia a partir de sus intereses y reclamos.
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