Una vez más el poder político local ha salido a difamar al Partido Obrero (y también a la Asamblea de Pontevedra). Es evidenteque los panfletos y afiches que aparecieron el jueves y viernes tanto en la zona de Merlo Norte como en Pontevedra firmados “Partido Obrero” no son de nuestra autoría. El volante apócrifo pretende relatar lo sucedido en la última reunión asamblearia en Pontevedra con datos falsos, denotando la infiltración y persecución con Inteligencia paraestatal que sufrimos en la militancia cotidiana quienes nos posicionamos como oposición al régimen represivo municipal y a los partidos patronales. No denota, por el contrario, inteligencia argumentativa y ortográfica: una clara muestra extra de la falsedad del escrito.
El objetivo es armar intrigas para dividir la lucha obrera y popular.
La lucha contra la judicialización de la protesta social –por la libertad de los obreros detenidos por luchar, por el desprocesamiento de Néstor Pitrola y los que apoyaron la gran huelga de Kraft-Terrabusi y los 5000 trabajadores enjuiciados por defender sus derechos; y el repudio al accionar de las patotas de la burocracia sindical y paraestatales contra la lucha popular- tiene luego de la masiva marcha de más de 20 mil ciudadanos a Plaza de Mayo, el 23 de noviembre pasado, también su capítulo en el distrito de Merlo, contra las patoteadas, infiltraciones y judicializaciones del otacehismo.
Creemos que la lucha por la defensa de las libertades democráticas se debe librar en todos los ámbitos, enfrentemos este nuevo ataque, desenvolviendo una gran campaña de denuncia y delimitación política.
En estos días, en los gremios más diversos se han producido victorias obreras antiburocráticas, que deben ser examinadas para sacar las conclusiones.
Nos referimos a las de las gráficas Cedinsa y AGR-Clarín, la perfumista Avón, la mecánica Cables Lear y la camionera Aesa. En las cuatro primeras, la burocracia fue derrotada en elecciones para cuerpos de delegados; en la última (la camionera), se produce una destitución del cuerpo de delegados a partir de una huelga, la cual fue atacada una y otra vez por patotas sindicales del gremio (ver nota en Prensa Obrera Nº 1.203).
La elección de Cedinsa fue un ‘adelantamiento' armado por una campaña feroz de la patronal y la burocracia sindical de la Federación Gráfica, con la certeza de que obtendrían el cuerpo de delegados. No fue así: triunfó la lista antiburocrática, que reforzó sus filas con nuevos activistas.
La elección de AGR enfrentó al poderoso monopolio Clarín, después de que éste se cansara de despedir trabajadores en combinación con distintas alas de la burocracia -es decir que la lista ganadora fue garantizada por la cuarta o la quinta línea de activistas.
En Cables Lear (del Smata), con más de 700 compañeros, la burocracia se jugó con todo. Suspendió la afiliación a tres delegados independientes para sacarlos de la cancha y convocó en una semana a la elección. Se armó una lista opositora, la Celeste, que fue la ganadora.
En la perfumista Avón, con unos 500 compañeros, el sindicato impulsó la división de la interna para regimentar la planta, la que luego de una etapa de deliberación en torno al pasaje al gremio camionero (logística), optó por luchar por sus reivindicaciones en el cuadro del gremio del perfume. La nueva interna le ganó a la lista amparada por el sindicato en una proporción de 2 a 1: una victoria fulminante. En todos los casos, las burocracias sindicales forzaron procesos de elección por lista y no por secciones, para evitar, incluso, cuerpos de delegados pluralistas.
El presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, declaró recientemente que "los mandos medios no responden a las cúpulas sindicales". En el último congreso de la UOM, se introdujo como segundo punto del debate "el avance de la izquierda en el gremio".
Es claro que, más allá de los trabajos sindicales de las agrupaciones clasistas en el movimiento obrero, estamos frente a un proceso político y frente a una etapa. La hemos definido, no hace mucho tiempo, como "de transición" o "nuevo comienzo". Las experiencias de cuerpos de delegados combativos (como Ecotrans, la Línea 60 y el subte, Kraft, decenas de gráficas) se extienden al conjunto del movimiento obrero como tendencia. En eso consiste la transición que caracterizó la Conferencia Sindical del Partido Obrero de noviembre de 2009, transición que tiene su origen en la impronta piquetera del movimiento obrero, los procesos de ocupación de fábricas y de luchas posteriores al Argentinazo -como la de las seis horas del subte.
La crisis del kirchnerismo en el movimiento obrero está a la vista -una desmentida fabulosa a su pretendida "victoria cultural". Lo demuestran los ataques del gobierno a las huelgas, el planteo de suspender la personería de Apta, los choques entre la Casa Rosada y Moyano. Lo que ocurre en Aerolíneas es la tumba de La Cámpora sindical. El moyanismo, que buscó canalizar al movimiento obrero durante una etapa, está apoyando el tarifazo y dejando pasar despidos y suspensiones.
Por otra parte, sectores masivos de la juventud obrera votaron al Frente de Izquierda el 23 de octubre, una referencia política nacional que impulsa su organización en los lugares de trabajo. La seguidilla de victorias clasistas impugna la tesis de los izquierdistas pícaros, quienes sostienen que el camino para una nueva dirección pasa por "cavar trincheras" con la burocracia.
La lucha por una nueva dirección del movimiento obrero está vinculada en profundidad con la bancarrota capitalista, la cual plantea tareas y luchas que superan a cualquier burocracia sindical, por más que ésta se aventure por el camino de la demagogia combativa.
El empeño de la propaganda oficial por presentar el tarifazo en curso como un acto de "equidad social" y de "justicia redistributiva" viene creciendo, en forma proporcional, a las evidencias que van señalando la envergadura y el alcance del mismo.
El esfuerzo del gobierno por negar el lanzamiento de un tarifazo es una poderosa señal de crisis política. En primer lugar, porque los K no pueden echarse atrás. El recurso de echar mano a todas las cajas oficiales se ha agotado. Si bien el Presupuesto 2012 prevé tomar 19.400 millones de los fondos jubilatorios y del Banco Central, a los que se agregan otros 45.000 millones para los pagos de la deuda, esas sumas resultan insuficientes para enfrentar todos los compromisos -entre ellos los 80.000 millones en subsidios.
Tampoco hay síntomas de que vayan a recular. Quedarían afuera del ‘tarifazo' solamente los jubilados que perciben la mínima, discapacitados o beneficiarios de la asignación por hijo o de planes sociales. La estadística oficial reconoce apenas un 15 por ciento de la población como ubicada por debajo de la pobreza y con ingresos inferiores a 1.250 pesos para ser considerado "pobre". El beneficio, en definitiva, sólo quedaría reservado para los indigentes. Por otra parte, el parámetro de los niveles de consumo de energía no tiene en cuenta los consumos colectivos de varias familias que comparten un mismo hogar o el uso mayor de electricidad por carencia de gas u otros servicios. El hecho de que se someta a un "cruce de datos" quien pueda continuar con ese beneficio da pie a un manejo discrecional. ¿Se reducen los subsdios?
Pero lo más paradójico es que el gobierno acaba de disponer un ajuste de las tarifas de luz y gas que, en ambos casos, pueden duplicar el monto de la factura. Esto significa colocar, de movida, 7 mil millones de pesos adicionales.
Una cuestión parecida se presenta en otros rubros, con los subsidios a biocombustibles. Los derivados de la caña de azúcar o del maíz vienen recibiendo subsidios que ahora deberían aumentar, como consecuencia de los aumentos de tarifas, por un lado, y de los combustibles, por el otro. Quiere decir que lo que los Ledesma y compañía tengan que poner por un lado del mostrador se verá más que compensado con la suba de subsidios del otro lado. Además, la utilización como materia prima de artículos de primera necesidad para la producción de biocombustibles encarece la canasta básica alimentaria. Un modelo financiero
Durante esta última década, los subsidios sirvieron para sostener un régimen privatizado parasitario. Los subsidios no redundaron en una mejora de las prestaciones, hay falta de inversiones y hasta de mantenimiento, así como la pérdida de reservas.
Las privatizadas pretenden, además, la liberación de las tarifas, lo que ponen como condición para nuevas inversiones. Se retornaría, en este caso, al esquema de negocios del menemismo, con una fuerte deuda con el exterior. Este esquema exige precios internacionales. La tarifa, en otras palabras, no tiene en cuenta el costo de producción, sino la cotización mundial del petróleo y sus derivados, así como la remuneración del capital que financia las inversiones. Una liberación, en la actualidad, supone, por ejemplo, en lo que se refiere al gas, una triplicación del precio si lo comparamos con el combustible que viene de Bolivia o su quintuplicación cuando viene embarcado de otros origenes. Se trata de un nivel tarifario prohibitivo.
El rescate de las privatizaciones menemistas de la quiebra de 2001/2, por medio de subsidios, ha dejado al país sin reservas de combustibles, a lo que se suma el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria o de la flota de aerolíneas, el colapso del sistema de transporte y la obsolescencia energética. Sólo para 2012, los subsidios para la importación de combustibles previstos ascenderán a 20.000 millones de pesos -es decir: casi 5.000 millones de dólares que se van a ir del país, precisamente, en el momento en que los K plantean defender las reservas y evitar su fuga al exterior. Reconstrucción al servicio de los trabajadores
En lugar de este rescate inservible, que prolonga la agonía de un sistema agotado, es necesario nacionalizar los recursos estratégicos y proceder a una reconstrucción integral de los servicios de gas, luz, transporte y la actividad petrolera bajo el impulso de una amplia intervención y control de los trabajadores.
Contra la alianza de la Juventud Sindical y la empresa
El viernes 18 de noviembre se realizaron las elecciones de Comisión Interna en Artes Gráficas Rioplatense (AGR) del Grupo Clarín. Ganó la llamada "Lista de los compañeros", encabezada por Pablo Viñas y Gustavo Castillo -congresales de la Naranja Gráfica-, con 145 votos (55%), contra la lista impulsada por la gerencia, encabezada por el delegado K Luis Siri -miembro de la directiva del sindicato gráfico, y hasta hace poco bandera predilecta del moyanismo y 6,7,8 en la ‘cruzada' contra "la Corpo"-, que sacó 116 votos (44%).
AGR estuvo en el centro de la situación política a partir de los bloqueos realizados en las puertas de AGR y de AGEA (ambas plantas de Clarín) por los delegados K con el moyanismo, y luego por las vergonzosas cámaras ocultas en las que se pudo ver a los mismos delegados pidiendo 9 millones de pesos a cambio de firmar un acta de paz social por... ¡diez años! Lo que no impidió que el kirchnerismo los siguiera defendiendo.
Tanto los delegados K como Pablo Viñas venían reclamando su reincorporación en la planta, desde que los despidieron tras una huelga en 2004 reprimida por el gobierno de Néstor Kirchner. A principios de 2011, los moyanistas fueron reincorporados en un acuerdo de Clarín con el Ministerio de Trabajo que dejó afuera al congresal opositor, reincorporado en junio por una decisión judicial. El acuerdo entre los jóvenes K y Clarín
Desde su reingreso, de diez delegados, ocho se retiraron por dinero, y quienes quedaron exponían abiertamente su nueva "relación" con la gerencia, que incluía todo tipo de beneficios personales y trato preferencial -como la exoneración de prestar tareas, la potestad de dar "órdenes" a los encargados, y una política común con la empresa discutida a la par que se negociaban sus retiros por dinero.
Los delegados promovieron abiertamente retiros voluntarios y una reducción de personal que incluyó ocho despidos por los que no hicieron nada, un acuerdo de achique de dotaciones de personal por máquina, y hasta reducción de salarios para 75 compañeros a los que la empresa pasó al régimen legal de lunes a viernes, pero a los que simultáneamente les redujeron el 20% de sus bajos salarios, que pasaron a contarse entre las ganancias de la empresa. La lista de los compañeros y la batalla por este triunfo histórico
La construcción de la lista fue una batalla durísima, contra una enorme presión patronal que con sus cámaras en la planta, los encargados y la patota moyanista preguntando en los sectores, "buscaban" abiertamente "los candidatos de la Naranja" y prometían despidos para quienes se sumaran. Un compañero que se afilió e inició el reclamo de adelantamiento de las elecciones que finalmente logramos, fue despedido por la empresa y hoy ha sido electo delegado, por lo que se afianza la lucha por su reincorporación. En este clima, un grupo excepcional de trabajadores demostró una gran valentía y logro sortear esta enorme presión patronal, sumándose a la Lista de los compañeros.
En la campaña intervino la gerencia prometiendo el oro y el moro, pero sólo si ganaba la lista "Moyano-Clarinista" -que se la pasó prometiendo aumentos, sumas de fin de año, pase de lunes a viernes, categorías y cambios de turnos individualizadas y por sector, y en cambio "el caos" y el fin del diálogo si ganaba la Naranja. La Lista de los compañeros planteó la necesidad de delegados sin privilegios, que ocupen su puesto en máquina, que consulten y resuelvan con el colectivo obrero los reclamos y negociaciones a seguir, y desarrolló un pliego de reivindicaciones del taller. El primer reclamo será el prometido refuerzo de fin de año, el esperado pase de lunes a viernes de todo el taller sin despidos ni reducciones salariales, y la reincorporación del hoy delegado despedido.
La votación en la que participaron 269 compañeros fue la más alta de la historia de la fábrica (90% del padrón). Con este enorme triunfo, los trabajadores de Clarín comienzan un paciente camino de recuperación de la unidad y la organización gremial del taller.
José Sotelo, testigo de la causa que investiga el crimen de Mariano, denunció haber sido secuestrado y amenazado por segunda vez en menos de seis meses, por individuos que le volvieron a exigir que modifique su declaración para beneficiar a Pedraza.
Sotelo es un vecino de Barracas que fue testigo de la emboscada de la patota de la UF contra los tercerizados del Roca. En enero, denunció por primera vez haber recibido amenazas y se inscribió en el programa de protección de testigos. En junio, denunció que a pesar de contar con custodia policial, cuatro matones lo secuestraron en un Fiat Duna, le gatillaron varias veces en la cabeza y le reclamaron "cambiar la declaración contra José" (Tiempo Argentino, 24/6). Ahora, Sotelo denuncia que, el 10 de noviembre pasado, un grupo de personas armadas lo capturaron en el jardín de su casa y nuevamente le exigieron que cambiara su declaración. Lo liberaron poco después, en el barrio porteño de Villa Lugano.
Esta nueva intimidación contra uno de los testigos de la causa de Mariano se produce cuando Pablo Díaz -el "capanga" de la burocracia en el ramal Roca- presenta ante la Corte Suprema un nuevo pedido de excarcelación. Sus abogados sostienen que Díaz "siempre estuvo a derecho", tiene domicilio fijo, contención familiar y patrimonio en el país (www.minutouno.com.ar). La Corte Suprema rechazó pedidos similares de los otros imputados. Antes, la Cámara de Apelaciones había ratificado las prisiones preventivas de los detenidos, teniendo en cuenta las amenazas que sufrieron varios testigos y la tentativa de soborno sobre el tribunal de Casación, que los jueces calificaron como intentos por "obstaculizar la investigación".
La burocracia de la UF continúa activa por la impunidad de su jefe. Sus hombres siguen enquistados en la gestión del ferrocarril embolsando fortunas y sus bandas acechando a los testigos. Llamamos a reforzar la movilización y la acción política por el castigo a todos los culpables del crimen de Mariano: a los Pedraza, Díaz y Favale, a los empresarios de la Ugofe que fueron cómplices de la emboscada y a la Policía Federal que liberó la zona y encubrió a los asesinos.
1Diez mil personas nos movilizamos a Plaza de Mayo para reclamar el desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores y por la libertad de los presos políticos. Fueron convocantes más de doscientas organizaciones gremiales, de derechos humanos, políticas y estudiantiles; entre ellas, los ferroviarios del Sarmiento y del Roca opositores a Pedraza, el cuerpo de delegados del Teatro Colón, los obreros de la construcción agrupados en el Sitraic y delegados de la Línea 60.
Peugeot-Citroën ha anunciado que en 2012 se propone eliminar 6.000 empleos en Europa: 5.000 de ellos en administración y los otros 1.000 en producción. Estos despidos están vinculados con el deterioro sufrido en sus cuentas durante el tercer trimestre en el viejo continente. Del ajuste de 800 millones de euros en 2012, 400 millones obedecen a reducción de personal. No se tomarán trabajadores para reemplazar a los que se jubilen y se reemplazarán 2.500 contratos externos y tercerizados por personal de la empresa.
Peugeot, sin embargo, anunció una ganancia durante los primeros nueve meses del año un 7,7% mayor que en el mismo período de 2010, y en el último trimestre de este año las ganancias comparadas con las del año pasado han sido un 3,5% superiores.
La medida desató una inmediata movilización de sus empleados en la sede central en París. Centenares de trabajadores y delegados de las plantas en todo el país se reunieron la semana pasada en la sede parisina de Peugeot, convocados por el sindicato de la fábrica en Aulnay.
"Estamos furiosos, rebelados. No hay ninguna razón para suprimir empleos en Peugeot cuando tienen 11.000 millones de dólares de liquidez", dijo Jean Pierre Mercier, delegado central de la CGT de la planta de Aulnay (Clarín, 16/11).
Mientras tanto, en la planta de Caseros hay 22.000 autos sin vender y se ha bajado la producción; se adelantan las suspensiones a partir del 25 de noviembre hasta el 5 de diciembre y todo enero hasta mediados de febrero. Esto todavía puede extenderse; los delegados y el sindicato se limitan a pasar la información de que las suspensiones serán pagadas al 65%.
No se están renovando los contratos de seis meses; a otra cantidad no se le ha puesto fecha de finalización -para poder terminarlos en cualquier momento. Sumados los despidos hormiga que ya está habiendo, en la fábrica se habla de unos 500 despidos previstos para los próximos meses. La incertidumbre entre los trabajadores es total; la inacción del sindicato le deja el camino libre a la empresa para descargar la crisis sobre los trabajadores.
La dirección de la UOM no puede mirar para otro lado. Que se realicen asambleas en todas las fábricas. Que se vote la apertura de los libros de la empresa, que descaradamente denuncia ganancias superiores al año anterior pero igual prevé un ajuste sobre los trabajadores. Basta de despidos y suspensiones; que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario.
Los trabajadores municipales de San Nicolás han logrado que se firme un adicional de 1.000 pesos para todos los trabajadores.
El intendente saliente pretendía no hacerse responsable de conceder este reclamo.
Los trabajadores ganaron la calle, con radio abierta y batucada.
La lucha fue encarada por ATE, mientras el sindicato municipal se mantenía al margen.
El compromiso de pago es para la primera semana de diciembre, antes del 10 -que es la fecha de asunción del nuevo intendente.
Para trabajadores cuyo básico es de 1.700 pesos, prácticamente implica un doble aguinaldo.
Está planteado para todos los municipales y para todos los trabajadores el reclamo del doble aguinaldo, para hacer frente a la carestía que asola los hogares.
En poco menos de dos semanas, Binner aplicó en Santa Fe todo lo que prometió durante su campaña electoral presidencial. Mientras CFK pretende el ‘gradualismo', Binner fue de frente. El tarifazo del "progresismo" santafesino abarca a casi la totalidad de los servicios: entre un 9 y 18% el boleto interurbano; 20% el boleto urbano de Rosario y Santa Fe capital; 23,2% la electricidad; 138% el agua; 60% la TGI (Tasa General de Inmuebles) y 40% el estacionamiento medido en Rosario.
Estos aumentos no cuentan todavía el efecto que significará para los trabajadores el recorte de subsidios nacionales de luz, agua y gas en las industrias de la provincia. La Fisfe (Federación Industrial de Santa Fe) ha exigido una ‘contención salarial' para compensar el aumento de costos que provocará el ‘tarifazo', como si los trabajadores no fueran a necesitar su propia compensación. Binner fue categórico hace varias semanas: "Congelar los salarios durante tres años para enfrentar la inflación".
Binner defiende el tarifazo alegando que Santa Fe no recibe del gobierno nacional la cantidad de subsidios que le corresponde. Los subsidios que sí recibe fueron devorados por las empresas provinciales. Mientras tanto, barrios y zonas enteras de Rosario no tienen agua o electricidad por semanas enteras durante el verano. Villas y pueblos del interior, especialmente el norte provincial, pasan años sin la posibilidad de contar siquiera con estos servicios. En cuatro años, el servicio de electricidad aumentó un 150%.
De cualquier manera, este tarifazo provincial está más allá de una ecuación de subsidios, costos o calidad de servicios. Es la respuesta de Binner al agotamiento del régimen de emergencia económica instaurado en 2002. La salida del progresismo es el ajuste liso y llano, junto a una política de nuevo endeudamiento. Reapertura de las paritarias
En estas condiciones, la reapertura de las paritarias se coloca como reclamo central del conjunto de los trabajadores. Apertura de paritarias sin tope y paritarios elegidos en asamblea para enfrentar el tarifazo y el congelamiento salarial de Binner y los empresarios.
Al mismo tiempo, vamos por asambleas del Frente de Izquierda en cada barrio, en cada ciudad, para organizar la lucha contra el tarifazo con un planteo de salida: abajo el tarifazo, control popular de las empresas provinciales para determinar sus costos y beneficios. Que los servicios, principalmente los de agua y electricidad, sean colocados bajos gestión de los trabajadores y usuarios.
La actividad de campaña se largó. Ha comenzado la entrada de aportes y llegamos al 10% del objetivo de la campaña. Han ingresado contribuciones de trabajadores, los barrios y la juventud. Los objetivos
En Capital y provincia de Buenos Aires, la campaña está vinculada a objetivos muy precisos de desarrollo partidario: por ejemplo, la apertura de locales en Avellaneda, Paternal, Flores, Boedo y Pompeya.
El debate y la planificación de los objetivos de aportes es todo un capítulo. Nos proponemos una gran campaña en el movimiento obrero, y especialmente entre sus sectores activistas. En el subte, por tomar un caso, el plan de aportes duplica al de la anterior campaña. Entre los docentes de Capital, en lucha en defensa del estatuto, nos planteamos una gran campaña en el bloque antiburocrático que se nuclea en Ademys y la oposición en UTE. Las asambleas
Mientras se larga la campaña, se han comenzado a realizar las asambleas por el desarrollo del Frente de Izquierda. Las mismas han tomado iniciativas que contribuyen a la campaña financiera.
El pic-nic de parque Sarmiento, con todo un despliegue de actividades políticas, deportivas, sociales y culturales, contribuye a sumar a nuevos compañeros.
Una campaña corta
El principal desafío que tenemos es concretar la campaña, los aportes y las actividades en un plazo corto, antes de fin de año. Para esto, es crucial un seguimiento diario de una actividad intensa.
Vamos con todo a desarrollar la campaña financiera del Partido Obrero.
El viernes 11, a las 17 hs, los chóferes de ECOTRANS hemos convocado a una Conferencia de Prensa y Acto Público frente a las instalaciones de la empresa: Rivadavia 17415, a unas cuadras de la Estación de Morón, lado Sur.
El objetivo es dar a conocer la infinidad de denuncias que hemos realizado ante la empresa y los poderes públicos sobre el mal mantenimiento de las unidades y la amenaza permanente de accidentes a la que están sometidos por ello, los chóferes de esta empresa del grupo Plaza.
"No queremos que haya otra masacre como la de Flores".
La patronal en lugar de escuchar nuestras advertencias, incrementa la presión sobre los trabajadores y pretende introducir prácticas de precariedad laboral.
Reclamamos: que se tomen más trabajadores, más unidades y mantenimiento responsable.
LOS ESTUDIANTES GANAMOS EN EL DISTRITO DE LA REPRESION, LA REGIMENTACION Y LAS PATOTAS
Un hilo conductor entre una lucha y otra.
El viernes 28 de octubre los estudiantes del ISFD Nº29, junto al Frente estudiantil “EPA” (estudiantes del profesorado en acción) culminamos un acontecimiento histórico de enorme significado, en el marco de la lucha contra la represión, el amedrentamiento y el patoterismo. Recuperamos el Centro de Estudiantes que había sido usurpado por el intendente Raúl Othacehé, a través de su agrupación UJEM (unión justicialista estudiantil de merlo), con fraude, persecución y patotas durante las elecciones anteriores, del año 2010, a una semana del asesinato de Mariano Ferreyra.
El Frente que conformamos esta constituido por Espora, La olla, Fuentealba, Is, estudiantes independientes y nuestra agrupación 20 de diciembre fundada por la Ujs en el marco de la lucha contra el cierre del CBC de merlo orquestado por el intendente local. Aquella lucha que se dio en el año 2008, no solo implicó el desarrollo de una organización estudiantil y docente en defensa de la casa de estudios y la educación publica. Superó el problema educativo, y emergió de ella una pelea mucho más abarcativa, una lucha política en defensa de las libertades democráticas contra el régimen de persecución y terror que hace morder los dientes al pueblo de Merlo. Marchas de miles de personas, medios de comunicación que no se animaban a entrar al distrito lo hicieron, jóvenes interviniendo en política: toda una situación inédita para nuestro distrito. La lucha del CUM hizo forjar a muchos activistas estudiantiles y parió a nuevos militantes que heroicamente comenzaron a intervenir para frenar los aprietes y los golpes que sufrimos en Merlo hace mas de dos décadas. La lucha del cbc de Merlo fue un acontecimiento “bisagra”. Del mismo se desprende un “antes y un después”: a partir de ese movimiento social, el intendente se vio forzado a encarar una política de copamiento de los centros de estudiantes secundarios y terciarios, sin dejar de lado el método de la patota, como cuando impugnamos las elecciones en el profesorado 29 y obligaron a la junta electoral a realizar el escrutinio para hacerse con la herramienta de lucha de los estudiantes. Fue un duro golpe contra la educación pública, el movimiento estudiantil y las libertades democráticas. Todo parecía irreversible.
El PJ pudre todo lo que toca.
Impuestos como “dirección del centro” los muchachos de Othacehé hicieron todo lo posible por defender el modelo, con la plata del municipio armaron un lujoso local frente al instituto, con centro de fotocopiado e Internet. Repartieron prebendas a más no poder, se hicieron de una base social, con el financiamiento que el poder local les suministró, a costa de los impuestos carísimos que deben pagar los trabajadores del distrito. Para la jornada de elecciones cumplieron con todas las maniobras que cualquier burócrata puede soñar: manejo de padrones, complicidad con la dirección, visitas a los domicilios de los estudiantes, estudio de las familias de nuestros compañeros, amenazas, intimidaciones, hasta las patotas que nos mantuvieron encerrados por horas en el profesorado, obligándonos a escrutar las elecciones impugnadas.
Su “gestión” en el centro implicó una “fosilización” de la herramienta popular de los estudiantes. Su método negó por completo a las asambleas y al cuerpo de delegados, en clara obediencia “al modelo” y al régimen de Othacehe. Su lema fue: “Cristina en la Nación-Ujem en el 29”.
Desmoralizaron, no concientizaron y su lucha no fue contra el monopolio de los medios de comunicación o contra los sojeros que se enriquecen explotando nuestro suelo. Su lucha fue contra los estudiantes que no se adaptan al verso oficialista, contra los estudiantes que luchan, contra los estudiantes que organizan partidos y agrupaciones de izquierda y de los trabajadores.
Vencedores Vencidos
Desde la “20 de diciembre” señalamos con tenaz insistencia que para recuperar el centro debíamos conformar un frente único estudiantil, que aglutine a las agrupaciones combativas, bajo un programa concreto en defensa de la educación publica, las libertades democráticas y la unidad con el pueblo en lucha. La experiencia histórica que se vivió en el instituto se desarrolló más rápido que un rayo. Los estudiantes repudiamos el copamiento de Othacehe con el método del fraude y la patota. En el medio, el asesinato de Mariano, nos golpeó a todos, pero nos forjó y nos dio un temple mayor, para seguir las batallas y fuimos comprendiendo la importancia de organizarnos para que no sigan ocurriendo hechos de injusticia como estos.
Muchos de los que habían dado la lucha por mantener en pie al CBC de Merlo, pisaban el piso del instituto para reemprender una carrera y darle para adelante. Las experiencias se trasladaron, los prejuicios se dejaron de lado y se superaron con la acción y la organización.
También la conformación del Frente de Izquierda repercutió en el terciario. Muchos activistas vieron como positivo que la izquierda no cooptada por los polos patronales, se compacte para conquistar tribunos socialistas en los parlamentos, y de esa manera impulsar y desenvolver los planteos y reivindicaciones de la educación publica en el marco de la crisis mundial y sus secuelas.
El EPA nació en este contexto, y su perspectiva fue primero conquistar representantes estudiantiles en el Consejo Académico: logramos 5 consejeros y el PJ-UJEM 7. Ya íbamos respirando otro aire en el profesorado.
En octubre nos preparamos para recuperar el centro. Un objetivo enorme, teniendo en cuenta el peso del aparato othacehista y el miedo impuesto por años de la misma intolerancia. Asi y todo, los compañeros nos daban fuerza constantemente, por eso decidimos fortalecer el frente estudiantil: diseñamos la campaña y le dimos para adelante. Con diferentes actividades, las agrupaciones que constituimos el EPA mostrábamos el prólogo de la recuperación de nuestra herramienta de lucha: charlas debate como la presentación del libro de Mariano Ferreyra, o la charla sobre el Cordobazo organizada por Espora y La Olla, las jornadas de cultura, las reuniones y agitaciones en la puerta del terciario y las extensas pasadas por los cursos.
Las elecciones para elegir la conducción del centro comenzaron un día después de las nacionales, el lunes 24 de octubre y terminaron el viernes 28. Una de las últimas maniobras del PJ, fue armar una tercer lista para dividir votos, la lista “cero” llamada “Frente Revolucionario Estudiantil”, que pretendió engañar a los estudiantes, pero el tiro le salió por la culata: se caía de maduro que era un manotazo de ahogado del PJ-UJEM.
Con una gran campaña estudiantil, con plataforma, volantes y un último boca de urna que nos ubicaba a pocos puntos por alcanzar a la ujem y recuperar el centro, en el marco del 55% de Cristina a nivel nacional, y un 67% a nivel distrital, dijimos: los estudiantes “PODEMOS”.
Las pasadas por los cursos giraron en torno a la delimitación con la agrupación del intendente y el carácter de centro de estudiantes que pretendemos construir: un centro que informe, organice y transforme.
Convocamos a estudiantes veedores, abogados y otras agrupaciones para que las elecciones se realicen lo más limpio posible. Extendimos comunicados de prensa a los medios de la zona y preparamos los cánticos para el triunfo. Vencimos a los “vencedores”, pero sin el aparato del estado, la dirección, el punterismo y la patota como necesitaron ellos. A nosotros nos alcanzó decir la verdad, organizarnos, militarla y el incansable esfuerzo de cada estudiante y activista. Votaron más de mil estudiantes, de los 2500 que cursan. Los resultados electorales colocaron al EPA 48 votos arriba de la UJEM y 30 votos para la lista divisionista.
En la vereda de los trabajadores, estamos escribiendo un nuevo capítulo para el movimiento estudiantil. Un triunfo que nos depara mayores desafíos, para defender el terciario y a la educación publica.
Romina Canu. Secretaria del CE ISFD Nº29.
David Rojas. Representante estudiantil en el Consejo Académico.
Asambleas para combatir el 'ajuste' y desarrollar el Frente de Izquierda
Para Cristina Fernández, la mejor noticia que podía llevar al cónclave 'ajustador' del G-20 es el anuncio de un tarifazo. Las empresas privatizadas lo apoyaron de inmediato.
Macri, por su parte, fue el encargado de dictar el tarifazo para el subterráneo y de endeudarse para la extensión de los recorridos a tasa usuraria.
El tarifazo reemplazará a los subsidios y dará vía al endeudamiento de las privatizadas con la banca extranjera.
La realidad del tarifazo se vio en la Bolsa: Techint y Repsol, consumidores de energía, se hundieron, mientras Pampa Holding, privatizada del servicio, se fue para arriba; los primero reclamarán ahora la devaluación para compensar, y el segundo asegurar el tarifazo en dólares.
Liberado de subsidios, el presupuesto nacional quedará como garantía de las nuevas operaciones de deuda que plantean el Club de París y el FMI.
Es lo que han buscado producir los especuladores y banqueros con la fuga de capitales.
El paquetazo le fue ocultado al pueblo durante la campaña electoral que acaba de concluir.
El gobierno obtuvo el 53 por ciento, pero su rumbo futuro es dictado por un puñado de bancos, exportadores y empresas privatizadas.
Sólo el Frente de Izquierda denunció, durante la campaña, el manotazo que se venía.
Ahora, tenemos que desarrollar una intensa acción política no sólo contra este tarifazo, sino también contra los despidos y suspensiones, el impuesto al salario y la devaluación del peso.
Por eso, lanzamos una convocatoria por asambleas abiertas para intervenir contra la confiscación del pueblo y desarrollar el Frente de Izquierda como un instrumento de lucha y organización.
Que la crisis la paguen los capitalistas. No al tarifazo: nacionalización de las privatizadas y del petróleo y la minería. No a las suspensiones y los despidos, reparto de las horas de trabajo.
Indexación de salarios, aguinaldo completo, ningún impuesto a los salarios.
Abajo los especuladores: apertura de los libros de las grandes empresas y control obrero de sus operaciones, nacionalización de los bancos.
Que la CGT y la CTA convoquen a un plan de lucha.
Por el desprocesamiento de Pitrola y de todos los luchadores populares, por el cese de la persecución al “Pollo” Sobrero: TODOS A LA MARCHA DEL 23 DE NOVIEMBRE
Tuvieron que fugarse del país 7.000 millones de dólares en menos de noventa días para que el gobierno admitiera la existencia de un “golpe especulativo” y dispusiera de medidas intervencionistas en el mercado de cambios. Mucho antes de que eso ocurriera, el Frente de Izquierda denunció esta sangría en el curso de la campaña electoral y planteó la apertura de los libros de las grandes corporaciones y bancos, así como el control obrero de sus operaciones. El intervencionismo oficial sólo apunta a arrancarle una tregua a los especuladores para preparar la devaluación. En los hechos, ha establecido un ‘corralito’ para los pequeños ahorristas.
El corralito oficial
Los nuevos controles oficiales han clausurado virtualmente el mercado minorista de cambios. Según datos del propio Banco Central, sólo el 3% de las compras de dólares se canalizan a través del cambio minorista. Mientras tanto, cuatro bancos internacionales -por cuenta y orden de sus grandes clientes- movilizan el 80% del mercado cambiario. La decisión de obligar a petroleras y mineras a liquidar las divisas de sus exportaciones en el país es puramente cosmética, porque pueden invertir los pesos al 20/30% anual y, gracias al seguro de cambio establecido por el Banco Central, convertirlos en dólares oportunamente.
De la crisis mundial a la crisis política
Esta corrida está lejos de ser una mera cuestión monetaria. Esta crisis se ha incubado cuando las exportaciones y las reservas de divisas engordaban al calor del alza especulativa del precio de la soja, que rigió desde fines de 2009 hasta hace poco tiempo. El ingreso de dólares a la Argentina -y, en general, a los países “emergentes”- alimentó una enorme liquidez monetaria, la cual fue a parar a la compra de títulos públicos, a la bolsa o a fideicomisos que financiaron el crédito de consumo a tasas usurarias. Los que viven de su trabajo pagaron esa especulación con un salto cualitativo de la inflación. Esta creciente acumulación de activos líquidos es la que se dispara ahora fuera del país, en función de una especulación para devaluar el peso. Asimismo, hay una fuerte salida de divisas en los ‘países emergentes’ para hacer frente a las deudas de las casas matrices en Europa y Estados Unidos. La crisis en Europa, en este momento, fue detonada por una salida de dólares -por parte de los fondos norteamericanos- que dejó sin financiación a los bancos del viejo mundo. La fuga de capitales está vinculada a la bancarrota capitalista.
Devaluación a plazo fijo
La estación terminal de la corrida cambiaria es la devaluación de la moneda, que la burguesía industrial, los agroexportadores y el propio capital financiero (cada uno con sus propios intereses) reclaman a gritos. La devaluación abatiría el salario, el gasto social y, principalmente, los activos en pesos en poder de la Anses y de las provincias, que se han endeudado al 12% anual en dólares. Para los especuladores financieros, que han acaparado los dólares, la devaluación sería un negoción. Las reservas internacionales ya no son suficientes para cubrir la circulación monetaria y funcionar como garantía de nuevos préstamos internacionales.
La salida de divisas ha estado acompañada por un fuerte retiro de depósitos de los bancos. El gobierno decidió volver a colocar fondos de la Anses en los bancos locales. A los monopolios cerealeros, el gobierno les está prometiendo la “corrección cambiaria” para febrero o marzo, cuando comience a liquidarse la próxima cosecha de soja. Mientras prepara una devaluación a término, el gobierno utiliza a la Afip para condenar a los trabajadores y a los pequeños ahorristas a un verdadero corralito en pesos.
El futuro gabinete
La corrida cambiaria tiene un contenido político fundamental, porque apunta a condicionar la composición del próximo gabinete. O sea que después del 53% de los votos obtenidos, la orientación del futuro gabinete sería definida por los “mercados”. El “pliego de reclamos” de los pulpos cerealeros, agroindustriales o financieros excede por mucho a la devaluación: quieren que ésta sea acompañada por una contención de salarios y jubilaciones. Para eso, quieren ver en los ministerios al ala que impulsa un acuerdo con el Club de París (los acreedores internacionales) y el FMI, en detrimento de los que hablan de ‘profundizar el modelo’. En cambio, el ‘ajuste del modelo’ -que exige la banca internacional- pasa por un tarifazo que ponga fin a los subsidios a las privatizadas y que las autorice a contraer nuevos préstamos en el exterior. El nombramiento de un ministro que asegure este programa “podría pegarle un vuelco a las expectativas que gobiernan la demanda de dólares”, señala Clarín (2/11), en un artículo que propagandiza la candidatura de Mario Blejer, ex funcionario del FMI y actual asesor de los K, al Ministerio de Economía. La disputa por el gabinete desatada por una corrida cambiaria es una crisis política, que el gobierno debe resolver antes de asumir un nuevo mandato.
La crisis no es “cambiaria”: antes de su debut, el gobierno de la votación plebiscitaria se enfrenta con una crisis de fondo. La capitulación ante los banqueros y capitalistas significa una confiscación contra los que trabajan y un hundimiento en el pantano de la bancarrota capitalista.
En oposición a ello, planteamos medidas anticapitalistas: control de las operaciones de cambio y apertura de los libros de los bancos y grandes empresas, a cargo de los trabajadores. Prohibición de remesas de utilidades, regalías y préstamos del país. Nacionalización de la banca. Prohibición de suspensiones y despidos. Salario igual a la canasta familiar, vigencia del 82% móvil.
A estas horas, que Néstor Pitrola tendría asegurada su banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con los votos que acaba de obtener en las elecciones no es novedad para nadie. Está claro, por otra parte, que habría ocupado el lugar 24 entre los 35 elegidos -es decir por delante de 11 diputados con menos votos y menor legitimidad que el primer candidato en la lista del Frente de Izquierda. Se sabe menos que la anomalía es producto de un sistema parido en su momento por la dictadura militar y convalidado luego por los sucesivos gobiernos de la democracia.
En la provincia de Buenos Aires, como en todo el país para los cargos nacionales, rige el antidemocrático piso del 3% del padrón electoral como condición para acceder a una banca. El sustento “jurídico” es el Código Electoral Nacional sancionado en 1983 bajo la dictadura de Bignone. Ese requisito, eliminado para cargos provinciales en varios distritos (Capital y Córdoba, entre ellos), rige hoy para los cargos nacionales, luego de ser preservado por todos los gobiernos de la “democracia”.
Esta valla quedó planteada en Santa Fe cuando el candidato de Proyecto Sur a diputado provincial -Carlos del Frade- no pudo ocupar su banca a pesar de superar el 3% de los votos “válidamente emitidos”, piso exigido en la convocatoria electoral. El Tribunal Electoral rechazó la pretensión con el planteo de que el piso de votos debía calcularse sobre la totalidad del padrón, invocando una ley provincial que tomó como modelo el Código Electoral Nacional aprobado por la dictadura en las vísperas de la elección del Alfonsín.
En la provincia, como en la “década infame” “Hacia abajo”, en la propia provincia, existe un régimen de proscripción que, por su sofisticación y múltiples variantes, ha sido colocado como modelo de estudio en facultades de ciencias políticas.
Primero, porque en lugar del reparto proporcional que se utiliza para integrar el Congreso de la Nación (desde ya, luego de superar el antidemocrático piso del 3%), los cargos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se distribuyen con el sistema de cocientes, que toma la cantidad de votos válidos y los divide por el número de cargos electivos en juego, estableciendo un piso mínimo para acceder a una banca.
La imposición de este sistema ha llevado a que los partidos que dominan el régimen político -concretamente el PJ y la UCR- hayan tenido un tercio de representantes por encima de lo que les correspondería de aplicarse un sistema de representación proporcional.
En segundo lugar, el régimen de la “década infame” impuso en 1934 -bajo el gobierno de un Martínez de Hoz- la división de la provincia en ocho secciones electorales, una reforma política nada ingenua. La división permite que los distritos menos poblados o dominados por la oligarquía en su tiempo tuvieran una representación similar o mayor que los populosos distritos obreros del Gran Buenos Aires. Sólo a modo de ejemplo, la primera sección electoral -que abarca toda la zona norte y oeste del GBA- con 3.652.490 empadronados en 2009 elige 15 diputados y ocho senadores, uno cada 158.804. La sexta, del sudoeste de la provincia con centro en Bahía Blanca, elige once diputados y seis senadores, es decir un representante cada 33.264 votantes. Con todos sus rasgos fraudulentos, se ha mantenido en pie durante setenta y cinco años por un acuerdo básico entre el PJ y la UCR.
¿Concejal?
En el caso de los concejales, la proscripción es aún más elaborada. Los distritos del GBA tienen, en promedio, entre veinte y veinticuatro concejales, según la cantidad de habitantes, los que se renuevan de a mitades. Si para ser diputado nacional hay que superar el antidemocrático 3%, para ser concejal en un distrito como Merlo se requiere un 8,33%. ¿Por qué? El “sistema” establece un cociente electoral obtenido de tomar la cantidad de votos válidos y dividirlos por el número de cargos electivos en juego. Este cociente es el piso mínimo de adhesión para participar en el reparto de bancas ¿Y los puestos que “sobran” luego de este reparto de bancas? Se reparten entre los más votados, es decir entre los mismos.
Naturalmente, “si se aplicara el sistema proporcional D’Hont a la actual composición de los consejos deliberantes, hallaríamos que hay concejales electos con cero votos en varios municipios” (La Nación, 27/6/09).
Es el mismo “sistema” que se utiliza para acceder a la Legislatura y tiene la marca de origen del “bipartidismo”, aunque hoy sirva para bloquear el acceso del Frente de Izquierda al Congreso nacional, la Legislatura o los concejos deliberantes.
Denunciemos y rechacemos la regimentación política. Fuera los “pisos”, los cocientes fraudulentos, las secciones amañadas y todos los mecanismos que tienden a bloquear la representación política de los explotados.
En forma selecta han sido procesados los principales dirigentes de la actual interna de Kraft que encabeza Javier Hermosilla, de la que dirigió el conflicto, encabezaba Ramón Bogado, y junto a ellos Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. Es un proceso a una huelga que marcó una etapa en el movimiento obrero, un juicio a sus organizadores, a quienes fueron solidarios activamente con la huelga y a quienes, a partir de la intervención, nos transformamos en voceros políticos de la lucha.
La causa estaba a punto de prescribir cuando se dispusieron las indagatorias y luego cayeron los procesamientos en cadena, acompañados de embargos. Todo lo cual ocurrió casi simultáneamente con la causa de Sobrero y a los ferroviarios del Sarmiento, ambas por parte de jueces federales de reciente designación.
La decisión política es inocultable. No obstante, en tiempo real de la huelga, mientras intervenía en el conflicto la embajada norteamericana reclamando "seguridad jurídica", mientras Tomada conciliaba con los despedidos afuera y mientras Scioli ingresaba la infantería dentro de la planta, el entonces flamante juez federal Mariano Larrea disponía el espionaje mediante servicios de inteligencia, que son los que aportaron las "pruebas" del delito de Pitrola y de los demás compañeros. Es decir que se trata de una penalización largamente preparada con la colaboración de organismos de inteligencia del Estado.
Obreros que tuvieron que luchar contra un despido injusto son procesados y, encima, embargados. Al igual que Pitrola y Ripoll, a razón de 30 mil pesos por corte -algunos acumulan seis-, con lo que el proceso se transforma en una condena para conseguir trabajo y para disponer de los bienes que puede poseer una familia obrera. Es un ataque ejemplificador, como la cárcel a "Picante" Oñate, el delegado petrolero santacruceño, lo cual marca una orientación política de conjunto del kirchnerismo frente a los grandes movimientos de la clase obrera.
Luego de dos años, la naturaleza del ataque patronal con los 156 despidos que desataron la huelga ha quedado probada. Ni antes ni después, la multinacional dejó de facturar cuantiosas ganancias. Ni antes ni después la patronal dejó de presionar por mayores ritmos de explotación para mejorar sus "costos" a expensas de los trabajadores. Estaba -y está- en disputa el control del lugar de trabajo, el papel que puede jugar la organización obrera si la patronal puede dominar la situación con la colaboración de un aparato sindical cooptado. El despido fue arreglado y tal vez nominado, despedido por despedido, por la burocracia de Rodolfo Daer, la que pretendía retomar el control de la principal industria del gremio.
El día que indagan a Pitrola, el 12 de octubre pasado, los obreros de Kraft respondieron ellos mismos con un soberbio pronunciamiento a todo el proceso contra los compañeros. La actual interna (Lista 2) ganó la elección de delegados por un amplio margen, contra otra lista de izquierda de la anterior interna que había firmado la paz social con parte de los despedidos afuera; y ante una burocracia que no pudo armar lista propia y se tuvo que resignar a apoyar "por abajo" a la Lista 1, cuyos líderes están ahora también procesados.
Jorge Altamira, en la conferencia de prensa por el desprocesamiento de Pitrola, marcó un concepto: la tercerización de la persecución por medio de la Justicia, así como tenemos la tercerización de la represión por medio de patotas. Mediante la persecución por la justicia posan de "dejar actuar a las instituciones", para delicias de una oposición que reclama lo mismo. Todo, de parte de un gobierno "nacional y popular" que muestra en este flanco crucial de la lucha de clases, sus límites, su naturaleza de clase y su alcance como experiencia política popular.
Kraft -contemporánea de los paros generales del subte por su reconocimiento, de una ocupación obrera en Emfer y otras luchas- es parte de un proceso político en pleno desarrollo en el movimiento obrero: la tendencia a la lucha por una nueva dirección en el mismo.
Este proceso judicial apunta ahí. Por eso incluyen a los militantes políticos de la izquierda que se involucraron en la lucha. El Partido Obrero motorizó, en las postrimerías de la huelga, en oposición a la política de cooptación y de actas de paz social con las izquierdas del subte y de Kraft, una Conferencia Obrera que nucleó a mil delegados de todo el país y potenció el desarrollo clasista en más de cien gremios.
El proceso judicial de Kraft opera cuando Cristina Kirchner empieza a prefigurar su segundo mandato. Es por eso un tiro por elevación para disciplinar al movimiento obrero en su conjunto, de cara al Consejo Económico y Social que se esboza en los cenáculos empresarios, destinado a digitar salarios a la baja de la inflación, a imponer un ajuste en el gasto público, a los tarifazos, a viabilizar las suspensiones y despidos que hoy mismo empiezan en Renault, a reorganizar la CGT por derecha.
La defensa de los compañeros, el desprocesamiento de los miles de luchadores (Memoria, Verdad y Justicia ya registró 2.400), la libertad a Olivera y Oñate, el plan de lucha que se informa en estas páginas, con eje en la marcha del 23 de noviembre, no constituyen una mera reacción defensiva -plenamente justificada-, sino tomar la iniciativa frente al poder político que asumirá el 10 de diciembre, por parte de un gran frente único de todas las expresiones de lucha por esa nueva dirección en el movimiento obrero.
Por primera vez, el Congreso discutió (en la Comisión de Legislación Penal) un proyecto de aborto legal seguro y gratuito, que fue aprobado. El logro es el resultado de años de lucha del movimiento de la mujer, en particular de los 26 encuentros nacionales de mujeres.
La aprobación, sin embargo, tiene sus reservas: de los 31 miembros de la Comisión, sólo 12 bajaron a sesionar. De ellos, sólo ocho pusieron su firma en alguno de los proyectos: siete lo hicieron por el de la Campaña por el Derecho al Aborto, en tanto que Vega, el presidente de la Comisión, firmó su propio proyecto de modificación del artículo 86 del código penal. El FpV sólo envió a la Comisión a Diana Conti, mientras los diarios insisten en la firme oposición de CFK a consagrar el derecho al aborto. El proyecto debe pasar ahora a la Comisión de Familia y a la de Salud. El presidente de la Comisión de Salud es un kirchnerista, que acaba de firmar junto a Duhalde y otros tantos derechistas en contra del aborto legal.
Se sesionó con un quórum mínimo especial y las firmas del proyecto representan la mitad más uno de los que participaron del debate. No está claro que haya llegado la firma de Liliana Parada -del espacio de Claudio Lozano- que, aunque es vicepresidenta segunda de la Comisión, no estuvo presente. Gil Lavedra de la UCR, Laura Alonso, del PRO, y Martínez, del juecismo, aunque se pronunciaron a favor del proyecto de aborto legal, se negaron a firmar el dictamen. De Marchi, un aliado PRO, cuestionó que hubiera dictamen.
La Comisión de Legislación Penal está integrada por once diputados kirchneristas, diez de los cuales pegaron el faltazo -entre ellos, Recalde y Kunkel. La diputada Conti firmó el proyecto (en disidencia, porque quiere que el proyecto penalice a los médicos que practiquen abortos luego de las doce semanas de gestación), pero abandonó la sala antes de la finalización del debate.
La intervención de la diputada Cynthia Hotton, en oposición al aborto legal, rescató la política del Ministerio de Salud de la Nación -un guiño a los K-, alegando que otorga subsidios a la maternidad.
Mientras esto ocurría adentro, afuera se desarrollaba una movilización a favor del aborto legal, que contó con la presencia de los partidos del Frente de Izquierda, la Fuba, la Compa, la CTA, el PCR y el MST, junto a integrantes de la Campaña por el Derecho al Aborto. Fue destacada la ausencia absoluta de cualquier sector ligado al kirchnerismo. A pesar de algunos pronunciamientos pro aborto legal de Carta Abierta, ninguno de sus miembros se acercó siquiera al Congreso.
El 25 de noviembre, en el día contra todas las formas de violencia contra las mujeres, debemos marchar masivamente advirtiendo que no dejaremos que la lucha por el aborto legal quede en un saludo a la bandera en el Parlamento.
A la luz de este debate abierto se pone más en evidencia el enorme daño que la política del PCR de realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones le imprime al movimiento, negándose a realizar el Encuentro en el centro del poder político, lo que facilitaría una movilización popular por este y todos los reclamos de las mujeres.
La limitada perspectiva parlamentaria obliga aún más al movimiento de mujeres a redoblar los esfuerzos por colocar el reclamo en la movilización popular; caso contrario, el lobby clerical sobre los diputados seguirá ganando la pulseada.
