lunes, 8 de agosto de 2011

El asesinato de los sin techo de Ledesma

Como publicáramos en Prensa Obrera N° 1.028 (6/3/08), el compromiso incumplido del gobierno y la empresa Ledesma, para la cesión de lotes, registra tres años de antigüedad.
El jueves 28, desde las 6 de la madrugada hasta cerca del mediodía, la policía encabezó junto a la guardia privada del ingenio de Blaquier una represión criminal, que tuvo por saldo provisorio cuatro muertos y una treintena de heridos, algunos en grave estado, decenas de detenidos y una gran cantidad de familias trabajadoras heridas de bala en el hospital local O. Orias.
El resultado del ataque desnuda un encarnizado operativo. El asesinato impune de Cristian Ibáñez y Marcelo Cuellar, en 2003, demuestra que no es la primera vez que la policía opera en forma desmedida por órdenes del poder económico y político de la provincia. Del mismo modo, la guardia privada del ingenio Ledesma, como en la dictadura, opera en equipo.
El gobernador Barrionuevo, en dueto bueno-malo con Fellner, salió a los medios a hacerse el confundido o el estupefacto, y Fellner el desconfiado. Aseguraron que hay una conspiración política y, en su desconocimiento aparente, apuntaron al juez Samman de San Pedro, relevo del juez Juárez. Fiel firmante de desalojos, adujo contradictoriamente que la policía, por su orden, fue desarmada al procedimiento. En la noche del mismo día se conocía la renuncia del ministro de Gobierno, La Villa, como lo reclamaron la CCC y el Perro Santillán.
Una orden vieja
Los elementos probatorios de la responsabilidad del gobierno demuestran que la orden de desalojo del juez era vieja y conocida. El juez también podía haber actuado a tiempo para detener la matanza, que duró varias horas, inclusive la persecución que siguió. Ledesma ya estaba militarizada cuando los vecinos se aprestaban a retirarse, luego de una semana de haber estado asentados en "El Triángulo". Sin mediar negociación y en silencio, se destapó una feroz represión policial, acompañada, según denuncian los vecinos, de la acción directa de la guardia privada de Blaquier. Del mismo modo que con Kosteki y Santillán o con Mariano Ferreyra, acusan a las víctimas de estar armados con armas de fuego para justificar los linchamientos a tiros y golpes que dejaron tamaño saldo, cuando las piedras son la única defensa de los trabajadores empobrecidos.
Es costumbre de Barrionuevo y su policía hacer o dejar hacer en los desalojos de tierras, tercerizando la represión, es el caso de San Pedro (tierras del Ingenio La Esperanza), donde la Tupac Amaru llevó camiones de matones al choque contra cien familias, que dejó el saldo de varios heridos; igual en el barrio Alto Comedero ante la zona liberada policial. Luego intervino directamente en decenas de desalojos en Fraile Pintado, Capital, San Pedro, El Talar, en nombre de los terratenientes.
La renuncia del ministro La Villa, acatada por orden de CFK para restar costo político, expresa la crisis de un gobierno adicto a las políticas que, como en Santa Cruz, defienden a muerte al poder económico. El recambio de funcionarios no representa ni el principio de justicia que merecen tantas víctimas. La empresa Ledesma, que depreda la salud, el trabajo y el medio ambiente, nuevamente se cobra vidas para acallar los reclamos, desenmascarando al gobierno "de los derechos humanos".
Desde el Partido Obrero denunciamos que el gobierno de Barrionuevo-Fellner actúa de forma encubridora con Blaquier, tal como Kristina con Ugofe-Pedraza, para lo que ofrece como prenda de perdón el relevo del ministro La Villa y la entrega de tierras. Lo mismo que con el asesinato de nuestro compañero Mariano, cuando otorgaron el pase a planta a miles de trabajadores ferroviarios para exculpar a los asesinos.
Planteamos:
1) Inmediato retiro de las fuerzas represivas.
2) Juicio y castigo a los responsables materiales, políticos y empresariales de la represión en Ledesma.
3) Que se satisfagan los reclamos de tierra y vivienda de los vecinos reprimidos.
4) Comisión investigadora independiente para que paguen los responsables.
5) Intervención de la empresa Ledesma; reparto de las tierras ociosas para viviendas.

Gabriela Arroyo

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