Cristina Kirchner sorprendió al bromear con Mauricio Macri, en la reunión donde el pulpo Repsol informó sobre sus hallazgos gasíferos. Nadie sabía que ese trato compinche anticipaba otra complicidad. Esa misma noche, una redada conjunta de las policías Federal y Metropolitana acababa con la vida de dos vecinos que luchaban por su vivienda. El crimen fue consumado contra las empalizadas de la Villa 20 y luego de que el desalojo se hubiera concretado. O sea que persiguió el propósito de un escarmiento criminal contra los vecinos. Al terminar el operativo, el ministro de "espacio público" macrista, Santilli, lo calificó de "excelente".
Liquidación de la vivienda popular
La sociedad de macristas y kirchneristas contra el derecho a la vivienda comenzó desde bastante antes. Juntos, están instalados en el directorio de la Corporación Buenos Aires Sur, el ente estatal "autárquico" que administra el uso de las tierras públicas en el sur de la Ciudad; el gobierno de Macri decidió transferir la política de "urbanización de villas" al ámbito de la Corporación, lo que constituye toda una definición. Es que la Corporación está concebida como su similar de Puerto Madero. Su propósito es reducir a la mínima expresión el uso del suelo para una urbanización social y ampliar el campo de una futura especulación inmobiliaria. El "anillo" de esa especulación ya cruzó de la Boca a Barracas, de allí a Parque Patricios -y espera devorarse los terrenos del sudoeste porteño. Mientras tanto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha sido virtualmente liquidado. Sin nuevas viviendas, las villas porteñas estallan de vecinos. Una nueva generación de inquilinos villeros pagan entre 500 y 700 pesos por un lugar donde vivir. ¿Cómo sorprenderse entonces por lo ocurrido en estos días en Soldati? Bastó con el rumor de que "el gobierno entregaría escrituras a todos los villeros" (desatado por un puntero del macrismo) para que centenares de vecinos huyeran del hacinamiento de las villas 20, 1-11-14 o Los Piletones y buscaran un lote en el parque de Soldati. Macri ha llevado hasta el final la orientación expulsora de los Domínguez, Ibarra o Telerman.
El aporte "nacional y popular"
Los pocos recursos para la vivienda popular han sido malversados en favor del grupo que comandan Bonafini y Schoklender, quienes usurpan la bandera de las Madres para explotar trabajadores y desviar recursos del presupuesto público. Las "urbanizaciones" de su grupo constructor ya se han devorado 400 millones de pesos, con escasísimos resultados a la vista. Para completar el panorama, fue Schoklender quien presentó la denuncia por "usurpación" contra los vecinos que ocuparon una parte del parque Indoamericano. El grupo "Madres" actuó como lo haría cualquier especulador inmobiliario: defendiendo los terrenos de Soldati en función de sus futuros negocios. Para ello, se aliaron con los funcionarios macristas al convocar a la represión policial. No casualmente Feinmann lo tuvo a Schoklender toda una tarde en su programa para "explicar" los sucesos.
Cohabitación criminal
Los hechos de Soldati ocurren cuando Macri hace apuestas por un adelantamiento electoral, donde buscaría polarizar con el kirchnerismo. Pero esta gran lucha por el techo y contra la represión que desató demostraron la completa impostura de esa pretendida polarización. Macri y los K están unidos en una de las más brutales formas de confiscación social, que es el acaparamiento inmobiliario. El proceso económico -que es saludado por los oficialistas y opositores- enriquece al capital sojero y a los especuladores de la deuda pública que invierten sus beneficios en negocios inmobiliarios. La contracara de este esplendor capitalista es el aumento insoportable de las viviendas y los alquileres, que arrecia en todas las capitales del país. La ocupación masiva de Soldati es una expresión de esa polarización social.
A las pocas horas del crimen de Soldati, las familias desalojadas volvieron al predio que ocupaban. Exigen el fin de la represión y una vivienda definitiva. En la tensa jornada de este miércoles, una férrea movilización popular obligó a la policía Metropolitana a recular: se ha logrado una primera victoria. Apoyados en ella, vamos por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes; por la entrega inmediata de viviendas a todos los vecinos ocupantes; por la renuncia de Santilli, Montenegro y todo el directorio de la Corporación del Sur; elección de un directorio integrado por organizaciones representativas de la lucha por el techo y el espacio público, que coloque a las tierras disponibles al servicio de una urbanización social.
Liquidación de la vivienda popular
La sociedad de macristas y kirchneristas contra el derecho a la vivienda comenzó desde bastante antes. Juntos, están instalados en el directorio de la Corporación Buenos Aires Sur, el ente estatal "autárquico" que administra el uso de las tierras públicas en el sur de la Ciudad; el gobierno de Macri decidió transferir la política de "urbanización de villas" al ámbito de la Corporación, lo que constituye toda una definición. Es que la Corporación está concebida como su similar de Puerto Madero. Su propósito es reducir a la mínima expresión el uso del suelo para una urbanización social y ampliar el campo de una futura especulación inmobiliaria. El "anillo" de esa especulación ya cruzó de la Boca a Barracas, de allí a Parque Patricios -y espera devorarse los terrenos del sudoeste porteño. Mientras tanto, el Instituto de Vivienda de la Ciudad ha sido virtualmente liquidado. Sin nuevas viviendas, las villas porteñas estallan de vecinos. Una nueva generación de inquilinos villeros pagan entre 500 y 700 pesos por un lugar donde vivir. ¿Cómo sorprenderse entonces por lo ocurrido en estos días en Soldati? Bastó con el rumor de que "el gobierno entregaría escrituras a todos los villeros" (desatado por un puntero del macrismo) para que centenares de vecinos huyeran del hacinamiento de las villas 20, 1-11-14 o Los Piletones y buscaran un lote en el parque de Soldati. Macri ha llevado hasta el final la orientación expulsora de los Domínguez, Ibarra o Telerman.
El aporte "nacional y popular"
Los pocos recursos para la vivienda popular han sido malversados en favor del grupo que comandan Bonafini y Schoklender, quienes usurpan la bandera de las Madres para explotar trabajadores y desviar recursos del presupuesto público. Las "urbanizaciones" de su grupo constructor ya se han devorado 400 millones de pesos, con escasísimos resultados a la vista. Para completar el panorama, fue Schoklender quien presentó la denuncia por "usurpación" contra los vecinos que ocuparon una parte del parque Indoamericano. El grupo "Madres" actuó como lo haría cualquier especulador inmobiliario: defendiendo los terrenos de Soldati en función de sus futuros negocios. Para ello, se aliaron con los funcionarios macristas al convocar a la represión policial. No casualmente Feinmann lo tuvo a Schoklender toda una tarde en su programa para "explicar" los sucesos.
Cohabitación criminal
Los hechos de Soldati ocurren cuando Macri hace apuestas por un adelantamiento electoral, donde buscaría polarizar con el kirchnerismo. Pero esta gran lucha por el techo y contra la represión que desató demostraron la completa impostura de esa pretendida polarización. Macri y los K están unidos en una de las más brutales formas de confiscación social, que es el acaparamiento inmobiliario. El proceso económico -que es saludado por los oficialistas y opositores- enriquece al capital sojero y a los especuladores de la deuda pública que invierten sus beneficios en negocios inmobiliarios. La contracara de este esplendor capitalista es el aumento insoportable de las viviendas y los alquileres, que arrecia en todas las capitales del país. La ocupación masiva de Soldati es una expresión de esa polarización social.
A las pocas horas del crimen de Soldati, las familias desalojadas volvieron al predio que ocupaban. Exigen el fin de la represión y una vivienda definitiva. En la tensa jornada de este miércoles, una férrea movilización popular obligó a la policía Metropolitana a recular: se ha logrado una primera victoria. Apoyados en ella, vamos por el juicio y castigo a los culpables de los crímenes; por la entrega inmediata de viviendas a todos los vecinos ocupantes; por la renuncia de Santilli, Montenegro y todo el directorio de la Corporación del Sur; elección de un directorio integrado por organizaciones representativas de la lucha por el techo y el espacio público, que coloque a las tierras disponibles al servicio de una urbanización social.
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