Scioli aprecia los métodos de Otacehé

Alfil de Otacehé en la seguridad del fútbol

Hasta hace poco Luis Morales era responsable del Consejo de Seguridad Distrital en Merlo. Ahora asume el nuevo organismo de seguridad en el fútbol -en reemplazo del Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede)-: la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), que dependerá de la Secretaría de Deportes. Este organismo estará compuesto por un representante de la AFA, uno de cada cámara legislativa, uno de la Policía y Morales.

Scioli intenta frenar la violencia en el fútbol, que en este medio año ¡ya se llevó ocho vidas!; demuestra la ineficacia del invento Coprosede y trata de sanar las heridas políticas que le provoca la “inseguridad” en el fútbol.

La interna sciolismo-kirchnerismo se está empezando a disputar a los barones del conurbano. Othacehé tiene una tramposa habilidad para nunca quedar en offside: suele no posicionarse ni de un lado, ni del otro. En las unidades básicas donde decía: “Cristina-Scioli-Othacehé” agregaron, con otra letra,: “Mariotto”. Scioli, con la designación de Morales, no hace más que elegir diferentes carnadas para su anzuelo, alguna picará.

Morales tiene en su curriculum ser abogado, hijo de un ex concejal, director del programa de capacitación y formación de la Policía provincial y último jefe del Consejo de Seguridad Distrital (cargo que ocupó Osvaldo Seisdedos en 2008, policía exonerado por Solá y por Arslanián, denunciado por apremios ilegales por su colaboración en la dictadura militar). Para solucionar la “seguridad” en el fútbol, Morales tendrá que perseguir a los barrabravas, que generan la violencia y los negociados, que tienen un carácter mercenario, que se organizan como patotas para fines políticos o sindicales, como en el caso de Mariano Ferreyra. El grave problema es que Morales convive con -y avala desde hace años- esos métodos othacehistas en Merlo.

Cristian Franco

La UCR bonaerense y los fondos del Instituto de Previsión Social

El bloque de diputados de la UCR de la Legislatura bonaerense pretende imponer un proyecto de ley por el cual los fondos superavitarios del IPS (alrededor de 20 mil millones de pesos, sólo la caja docente posee 16.500 millones) podrían ser utilizados para la refacción, ampliación o construcción de viviendas. El propósito del proyecto radical sería otorgar créditos para tal fin a los aportantes del IPS, a devolver como máximo en 240 meses a partir de un descuento salarial de no más del 20%, es decir entre 800 y 1.000 pesos mensuales si consideramos el salario de un docente con doble cargo. Habría una comisión intersectorial de seguimiento formada por el círculo de oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense, de cada organización sindical (la burocracia), los diversos bloques legislativos y la Defensoría del Pueblo -por cierto nada confiable.
Ahora bien, resulta que el Estado provincial ha sido autorizado por el presupuesto 2011, votado en la Legislatura, a cancelar deudas por 2.400 millones de pesos y a endeudarse por 8.600 millones más, en condiciones en las que la provincia tiene un stock acumulado de deuda pública de 47.000 millones de pesos. En principio, la provincia acaba de comprar deuda por 750 millones de dólares emitiendo un bono a diez años, una obligación regida por la ley norteamericana y cuya tasa de interés anual asciende a 11,25%, lo que quiere decir que en diez años la devolución será más del doble que el dinero prestado (1.590 millones de dólares). Hay que enfatizar sobre el hecho de que el gobierno Scioli se vale de una ley sancionada en 2009, por la que el Estado puede apropiarse del dinero de los fondos del IPS para sus gastos -esto en el contexto de endeudamiento creciente del Estado provincial y de su hipotecamiento. Bajo estas condiciones, el proyecto de la UCR debe ser considerado sospechoso, en la medida en que la economía de la provincia está sufriendo un endeudamiento sometido a la ley norteamericana y a sus jueces. Ese dinero, por lo tanto, aunque se señale destinado a la vivienda, puede ser una vía -y, de hecho, lo será- de satisfacer la deuda usuraria provincial.
Bajo otras condiciones -es decir: de ruptura con la banca internacional, de repudio al pago de la deuda mencionada y del no pago de las comisiones a los bancos agente (gestores del préstamo), entre ellos Merryl Lynch, Bank of America y la calificadora de riesgo Standard & Poors, así como también de la supresión de los impuestos al consumo y al salario, además de la imposición de un impuesto a las grandes capitalistas y que la dirección del IPS esté bajo la dirección de los activos y jubilados y no de una burocracia de funcionarios al servicio del gran capital-, tal plan de viviendas sería viable, pero ahora es una trampa que los trabajadores estatales bonaerenses deben rechazar.

R.G.