Se rompen los acuerdos y encarcelan petroleros
Después de haber llegado a un acuerdo el sábado 2 por la noche, que reconocía la casi totalidad de los puntos reclamados por los petroleros, se levantaron los piquetes de los yacimientos y la toma de la planta deshidratadora de YPF de LH3. La huelga mantenía paralizada la producción petrolera en Las Heras hace más de 25 días y reclamaba contra el despido de trabajadores en más de diez empresas contratistas y el pago de salarios adeudados en otras más, así como por el pago de los retroactivos.
Sin embargo, a los pocos minutos de haber desalojado la planta, se empezó a gestar una verdadera cacería contra los dirigentes de la huelga, en particular de los delegados y voceros. Más de 400 policías de la Infantería provincial ingresaron a Las Heras y con la colaboración de grupos especiales y de la Gendarmería, realizaron más de once allanamientos y detuvieron al compañero Jose "Pin" Acosta, trabajador de Oleosur. Destruyeron hogares, y por varias horas los trabajadores no pudieron ingresar a sus casas que estaban siendo requisadas por la policía.
Las principales acusaciones están dirigidas a un grupo de cinco delegados y en particular a Victor "Picante" Oñate, dirigente y vocero principal de la huelga y de la toma de la planta de YPF, por haber participado de un supuesto amedrentamiento y producido lesiones a un grupo de trabajadores durante la huelga. El operativo policial, evidentemente, no trata de detener a un par de personas, sino de sitiar y meter miedo al conjunto de la población, cosa que están denunciando los vecinos y trabajadores de la zona. La Gendarmería y la Infantería se encuentran controlando, además, los accesos a la localidad y también de Pico Truncado requisando autos y pidiendo la identificación. Diferentes versiones plantean que tiene una lista de 16 nombres que están siendo buscados.
Un miembro de la intervención, con los intendentes de Pico Truncado, Maimo y de Las Heras, Camino formaron parte de las negociaciones que dieron como resultado el compromiso en las próximas 72 horas de la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de las empresas, el pago de los salarios caídos, la continuidad laboral de las empresas, el pago de los retroactivos adeudados y el cese de la persecución a los trabajadores. Casi lo mismo que, con el piquete de la ruta 43, horas antes habían conseguido los trabajadores de la Uocra. Sin embargo, nada de esto se ha cumplido hasta ahora.
Es evidente que la intervención y los intendentes formaron parte de una maniobra de alto nivel para desarmar el movimiento huelguístico y empezar la persecución a los dirigentes. YPF y Peralta desconocen cualquier tipo de acuerdo y consideran que lo que se firmó sólo es un petitorio que no los compromete a nada. La Infantería se encuentra en estos momentos controlando las instalaciones de las operadoras y de las contratistas, y controla el ingreso y egreso de cada trabajador. Al día de hoy, la planta de LH3 está empezando a bombear y los trabajadores están yendo a trabajar, respetando los acuerdos a los que se llegaron y se cumplirían como última fecha el miércoles.
Hasta el momento, la reacción de la población a esta situación ha sido expectante. Hubo varias autoconvocatorias ante los allanamientos y detenciones, pero no ha ido más allá por la idea de algunos delegados de esperar a las gestiones de la intervención en el caso del detenido y a que se cumplan los plazos comprometidos. Esta situación ha desguarnecido a muchos trabajadores que esperan una respuesta a las amenazas, detenciones y allanamientos. Para muchos obreros es interpretado, incluso, como una acción de la intervención por avanzar en la normalización del gremio con el sector de delegados combativos encarcelado o procesado.
Peralta ha avanzado en estos días en el procesamiento de más luchadores docentes y ha sitiado Las Heras, con la precisa intención de quebrar a los sectores más combativos de la provincia y amedrentar a una población que dio muestras repetidas veces de luchar y resistir los aprietes y las persecuciones de los diferentes gobiernos en los últimos años.
Es necesaria una respuesta de conjunto a las persecuciones y detenciones, y gestar un movimiento para la liberación y el cese del procesamiento a los luchadores. Es necesaria la inmediata libertad de Acosta y el cese de la persecución a Oñate y los demás delegados. Que se cumplan todos los acuerdos.
Sin embargo, a los pocos minutos de haber desalojado la planta, se empezó a gestar una verdadera cacería contra los dirigentes de la huelga, en particular de los delegados y voceros. Más de 400 policías de la Infantería provincial ingresaron a Las Heras y con la colaboración de grupos especiales y de la Gendarmería, realizaron más de once allanamientos y detuvieron al compañero Jose "Pin" Acosta, trabajador de Oleosur. Destruyeron hogares, y por varias horas los trabajadores no pudieron ingresar a sus casas que estaban siendo requisadas por la policía.
Las principales acusaciones están dirigidas a un grupo de cinco delegados y en particular a Victor "Picante" Oñate, dirigente y vocero principal de la huelga y de la toma de la planta de YPF, por haber participado de un supuesto amedrentamiento y producido lesiones a un grupo de trabajadores durante la huelga. El operativo policial, evidentemente, no trata de detener a un par de personas, sino de sitiar y meter miedo al conjunto de la población, cosa que están denunciando los vecinos y trabajadores de la zona. La Gendarmería y la Infantería se encuentran controlando, además, los accesos a la localidad y también de Pico Truncado requisando autos y pidiendo la identificación. Diferentes versiones plantean que tiene una lista de 16 nombres que están siendo buscados.
Un miembro de la intervención, con los intendentes de Pico Truncado, Maimo y de Las Heras, Camino formaron parte de las negociaciones que dieron como resultado el compromiso en las próximas 72 horas de la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de las empresas, el pago de los salarios caídos, la continuidad laboral de las empresas, el pago de los retroactivos adeudados y el cese de la persecución a los trabajadores. Casi lo mismo que, con el piquete de la ruta 43, horas antes habían conseguido los trabajadores de la Uocra. Sin embargo, nada de esto se ha cumplido hasta ahora.
Es evidente que la intervención y los intendentes formaron parte de una maniobra de alto nivel para desarmar el movimiento huelguístico y empezar la persecución a los dirigentes. YPF y Peralta desconocen cualquier tipo de acuerdo y consideran que lo que se firmó sólo es un petitorio que no los compromete a nada. La Infantería se encuentra en estos momentos controlando las instalaciones de las operadoras y de las contratistas, y controla el ingreso y egreso de cada trabajador. Al día de hoy, la planta de LH3 está empezando a bombear y los trabajadores están yendo a trabajar, respetando los acuerdos a los que se llegaron y se cumplirían como última fecha el miércoles.
Hasta el momento, la reacción de la población a esta situación ha sido expectante. Hubo varias autoconvocatorias ante los allanamientos y detenciones, pero no ha ido más allá por la idea de algunos delegados de esperar a las gestiones de la intervención en el caso del detenido y a que se cumplan los plazos comprometidos. Esta situación ha desguarnecido a muchos trabajadores que esperan una respuesta a las amenazas, detenciones y allanamientos. Para muchos obreros es interpretado, incluso, como una acción de la intervención por avanzar en la normalización del gremio con el sector de delegados combativos encarcelado o procesado.
Peralta ha avanzado en estos días en el procesamiento de más luchadores docentes y ha sitiado Las Heras, con la precisa intención de quebrar a los sectores más combativos de la provincia y amedrentar a una población que dio muestras repetidas veces de luchar y resistir los aprietes y las persecuciones de los diferentes gobiernos en los últimos años.
Es necesaria una respuesta de conjunto a las persecuciones y detenciones, y gestar un movimiento para la liberación y el cese del procesamiento a los luchadores. Es necesaria la inmediata libertad de Acosta y el cese de la persecución a Oñate y los demás delegados. Que se cumplan todos los acuerdos.
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