En la audiencia de conciliación por el juicio de injurias del intendente de Merlo contra tres dirigentes del Partido Obrero (Pitrola, Ramal y Altamira), el acusador no se hizo, naturalmente, presente. La ausencia, inobjetable para los reglamentos, denuncia una conducta donde falta la franqueza. El apoderado que vino en su lugar es un funcionario pago del Municipio, lo que hace presumir que Othacehé no asume los costos de su procedimiento ante la Justicia. El sustituto vino acompañado por un policía uniformado de la Bonaerense, lo cual plantea algo más grave: uso de los fondos de otra institución y una suerte de intimidación contra los acusados y contra quienes se movilizaron en apoyo a ellos. Es incuestionable que Merlo no es una estancia, pero dudamos que Othacehé se haya dado cuenta.
Contra lo que es habitual, el apoderado no reclamó la rectificación de los acusados o una retractación. Othacehé quiere el juicio a como sea. Este embate se compadece con otras formas de aprietes a sindicatos y organizaciones populares del distrito, que se han acentuado en las últimas semanas. El retroceso de los K deja plantado un destino incierto para los intendentes, una brecha que éstos se apresuran a cerrar con eventuales cambios de alianzas y con el reforzamiento punteril de sus aparatos. El juicio contra el Partido Obrero (de esto se trata: del juicio contra una colectividad política) forma parte de un ataque general contra los derechos políticos y constitucionales en Merlo. Nadie ignora los vasos comunicantes que existen entre los llamados intendentes del conurbano y el Poder Judicial de la provincia, ni menos aún con los contratistas y concesionarios.
Altamira, en la audiencia, calificó a la acusación del intendente como una penalización de la actividad política y del derecho a la libre expresión de los partidos; como un régimen de gobierno con el Código Penal. A pesar de que no se le concedió el uso de la palabra, reclamó una modificación del borrador de acta de la audiencia, para subrayar que no estaban en juicio los términos atribuidos al Partido Obrero por parte de la acusación, sino el derecho del Partido Obrero y de sus militantes, así como de todos los partidos, a expresar sus opiniones y a fundamentarlas en análisis y caracterizaciones. Con más razón ahora, que la última reforma al Código elimina la tipología de delito que nos atribuye Othacehé.
No solamente Othacehé va por todo; nosotros también vamos por lo nuestro. El proceso judicial debe servir para hacer público aquello que no ha sido suficientemente expuesto y para denunciar los objetivos totalitarios de la gestión político-municipal de Merlo.
Contra lo que es habitual, el apoderado no reclamó la rectificación de los acusados o una retractación. Othacehé quiere el juicio a como sea. Este embate se compadece con otras formas de aprietes a sindicatos y organizaciones populares del distrito, que se han acentuado en las últimas semanas. El retroceso de los K deja plantado un destino incierto para los intendentes, una brecha que éstos se apresuran a cerrar con eventuales cambios de alianzas y con el reforzamiento punteril de sus aparatos. El juicio contra el Partido Obrero (de esto se trata: del juicio contra una colectividad política) forma parte de un ataque general contra los derechos políticos y constitucionales en Merlo. Nadie ignora los vasos comunicantes que existen entre los llamados intendentes del conurbano y el Poder Judicial de la provincia, ni menos aún con los contratistas y concesionarios.
Altamira, en la audiencia, calificó a la acusación del intendente como una penalización de la actividad política y del derecho a la libre expresión de los partidos; como un régimen de gobierno con el Código Penal. A pesar de que no se le concedió el uso de la palabra, reclamó una modificación del borrador de acta de la audiencia, para subrayar que no estaban en juicio los términos atribuidos al Partido Obrero por parte de la acusación, sino el derecho del Partido Obrero y de sus militantes, así como de todos los partidos, a expresar sus opiniones y a fundamentarlas en análisis y caracterizaciones. Con más razón ahora, que la última reforma al Código elimina la tipología de delito que nos atribuye Othacehé.
No solamente Othacehé va por todo; nosotros también vamos por lo nuestro. El proceso judicial debe servir para hacer público aquello que no ha sido suficientemente expuesto y para denunciar los objetivos totalitarios de la gestión político-municipal de Merlo.
por Gustavo Mayares
