El prontuario de la defensa de la patota de Pedraza

Pedraza, a juicio oral

La jueza Wilma López acaba de cerrar la instrucción respecto de Pedraza y su patota, elevándolo para que se sortee el tribunal que intervendrá en el juicio oral.
Antes de ello, las defensas de los imputados intentaron oponerse a la elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos, planteando que no deben ser acusados por homicidio agravado, porque las pericias probarían que la bala asesina fue resultado de un "rebote" y no de la intención de matar.
Es frondosa, sin embargo, la jurisprudencia que sostiene la existencia de la intención de matar cuando una persona dispara sobre un número de personas desarmadas, incluso sin la necesidad que exista como consecuencia de esos disparos un muerto o una persona lesionada de gravedad y dos heridos más como consecuencia de esos disparos -como ha ocurrido en este caso.
Esta línea de defensa refleja su debilidad, ya que no puede negar ni el plan criminal ni la movilización de barra-bravas que integran la estructura de la burocracia sindical, convocadas expresamente para ‘aleccionar' a los tercerizados, ni que llevaron armas al lugar ni que hubo una orden para usarlas, ni que la motivación era garantizar el poder político y económico de los Pedraza y compañía.
A esta línea general de la defensa se agrega el Dr. Oscar Igounet, defensor del acusado Uño, quien acusó en Casación a la ex fiscal Cammaño por "presionar a la Gendarmería", calificó a los fallos de la jueza Wilma López de "vergonzosa por arbitraria, soberbia, dogmática y mentirosa" y extendió su crítica a los camaristas Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, quienes rechazaron sus apelaciones. En su oposición, Igounet afirma que los disparos partieron de los militantes del Partido Obrero y solicita allanamientos para sus miembros.
Estas peticiones ya han sido rechazadas en la instrucción. La jueza se basa en un dato objetivo: las pericias que constan en la causa afirman que no existe ningún indicio que haga sospechar la existencia de disparos que tengan como origen el sector de los tercerizados y el PO.
Estas pericias ni siquiera fueron cuestionadas por el mediático perito Locles, propuesto por Igounet, que fue separado de la causa por alterar pruebas tanto por la jueza como por los camaristas.
Las presentaciones de la defensa describen al Partido Obrero como una organización armada y presentan a la detención de los imputados como un operativo político contra "hombres de familia". Los antecedentes de Oscar Igounet le ponen un contexto a sus intervenciones. Fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak.
En su libro Código de Justicia Militar -Comentado (Librería del Jurista. Buenos Aires, 1985), firmado juntamente con su padre, general retirado del Ejército, defiende la disuasión por medio del terror. "Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra". Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Menem, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la Side. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer, detenido en el momento de cobrar 5.000 dólares por la extorsión a un comerciante.
Es miembro de la "Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia", que tiene como objetivo el reclamo de una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Integró el grupo enardecido que apoyó en el último año a los detenidos en la causa Esma durante todo el juicio. Este grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935.
Antes de Igounet, el defensor de Uño era Aráoz de La Madrid, quien está siendo investigado por intentar coimear a los jueces de Casación con el intermediario de Pedraza, Juan Riquelme, agente de la Side, a quien Pedraza le había solicitado, además, que use sus contactos en la curia.
Se ve que ambos abogados comparten sus relaciones y contactos.
Antes de asumir como defensor de los patoteros, su última actuación pública fue presentar una demanda en contra de unas fotografías de hombres y mujeres desnudos en el centro de Buenos Aires, tomada por el artista neoyorkino Spencer Tunick. Para Igounet, este acto "a pesar de tener entidad obscena y corruptora (...) contó con el apoyo y complicidad de la autoridad pública local".
La patota de Pedraza refleja en sus defensores la evolución política de esta burocracia.

Claudia Ferrero

Aníbal Fernández y la quema de vagones del Sarmiento

EL DIFAMADOR GANA TIEMPO

Ya pasaron cincuenta días desde que Aníbal Fernández se notificó de la demanda presentada por el PO en su contra, a raíz de las imputaciones que nos hiciera por haber "orquestado" la quema de trenes del ferrocarril Sarmiento. Antes, durante veinte meses, había estado esquivando los oficios enviados por el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 para notificarlo de la demanda. El funcionario registraba "domicilio desconocido". Después de haber acusado al PO con todo tipo de falsedades y con impudicia, y de que la justicia descartara por completo cada una de esas acusaciones falaces y mentirosas, el ministro se declaró "desaparecido" ante la Justicia durante varios meses.
Finalmente, los funcionarios judiciales lograron notificarlo en su domicilio laboral. Pero el difamador se toma su tiempo: cuenta, legamente, con sesenta días hábiles para responder a la demanda -y es de prever que se los tomará todos, hasta el último día. La velocidad fantástica con la que el jefe de Gabinete organiza intrigas por Twitter no rige a la hora de rendir cuentas sobre sus mentiras contra el PO, que fueran propaladas a través de una verdadera cadena nacional. A la luz de lo que acaba de ocurrir con la patota de Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano y dejó en coma a Elsa Rodríguez, así como también de la nueva agresión en Merlo contra los estudiantes del Profesorado, la operación quema de trenes organizada desde el gobierno contra el Partido Obrero cobra una nueva dimensión y un significado de relieve.

La ausencia de la menor evidencia contra el PO debería conducir a Fernández a una retractación pública, en nombre propio y del gobierno que conduce. En cambio, la mora de Fernández en dar explicaciones en sede judicial delata la acción de un conspirador contra las libertades democráticas y los derechos políticos, injertado en la cúspide del poder estatal. Él mismo ha construido una nueva "teoría de los dos demonios" en relación al crimen de Mariano Ferreyra, para corresponsabilizar a los ferroviarios tercerizados y al PO en un nuevo caso de calumnia ejercida con todo el peso y los medios del Estado.

A la par que denunciamos las nuevas maniobras del ministro, seguimos adelante con los juicios del PO y de José María Escobar contra el Estado Nacional, Fernández, el periodista Eduardo Feinmann y el canal C5N. Todos ellos deberán pagar con una condena el daño político ejercido, en forma coordinada, contra el PO, con el objetivo de encubrir a los vaciadores del Ferrocarril Sarmiento. Los mismos que integran, por otra parte, el armado empresario-mafioso que dio lugar a la Ugofe.

Otacehé va por todo

El 25 de marzo estuvieron presentes en las puertas de los tribunales de Morón, el Cuerpo de Delegados de Ecotrans, cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, AGD-UBA, la agrupación ferroviaria Obreros del Riel, la Junta interna Ate-Inta Castelar, Tribuna Docente y la Fuba, entre otros. Enviaron adhesiones militantes y organiciones de Merlo que han sido objeto de los ataques del intendente, entre ellos el cura Raúl Vila, el Dr. Alberto Chait del Hospital Héroes de Malvinas, Gustavo Becares (concejal por el ARI), docentes del CBC Merlo, la agrupación docente Agreta, los periodistas Marisol Vasquez y José Romano, los delegados del Suteba Merlo y el Partido Socialista de Merlo. También se pronunciaron la agrupación independiente de trabajadores aeronáuticos (AITA), Izquierda Socialista, Convergencia de Izquierda, Maximiliano Sous (director de Derechos Humanos de la municipalidad de Marcos Paz) y representantes de la Coalición Cívica, Libres del Sur, Nuevo Encuentro y PRO del consejo deliberante de Hurlingham.
 
Al finalizar la audiencia, realizamos un acto en las puertas de los tribunales en el que hablaron Nestor Pitrola, Ronald Armaza, la Dra. Rosana Mattarollo y el concejal de Merlo por Libres del Sur, Horacio Cepeda.  

 

En la audiencia de conciliación por el juicio de injurias del intendente de Merlo contra tres dirigentes del Partido Obrero (Pitrola, Ramal y Altamira), el acusador no se hizo, naturalmente, presente. La ausencia, inobjetable para los reglamentos, denuncia una conducta donde falta la franqueza. El apoderado que vino en su lugar es un funcionario pago del Municipio, lo que hace presumir que Othacehé no asume los costos de su procedimiento ante la Justicia. El sustituto vino acompañado por un policía uniformado de la Bonaerense, lo cual plantea algo más grave: uso de los fondos de otra institución y una suerte de intimidación contra los acusados y contra quienes se movilizaron en apoyo a ellos. Es incuestionable que Merlo no es una estancia, pero dudamos que Othacehé se haya dado cuenta.


Contra lo que es habitual, el apoderado no reclamó la rectificación de los acusados o una retractación. Othacehé quiere el juicio a como sea. Este embate se compadece con otras formas de aprietes a sindicatos y organizaciones populares del distrito, que se han acentuado en las últimas semanas. El retroceso de los K deja plantado un destino incierto para los intendentes, una brecha que éstos se apresuran a cerrar con eventuales cambios de alianzas y con el reforzamiento punteril de sus aparatos. El juicio contra el Partido Obrero (de esto se trata: del juicio contra una colectividad política) forma parte de un ataque general contra los derechos políticos y constitucionales en Merlo. Nadie ignora los vasos comunicantes que existen entre los llamados intendentes del conurbano y el Poder Judicial de la provincia, ni menos aún con los contratistas y concesionarios.


Altamira, en la audiencia, calificó a la acusación del intendente como una penalización de la actividad política y del derecho a la libre expresión de los partidos; como un régimen de gobierno con el Código Penal. A pesar de que no se le concedió el uso de la palabra, reclamó una modificación del borrador de acta de la audiencia, para subrayar que no estaban en juicio los términos atribuidos al Partido Obrero por parte de la acusación, sino el derecho del Partido Obrero y de sus militantes, así como de todos los partidos, a expresar sus opiniones y a fundamentarlas en análisis y caracterizaciones. Con más razón ahora, que la última reforma al Código elimina la tipología de delito que nos atribuye Othacehé.
No solamente Othacehé va por todo; nosotros también vamos por lo nuestro. El proceso judicial debe servir para hacer público aquello que no ha sido suficientemente expuesto y para denunciar los objetivos totalitarios de la gestión político-municipal de Merlo.

Jorge Altamira

 

 

Continúan las repercusiones

"Las camarillas que gobiernan buscan proteger sus negociados"

  Martes Marzo 2010

Entrevista con Néstor Pitrola, dirigente nacional del PO, querellado por Raúl Othacehé, a quien esa organización acusa de "criminalizar la actividad política" en Merlo. 

por Gustavo Mayares

El jueves 26 de marzo dio comienzo el juicio que el intendente Raúl Othacehé entabló contra los principales dirigentes nacionales del Partido Obrero: Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, quienes concurrieron al Tribunal Nº 2 de Morón para realizar sus primeras declaraciones, acompañados por un numeroso grupo de militantes de esa corriente.
Según se establece en la demanda, el jefe comunal de Merlo se sintió agraviado por un comunicado de prensa del PO, emitido el 30 de marzo de 2008, luego de los conocidos incidentes que protagonizaron los usuarios del FC Sarmiento en las estaciones de Castelar y Merlo, en el que se indica que Othacehé “ha impuesto un régimen de terror” en el distrito que conduce.
Sobre el proceso, Pitrola dijo a El diario que “ratificamos absolutamente todo lo que dijimos e iremos hasta el final con el juicio; buscamos la absolución porque estamos en la defensa de los derechos políticos y democráticos, no ya sólo de compañeros del Partido Obrero; porque se trata de una persecución política, de un presunto delito de opinión, e incluso nos juzgan por una ley que ya no existe más porque fue derogada: la injuria en el debate político ya no es considerada un delito penal”.
–¿Por qué los querella por “calumnias e injurias” el intendente de Merlo?
–Lo que ha hecho el Partido Obrero es denunciar los hechos objetivos de más de una década de una intendencia, la de Raúl Othacehé, que ha perseguido, ha reprimido, ha hecho víctimas de sus patotas, de sus punteros, con actos autoritarios de todo tipo, de corrupción, de persecución con volantes apócrifos que siguen saliendo hasta el día de hoy; maniobras típicas de inteligencia de un régimen represivo, autoritario, contra toda la oposición política y el movimiento popular de Merlo.
–Según se ha sabido, también sectores de la prensa habrían sufrido aprietes y amenazas por parte de grupos e individuos eventualmente vinculados con el gobierno o el justicialismo de Merlo.
–Sí. Incluso una abogada, Roxana Matarolo, hizo una larga exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tampoco los abogados pueden trabajar libremente en Merlo: sufren presiones si van a defender una causa que enfrenta el poder del Estado municipal, si denuncian su corrupción, sus negociados o cualquier otra cosa, siendo ello parte esencial de la defensa de los derechos populares, individuales y colectivos.
–Pero, según parece, esos no son casos aislados...
–No, porque está el caso de la concejal Márquez, en 1998, que denunció persecución y terminó suicidándose; el caso del doctor Guzmán Domínguez, que era director del Hospital Municipal de Merlo, que sufrió amenazas; el caso del sacerdote Raúl Vila, que está invitado a nuestra audiencia; lo de la abogada Roxana Matarolo, que tuvo que irse del distrito pero no lo hizo sin antes presentar esas denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; también las asambleas populares, en 2001 y 2002, que fueron atacadas sistemáticamente; el movimiento de los remiseros; los choferes 501, que salieron a luchar por sus puestos de trabajo y fueron brutalmente reprimidos por la policía en un distrito en que está manejada totalmente por Othacehé... Sin contar su aparato político que es omnipresente, porque interviene hasta en la última sociedad de fomento. En fin, Othacehé no tolera la oposición política.
–Entonces, ¿esta querella tiene más que ver con cuestiones políticas que con temas legales?
–Acá hay una batalla política de fondo, por eso nosotros hemos convocado y hemos tenido el apoyo de organizaciones obreras como el cuerpo de delegados ferroviarios y de Ecotrans, y de distintas expresiones políticas. Y vamos a llevar hasta el final esta causa.
–¿Usted cree que lo que se vive en Merlo se relaciona con la situación política nacional?
–Uno advierte que esta asimilación de Othacehé, que fue de Menem, fue de Duhalde y ahora es animador de la camarilla kirchnerista, tiene un hilo conductor muy grande en este autoritarismo; porque Kirchner acusó de infiltración a cualquier movimiento popular en su provincia (Santa Cruz) y, en esta horas, Daniel Scioli está haciendo lo mismo con la pueblada de Baradero, diciendo que hay infiltración política. Lo que pasa en Merlo es un reflejo de las camarillas que gobiernan, que buscan proteger sus negociados. En el caso de Othacehé, con Cirigliano, ya que la querella contra el PO tiene que ver con la revuelta popular por los trenes. Hay que hacer saltar por los aires esta pus, y por eso el PO está permanentemente impulsando en Merlo un frente de lucha por la democracia política en el distrito.

 Fuente: http://www.eldiariodemoron.com.ar/detalles.php?id=4838


 

Cobertura de la marcha al juzgado de Morón

Audiencia por el juicio que Otacehé inició contra Pitrola, Altamira y Ramal

17.56 / jueves / marzo 2010 

  Cerca de las 11 de la mañana una manifestación organizada por el Partido Obrero marcho desde plaza La Roche hasta los tribunales de Morón a la espera de la audiencia por calumnias e injurias que el intendente de Merlo, Raúl Otacehé, realizó sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, quienes denunciaron "el régimen de terror" que se vive en la comuna.

 

Desde el partido político de izquierda se sostuvo que “rechazan la persecución política que el intendente promueve”. Otacehé inició una causa judicial por calumnias a estos tres dirigentes del PO, los que denunciaron que en Merlo existen “amenazas telefónicas, panfletos y afiches difamatorios, golpizas por parte de patotas y barrabravas, persecuciones, y acoso policial” entre tantas otras prácticas.

“En realidad lo que se ha hecho es denunciar el carácter de persecución que contideanamente sufren los vecinos de Merlo” explicó en medio de la manifestación, Cristian Henkel, presiente de la FUBA y agregó que “como presidente de la FUBA tengo una causa abierta por el intento de cierre del CBC de Merlo”.

La sede de la UBA en Merlo se cerro de forma imprevista en 2008 dejando a 3500 alumnos sin poder cursar su cuatrimestre con normalidad.  “Hubo persecuciones de todo tipo sobretodo con los estudiantes del CBC que para defender su lugar de estudio tuvieron que enfrentarse a amenazas y una intimidación constante. Hay 10 estudiantes que hoy tienen una causa judicial abierta” explicó Henkel.

Por Sol Rial

Fuente: http://www.eldiariodemoron.com.ar/detalles.php?id=4796#

Pitrola en Canal 26

Son más de 15 minutos de charla con los periodistas de la tarde de canal 26 del día 23/3 previo a la marcha del 24 y del acto en el juzgado de Morón.

El video haciendo click acá.

Nestor Pitrola en otros medios

El compañero Nestor Pitrola agotó todas las posibilidades mediáticas a nuestro alcance para invitar a las organizaciones de derechos humanos, movimientos populares, comisiones internas, etc. a participar del apoyo a nuestra organización y a la libre expresión en nuestro distrito, para que "la opinión no sea delito" (como él lo indicó), este jueves 11hs en el Tribunal Oral nº 2 en Morón.


Aquí su recorrida por otros dos medios.

FM GBA (de Morón)

FM Moreno

Nestor Pitrola en FM Radio Ciudad

Querella de Otacehé, una manera de amordazar

Esta mañana el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola querellado por Raúl Otacehé (junto con otros dirigentes como Jorge Altamira y Marcelo Ramal) en su recorrida por los medios de la zona oeste hizo su aparición en el programa de noticias matutino Buenos días Ciudad de FM Radio Ciudad 91.1 de Merlo. "El pueblo se puso en pie por el estado de los trenes, todo esto derivo en que el Intendente Otacehé y el gobierno nacional inventaran una infiltración política que nunca pudieron probar. El compañero docente nuestro que fuera individualizado por el gobierno nunca fue citado por el juez”, puntualizó Pitrola. “El PO denunció los métodos de Otacehé que mandó matones como siempre y él nos ha iniciado a nosotros un juicio por denunciar el régimen que se vive en Merlo de persecución política, de patotas, de represión a los movimientos populares”, denunció. “Es también una manera de amordazar…con el peso del aparato del estado”.

Además remarcó que “ha sido derogada la ley que establecía la denuncia por calumnias e injurias en el caso de la discusión política, el PO apoyó esto, es decir nos están juzgando por una ley que ya no rige”.

Los esperamos a todos los movimientos de derechos humanos, movimientos populares y organizaciones políticas en el juzgado nº 2 de Morón (Almirante Brown y Colón) el jueves 25 a las 11 hs. Buscamos la solidaridad de todos ustedes para la “defensa de las libertades políticas del distrito” como lo indicó Néstor Pitrola. 

Escuchalo 

Dirigentes del PO, querellados por Othacehé

Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, en base a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero el 30 de marzo de 2008 titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero, ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”.

La frase por la que el intendente Othacehé se siente agraviado es por la denuncia de que “ha impuesto un régimen de terror”.
Es clara la persecución política. No es un ataque aislado contra los tres dirigentes denunciados, sino que constituye un nuevo ataque a la organización del Partido Obrero y en particular su agitación, organización y denuncia sistemática en el partido de Merlo. La intención no es otra que mantener, precisamente, un régimen de terror, esta vez buscando amordazar las opiniones políticas de oposición a través de una causa penal.
En definitiva, lo que difiere es el método, no la finalidad.
Se le está requiriendo al Poder Judicial, a través de la Justicia Penal, que se aparte de la defensa del sistema republicano y el estado de derecho, otorgándole un instrumento de represión directa a las ideas y desarrollo político de la oposición.
Llamamos a la Multisectorial de Merlo, que ya ha levantado su voz contra los avasallamientos en el municipio, a los trabajadores y estudiantes, víctimas diarias de patotas y aprietes, a poner en pie una gran campaña de repudio contra esta persecución penal de la expresión de las ideas de un partido político.
El 25 de marzo, a las 11 horas, hay una cita de honor en el Tribunal Oral Nº 2 de Morón, acompañando a los “acusados” Altamira, Pitrola y Ramal, a ratificar ante Othacehé la voluntad de no admitir “aprietes”, legales ni ilegales.

Claudia Ferrero (Apel)