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jueves, 6 de octubre de 2011

Othacehé defiende a TBA y ataca a los ferroviarios

El 30 de septiembre, en el marco de la detención y encarcelamiento de Sobrero, desde la más alta cúpula del poder local de Merlo se emprendió un armado de "seguridad" para estar "alertas" ante la movilización de los trabajadores que se manifiesten por la libertad del compañero. Con personal de la Gendarmería y de la policía principalmente. No nos sorprende, ya que Othacehé defiende a rajatabla los intereses de los Cirigliano y TBA, privilegiando intereses y lucro empresarial a costa del desmantelamiento del ferrocarril.
Mientras tanto seguimos viajando como ganado, hasta con saldo de muertes, como en Flores. En el mismo sentido dirigen un ataque puntilloso hacia el Partido Obrero: en un medio local (véase en http://laverdadperiodico.com.ar/audios/situacion-TBA.mp3) el secretario municipal, Ricardo Giacomino, vuelve a responsabilizar al Partido Obrero de la quema de trenes del año 2008 sin ninguna prueba que lo verifique. En el marco de la campaña electoral, su ataque apunta al Frente de Izquierda, la única fuerza política que plantea que los trenes se tienen que nacionalizar bajo control de los propios trabajadores y frenar el robo y saqueo de TBA en el Sarmiento.
Las difamaciones y denuncias falsas del poder local, tienen paralelo con el ataque del kirchnerismo al movimiento obrero clasista, que pretende recuperar los sindicatos de la burocracia sindical: los trabajadores de la línea 60, los trabajadores del subte, y ahora los ferroviarios del Sarmiento. De Othacehé es harto conocido para los merlenses la represión, difamación y ataque a cualquier tipo de organización independiente, se suman a esta cruzada contra los que luchan: el kirchnerismo que ya no puede alegar al "fantasma de la derecha". Se cae de maduro para todos: son ellos los que se alejan del "centro" y se desplazan hacia la derecha.

Mauro

domingo, 9 de mayo de 2010

Reafirmamos: un régimen de terror en Merlo

 

Defendamos las libertades democráticas

La semana pasada, una delegación del Partido Obrero se hizo presente en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, realizada en el municipio de Merlo para denunciar un nuevo hecho represivo del intendente Othacehé y tomar las diversas denuncias de persecución.
En las semanas previas, un nuevo ataque a los derechos políticos en el distrito terminó con la suspensión del concejal por Libres del Sur, Horacio Cepeda, de sus funciones en el Concejo Deliberante.
En el transcurso de la reunión, José María Escobar y Néstor Pitrola, además de reclamar la restitución inmediata del concejal, expusieron la persecución y la difamación que recae sobre el Partido Obrero por parte del intendente Othacehé. Desde la acusación a Escobar por la quema de trenes en el ex ferrocarril Sarmiento, hasta la demanda que inicia Othacehé contra Altamira, Ramal y Pitrola, como responsables del Partido Obrero, por haber señalado en un comunicado de prensa que el intendente había impuesto un régimen de terror en Merlo.
Los relatos escalofriantes expuestos por periodistas, militantes populares, dirigentes políticos, abogados y vecinos del barrio dan cuenta de que no habíamos exagerado, ya que allí las libertades de expresión y opinión están suprimidas a punta de pistola. Autos sin patentes con “gente de civil” son utilizados para amenazar, aterrar, torturar y perseguir a toda persona que denuncie los negociados y corrupción en el municipio o que opine diferente al intendente Othacehé. Marisol Vázquez y su marido, periodistas independientes, dieron testimonio de ello y denunciaron que detrás de las intimidaciones no sólo está el amordazamiento a voces opositoras, sino que está la defensa de un régimen de negociados y prebendas. La abogada Rosana Mattarollo, defensora de un sin número de causas sociales por lo que es perseguida en el distrito, mostró a todos los presentes una enormidad de volantes “anónimos” que funcionan como una campaña de desprestigio sobre las personas u organizaciones políticas opositoras. Una delegación de la Fuba también estuvo presente denunciando la reapertura reciente de sus causas por defender el CBC Merlo.
El mismo modus operandi se ha utilizado a lo largo de toda la intendencia de Othacehé. Sólo para dar algunos ejemplos: Emilio Castelvi fue periodista de Radio Ciudad de Merlo entre 1989 y 1996. Según informes, luego de haber hecho denuncias de coimas del poder político hacia intendentes y policías, fue golpeado y amenazado con prenderle fuego a su familia. Luego, Castelvi fue secuestrado y torturado, y en 1997 tuvo que exiliarse. En 2007 secuestraron a la hija de Carmen Villafañe (militante barrial), quemándola con colillas de cigarrillo, mientras la “paseaban” en un auto con los ojos vendados. Los métodos de la dictadura militar. Sobre Othacehé recaen más de 30 causas abiertas en los tribunales de Morón por intentos de asesinato, amenazas, abuso de autoridad e intimidaciones.
No hay que olvidar que Othacehé pasó de ser un simple empleado municipal a ascender a la Asesoría Letrada de la Municipalidad tras el golpe del ’76. Según los relatos de los opositores de ese momento, Othacehé habría decretado cesantías amparado en la Ley de Prescindibilidad, ley que fue utilizada para perseguir a militantes de izquierda. A esta altura, hay que decir que la Presidenta de los “derechos humanos”, Cristina Kirchner, mantiene a Othacehé como uno de sus aliados más importantes. Varios actos políticos dan cuenta de esto.
En el cierre de la actividad, el Partido Obrero propuso profundizar la unidad política y de acción para enfrentar la persecución y la supresión de las libertades democráticas en el distrito, montando una gran campaña de difusión sobre los vecinos y haciendo conocer esta situación en el resto de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Mariela Solesio

Aníbal Fernández prófugo: la Justicia no logra dar con su paradero

 

Debe intervenir la fuerza pública

Transcurridos varios meses, todos los intentos por notificarle al jefe de Gabinete sobre la demanda que el Partido Obrero ha presentado contra él y contra el Estado nacional han sido inútiles. Como se recordará, en marzo de 2008, el Partido Obrero fue blanco de un ataque por parte del gobierno nacional y del que le adjudicaba una responsabilidad en la quema de vagones del tren Sarmiento. El Partido Obrero inició un juicio por esta difamación contra el Estado nacional, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el canal de televisión C5N y su vocero, Eduardo Feinmann.
Estamos en presencia de un caso inusitado, pues de lo expuesto se concluye que el paradero, ni más ni menos que del jefe de Gabinete nacional es... ¡desconocido! Las cédulas de notificación enviadas por la Justicia a diferentes domicilios vinculados a su persona han tenido siempre el mismo resultado: han rebotado y vuelto al juzgado. Este modus operandi es propio del accionar delictivo.
Muy distinta fue la conducta del Partido Obrero y de José Maria Escobar (militante de Merlo) ante la acusación del gobierno y de C5N, pues inmediatamente se pusieron a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los episodios. El juez de Morón interviniente en la causa, transcurrido un año y medio de los hechos, no logró reunir ninguna evidencia para formular cargos contra nosotros. El juez ni siquiera consideró que hubiera razón para que fuéramos interrogados. El gobierno nacional no presentó la menor prueba, pese a que fue intimado a hacerlo varias veces por el juzgado.
Queda claro que las calumnias fueron un operativo artero y premeditado del aparato del Estado para demoler moral y políticamente, ante la opinión pública, a un partido de principios socialistas como es el Partido Obrero. En otros sistemas jurídicos, este delito es calificado como “asesinato de personalidad”. Cuando Feinman compareció ante la Justicia, ofreció una módica indemnización en dinero, en lo que ha sido un reconocimiento de su acción delictiva.
En paralelo a esta ofensiva del gobierno nacional, Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, debido a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero durante el día de los incidentes, titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”, en el que se responsabilizaba también a Othacehé por su connivencia con los empresarios de transporte, entre los cuales se encuentra, precisamente, el grupo Cirigliano, que gestiona el Sarmiento.
Este grupo económico acaba de ser vinculado por las investigaciones judiciales con las estafas económicas del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En resumen, el jefe de Gabinete dedica una parte de su tiempo a esquivar las citaciones judiciales, con la expectativa de evitar una condena judicial por cansancio. Semejante irregularidad es una falta alevosa a los deberes de funcionario público y debería merecer que algún juez actúe de oficio en esta circunstancia. Debería promoverse la intervención de la fuerza pública para hacerlo comparecer por la fuerza y obligarlo a que establezca un domicilio fehaciente. Nosotros empezaremos una campaña para dar con el paradero del prófugo.

Pablo Heller

jueves, 25 de marzo de 2010

Cobertura de la marcha al juzgado de Morón

Audiencia por el juicio que Otacehé inició contra Pitrola, Altamira y Ramal

17.56 / jueves / marzo 2010 

  Cerca de las 11 de la mañana una manifestación organizada por el Partido Obrero marcho desde plaza La Roche hasta los tribunales de Morón a la espera de la audiencia por calumnias e injurias que el intendente de Merlo, Raúl Otacehé, realizó sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, quienes denunciaron "el régimen de terror" que se vive en la comuna.
 
Desde el partido político de izquierda se sostuvo que “rechazan la persecución política que el intendente promueve”. Otacehé inició una causa judicial por calumnias a estos tres dirigentes del PO, los que denunciaron que en Merlo existen “amenazas telefónicas, panfletos y afiches difamatorios, golpizas por parte de patotas y barrabravas, persecuciones, y acoso policial” entre tantas otras prácticas.
“En realidad lo que se ha hecho es denunciar el carácter de persecución que contideanamente sufren los vecinos de Merlo” explicó en medio de la manifestación, Cristian Henkel, presiente de la FUBA y agregó que “como presidente de la FUBA tengo una causa abierta por el intento de cierre del CBC de Merlo”.
La sede de la UBA en Merlo se cerro de forma imprevista en 2008 dejando a 3500 alumnos sin poder cursar su cuatrimestre con normalidad.  “Hubo persecuciones de todo tipo sobretodo con los estudiantes del CBC que para defender su lugar de estudio tuvieron que enfrentarse a amenazas y una intimidación constante. Hay 10 estudiantes que hoy tienen una causa judicial abierta” explicó Henkel.

martes, 23 de marzo de 2010

Nestor Pitrola en otros medios

El compañero Nestor Pitrola agotó todas las posibilidades mediáticas a nuestro alcance para invitar a las organizaciones de derechos humanos, movimientos populares, comisiones internas, etc. a participar del apoyo a nuestra organización y a la libre expresión en nuestro distrito, para que "la opinión no sea delito" (como él lo indicó), este jueves 11hs en el Tribunal Oral nº 2 en Morón.


Aquí su recorrida por otros dos medios.

FM GBA (de Morón)




FM Moreno

Nestor Pitrola en FM Radio Ciudad



Querella de Otacehé, una manera de amordazar


Esta mañana el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola querellado por Raúl Otacehé (junto con otros dirigentes como Jorge Altamira y Marcelo Ramal) en su recorrida por los medios de la zona oeste hizo su aparición en el programa de noticias matutino Buenos días Ciudad de FM Radio Ciudad 91.1 de Merlo. "El pueblo se puso en pie por el estado de los trenes, todo esto derivo en que el Intendente Otacehé y el gobierno nacional inventaran una infiltración política que nunca pudieron probar. El compañero docente nuestro que fuera individualizado por el gobierno nunca fue citado por el juez”, puntualizó Pitrola. “El PO denunció los métodos de Otacehé que mandó matones como siempre y él nos ha iniciado a nosotros un juicio por denunciar el régimen que se vive en Merlo de persecución política, de patotas, de represión a los movimientos populares”, denunció. “Es también una manera de amordazar…con el peso del aparato del estado”.

Además remarcó que “ha sido derogada la ley que establecía la denuncia por calumnias e injurias en el caso de la discusión política, el PO apoyó esto, es decir nos están juzgando por una ley que ya no rige”.

Los esperamos a todos los movimientos de derechos humanos, movimientos populares y organizaciones políticas en el juzgado nº 2 de Morón (Almirante Brown y Colón) el jueves 25 a las 11 hs. Buscamos la solidaridad de todos ustedes para la “defensa de las libertades políticas del distrito” como lo indicó Néstor Pitrola. 


Escuchalo 


jueves, 11 de septiembre de 2008

El Partido Obrero, ante la rebelión de Merlo y Castelar

El grupo Cirigliano, peor que Marsans

La población de la zona Oeste se ha levantado contra el vaciamiento de TBA a manos del grupo Cirigliano. El Partido Obrero se solidariza con esta rebelión popular.

Frente a las acusaciones formuladas por el ministro del Interior que responsabiliza a nuestro Partido por los episodios del día de hoy, señalamos que es la actitud habitual y permanente del gobierno nacional, que pretende tapar su responsabilidad en el colapso en que se encuentra el transporte y presentar como una conspiración lo que no es otra cosa que una legítima protesta y reacción popular.

El estado deplorable en que se encuentran el ferrocarril y el transporte urbano es responsabilidad de Cirigliano y de su grupo económico, así como también de las camarillas nacionales -encabezadas por Randazzo y De Vido-, provinciales y municipales -en primer lugar de Othacehé.

Cirigliano recibe millonarios subsidios por TBA y no invierte un centavo para mejorar el funcionamiento de los trenes. También percibe enormes recursos en Emfer para las reparaciones de trenes, donde tampoco invierte pero, además, despide trabajadores. La misma política de despidos y vaciamiento sigue en sus líneas de colectivos del grupo Plaza. Los desfalcos de Cirigliano son incluso peores a los perpetrados por Marsans en Aerolíneas y Austral.

El derrumbe de TBA demuestra que las "estatizaciones" ferroviarias kirchneristas sólo fueron la coartada en nuevas concesiones leoninas, en favor de la "burguesía nacional" amiga del gobierno.

Planteamos:

Anulación de todas las concesiones a Cirigliano, investigación de sus desfalcos contra el Estado, los trabajadores y los usuarios. Impulsamos una asamblea popular de la zona Oeste para que el pueblo tome en sus manos la gestión del transporte público, su reconstrucción e integración de los servicios de ferrocarriles y colectivos.

Denunciamos que el intendente de Merlo actúa en connivencia con Cirigliano y las patronales del transporte. Othacehé ha impuesto un régimen de terror y quiere valerse de estos acontecimientos para reforzar estos métodos de intidimación. Denunciamos al intendente, quien no ha vacilado en sacar sus patotas a la calle para reprimir a manifestantes, varios de los cuales están hospitalizados.

Responsabilizamos al ministro del Interior y a Othacehé por estos episodios. Reclamamos la libertad de todos los detenidos y el esclarecimiento y castigo a los responsables.