La UCR bonaerense y los fondos del Instituto de Previsión Social

El bloque de diputados de la UCR de la Legislatura bonaerense pretende imponer un proyecto de ley por el cual los fondos superavitarios del IPS (alrededor de 20 mil millones de pesos, sólo la caja docente posee 16.500 millones) podrían ser utilizados para la refacción, ampliación o construcción de viviendas. El propósito del proyecto radical sería otorgar créditos para tal fin a los aportantes del IPS, a devolver como máximo en 240 meses a partir de un descuento salarial de no más del 20%, es decir entre 800 y 1.000 pesos mensuales si consideramos el salario de un docente con doble cargo. Habría una comisión intersectorial de seguimiento formada por el círculo de oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, de cada organización sindical (la burocracia), los diversos bloques legislativos y la Defensoría del Pueblo -por cierto nada confiable.
Ahora bien, resulta que el Estado provincial ha sido autorizado por el presupuesto 2011, votado en la Legislatura, a cancelar deudas por 2.400 millones de pesos y a endeudarse por 8.600 millones más, en condiciones en las que la provincia tiene un stock acumulado de deuda pública de 47.000 millones de pesos. En principio, la provincia acaba de comprar deuda por 750 millones de dólares emitiendo un bono a diez años, una obligación regida por la ley norteamericana y cuya tasa de interés anual asciende a 11,25%, lo que quiere decir que en diez años la devolución será más del doble que el dinero prestado (1.590 millones de dólares). Hay que enfatizar sobre el hecho de que el gobierno Scioli se vale de una ley sancionada en 2009, por la que el Estado puede apropiarse del dinero de los fondos del IPS para sus gastos -esto en el contexto de endeudamiento creciente del Estado provincial y de su hipotecamiento. Bajo estas condiciones, el proyecto de la UCR debe ser considerado sospechoso, en la medida en que la economía de la provincia está sufriendo un endeudamiento sometido a la ley norteamericana y a sus jueces. Ese dinero, por lo tanto, aunque se señale destinado a la vivienda, puede ser una vía -y, de hecho, lo será- de satisfacer la deuda usuraria provincial.
Bajo otras condiciones -es decir: de ruptura con la banca internacional, de repudio al pago de la deuda mencionada y del no pago de las comisiones a los bancos agente (gestores del préstamo), entre ellos Merryl Lynch, Bank of America y la calificadora de riesgo Standard & Poors, así como también de la supresión de los impuestos al consumo y al salario, además de la imposición de un impuesto a las grandes capitalistas y que la dirección del IPS esté bajo la dirección de los activos y jubilados y no de una burocracia de funcionarios al servicio del gran capital-, tal plan de viviendas sería viable, pero ahora es una trampa que los trabajadores estatales bonaerenses deben rechazar.

R.G.

Anses: a quien sirve el Fondo de Garantía

En una reciente conferencia, el titular de la entidad, Diego Bossio, afirmó que la Anses apuesta a inversiones "que generen trabajo y potencien la economía". Según Bossio, la Anses incrementará "su participación en proyectos productivos" (Página/12, 16/9). Según esta versión, los fondos de la Anses -integrados por los aportes acumulados de los trabajadores- estarían siendo administrados de acuerdo con los intereses de la mayoría nacional y en función de un plan de conjunto. En la conferencia donde se dijo esto, estaba presente el presidente del fondo de pensiones de Japón. Llevado por las afirmaciones de Bossi, el cronista del diario llega a decir que "a diferencia de la experiencia argentina, el fondo nipón no invierte sus abundantes recursos en proyectos productivos, sino en acciones y bonos" (ídem).
Pero el "fondo" argentino no difiere del japonés -es lo que demuestran los propios informes de la Anses que llevan la firma de Bossio. A diciembre de 2010, el 55% de su cartera estaba colocada en títulos públicos. Son los bonos de deuda que el Estado le compró a acreedores internacionales o, lo que es lo mismo, el pago de la deuda externa con la plata de los jubilados. Otro 15% está colocado en acciones y títulos privados. En el caso de los títulos públicos, una devaluación o una bancarrota fiscal conduciría a igual destino a esa porción sustancial del "fondo de garantía". Las acciones privadas, por su parte, están sujetas a los vaivenes de los negocios capitalistas. Está claro, por lo tanto, que el "fondo de garantía" y sus resultados están condicionados a la marcha de los capitalistas y de su Estado.
Pero en lo que refiere a los "proyectos productivos" -el 11% de la cartera-, también se trata de recursos dirigidos, directa o indirectamente, a capitales privados. Tenemos, por un lado, al programa de "incentivos a la industria automotriz", que se reparte principalmente entre Peugeot, General Motors, VW y Ford -el que se llevó 450 millones en 2010. Una de las inversiones más importantes -casi 400 millones de dólares- fue destinada a la construcción de una nueva central eléctrica de la empresa cordobesa de energía. La obra -adjudicada a Siemens y al grupo K Electroenergía- está siendo investigada por sobreprecios.
Mal que le pese a Bossio, la evolución del Fondo de Garantía está sometida al destino de las corporaciones capitalistas, no del interés social general. Si la asignación universal por hijo y otras prestaciones sociales las paga la Anses, ello le permite al presupuesto nacional liberar recursos para, por ejemplo, seguir subsidiando a los privatizadores. Por lo tanto, el sistema previsional de los K continúa siendo un régimen de capitalización gerenciado por el Estado. La mayor prueba de ello es que el fondo no "sustenta" lo que debería ser su objetivo elemental: asegurar el pago del 82% móvil a los jubilados. En cambio, los haberes están sometidos a una "movilidad" que los relaciona, entre otros factores, con la recaudación del sistema previsional. Como lo haría una AFJP, el fondo condiciona el haber jubilatorio a los resultados de sus colocaciones, que a su vez dependen de la marcha de la deuda pública y de los dividendos capitalistas.
Para que el fondo sirva a la "economía en general", sus recursos -y los de toda la Anses -deberían ser colocados bajo la gestión de trabajadores y jubilados. A partir de allí, asegurar el pago del 82% móvil, reforzando sus ingresos con la restitución de los aportes patronales e impuestos extraordinarios a la clase capitalista que -precarización mediante- ha sido beneficiaria de la evasión previsional. Asegurando esa reivindicación fundamental, los fondos previsionales acumulados pueden ser aplicados a un plan de obras públicas y reindustrialización, en función de los intereses de la mayoría trabajadora y bajo su control directo.

Marcelo Ramal