José Sotelo, testigo de la causa que investiga el crimen de Mariano, denunció haber sido secuestrado y amenazado por segunda vez en menos de seis meses, por individuos que le volvieron a exigir que modifique su declaración para beneficiar a Pedraza.
Sotelo es un vecino de Barracas que fue testigo de la emboscada de la patota de la UF contra los tercerizados del Roca. En enero, denunció por primera vez haber recibido amenazas y se inscribió en el programa de protección de testigos. En junio, denunció que a pesar de contar con custodia policial, cuatro matones lo secuestraron en un Fiat Duna, le gatillaron varias veces en la cabeza y le reclamaron "cambiar la declaración contra José" (Tiempo Argentino, 24/6). Ahora, Sotelo denuncia que, el 10 de noviembre pasado, un grupo de personas armadas lo capturaron en el jardín de su casa y nuevamente le exigieron que cambiara su declaración. Lo liberaron poco después, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Esta nueva intimidación contra uno de los testigos de la causa de Mariano se produce cuando Pablo Díaz -el "capanga" de la burocracia en el ramal Roca- presenta ante la Corte Suprema un nuevo pedido de excarcelación. Sus abogados sostienen que Díaz "siempre estuvo a derecho", tiene domicilio fijo, contención familiar y patrimonio en el país (www.minutouno.com.ar). La Corte Suprema rechazó pedidos similares de los otros imputados. Antes, la Cámara de Apelaciones había ratificado las prisiones preventivas de los detenidos, teniendo en cuenta las amenazas que sufrieron varios testigos y la tentativa de soborno sobre el tribunal de Casación, que los jueces calificaron como intentos por "obstaculizar la investigación".
La burocracia de la UF continúa activa por la impunidad de su jefe. Sus hombres siguen enquistados en la gestión del ferrocarril embolsando fortunas y sus bandas acechando a los testigos. Llamamos a reforzar la movilización y la acción política por el castigo a todos los culpables del crimen de Mariano: a los Pedraza, Díaz y Favale, a los empresarios de la Ugofe que fueron cómplices de la emboscada y a la Policía Federal que liberó la zona y encubrió a los asesinos.
Sotelo es un vecino de Barracas que fue testigo de la emboscada de la patota de la UF contra los tercerizados del Roca. En enero, denunció por primera vez haber recibido amenazas y se inscribió en el programa de protección de testigos. En junio, denunció que a pesar de contar con custodia policial, cuatro matones lo secuestraron en un Fiat Duna, le gatillaron varias veces en la cabeza y le reclamaron "cambiar la declaración contra José" (Tiempo Argentino, 24/6). Ahora, Sotelo denuncia que, el 10 de noviembre pasado, un grupo de personas armadas lo capturaron en el jardín de su casa y nuevamente le exigieron que cambiara su declaración. Lo liberaron poco después, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Esta nueva intimidación contra uno de los testigos de la causa de Mariano se produce cuando Pablo Díaz -el "capanga" de la burocracia en el ramal Roca- presenta ante la Corte Suprema un nuevo pedido de excarcelación. Sus abogados sostienen que Díaz "siempre estuvo a derecho", tiene domicilio fijo, contención familiar y patrimonio en el país (www.minutouno.com.ar). La Corte Suprema rechazó pedidos similares de los otros imputados. Antes, la Cámara de Apelaciones había ratificado las prisiones preventivas de los detenidos, teniendo en cuenta las amenazas que sufrieron varios testigos y la tentativa de soborno sobre el tribunal de Casación, que los jueces calificaron como intentos por "obstaculizar la investigación".
La burocracia de la UF continúa activa por la impunidad de su jefe. Sus hombres siguen enquistados en la gestión del ferrocarril embolsando fortunas y sus bandas acechando a los testigos. Llamamos a reforzar la movilización y la acción política por el castigo a todos los culpables del crimen de Mariano: a los Pedraza, Díaz y Favale, a los empresarios de la Ugofe que fueron cómplices de la emboscada y a la Policía Federal que liberó la zona y encubrió a los asesinos.
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