Pedraza debe seguir preso, Pedraza debe ser condenado

A pesar del convencimiento del abogado defensor del ex secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, acerca de que su defendido "pasará las Fiestas en su casa", no hay ninguna razón para que el jefe del plan criminal que terminó con la vida de Mariano Ferreyra deje de estar preso.
En primer lugar, José Pedraza será indagado el próximo 16 de diciembre en la causa que investiga, entre otros, a los jueces de la Cámara de Casación Penal. Se trata de la tentativa de coima dirigida, precisamente, a lograr la excarcelación y revocatoria del procesamiento de los primeros siete detenidos por el crimen de Ferreyra.
De este hecho existen abundantes pruebas, como las escuchas de Pedraza pidiéndole el dinero para los eventuales sobornos al Vice-Presidente de Belgrano Cargas y contador de la UF, el Sr. Stafforini.
La legislación rechaza cualquier excarcelación en favor de quienes puedan "obstruir el proceso judicial o realizar acciones tendientes a impedir el accionar judicial". Esto es lo que hizo Pedraza mientras estuvo libre: repartió su tiempo en tratar de coimear a camaristas, además de organizar reuniones y asambleas con miembros de su patota y el abogado de la Unión Ferroviaria, para regimentar sus posibles declaraciones ante la Justicia. A esto es necesario agregar, en estos días, las denuncias de un testigo -e incluso de nuevos "arrepentidos"- acerca de golpizas y secuestros que sufrieron por parte de elementos ligados a Pedraza.
No se nos escapa, además, que el abogado de Pedraza ha presentado las acusaciones contra su defendido como un "delito culposo" (no intencional); con lo cual pretende crear la idea de una injusta detención, cuando en realidad la causa fue elevada a juicio por Homicidio Agravado y Tentativa de Homicidio en tres casos -todos delitos dolosos- y con una perspectiva de pena de perpetua. Los jueces deberán expedirse sobre la excarcelación teniendo en cuenta la figura penal por la que fueron procesados y elevados a juicio, no por la que la defensa pretende argumentar.
Pero este pronunciamiento es revelador de las intenciones de fondo de esta escalada mediática: no sólo quieren la excarcelación, también van por una absolución o una pena menor en el juicio que debe comenzar en febrero. En esta misma dirección, se inscribe la separación de la causa principal de las acusaciones contra los policías implicados y la dilación de sus defensas para evitar llegar a su elevación.
Por su intensa actividad para obstruir la justicia, Pedraza debe seguir preso.
Por haber comandado el plan criminal contra los tercerizados y quienes los acompañaban, Pedraza debe ser condenado a perpetua. Reclamamos la unificación de las causas que involucran a la patota y a la policía en un proceso común, en el cual se debe procesar también a los empresarios de la Ugofe, quienes aún no han sido imputados.

Claudia Ferrero

UN CANDIDATO DE PEDRAZA EN LA CIUDAD

El martes pasado, la jueza Vilma López elevó la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra a juicio oral y público con las pruebas que ameritan la condena de Pedraza y la patota. El sábado previo, la Presidenta indicó con su dedo que el ministro Carlos Tomada fuera candidato a vicejefe de Gobierno de la Ciudad, aunque figura en las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza conspirando con Pedraza -tres meses después del crimen de Mariano- para derrotar a los tercerizados y fortalecer la conducción de la patota en la Unión Ferroviaria.
Tres domingos antes de la nominación de Tomada, el Rasputín de la Rosada, Horacio Verbitsky, indignado en apariencia por esas escuchas telefónicas, se creyó con autoridad para vetar a Tomada, quien en aquel momento disputaba la candidatura a jefe de Gobierno con Boudou y con Filmus.
La Presidenta conoce perfectamente todo esto, lo mismo que Filmus y los demás candidatos del Frente para la Victoria.
Tomada ha sido abogado laboral de Pedraza y de otros numerosos burócratas sindicales. Su candidatura es un respaldo político a la burocracia sindical que, como Pedraza, se ha convertido en empresaria e incluso en explotadora de los trabajadores de su propio sindicato.
Los capitalistas y el Estado necesitan a la burocracia sindical para regimentar la organización de los trabajadores -como lo han vuelto a mostrar las recientes paritarias, que se han firmado a espaldas de las bases y en función de los topes dictados en la Rosada.
El derechista Macri y el progresista Solanas no han visto la necesidad de decir nada sobre este hecho; después de todo, aseguran que su finalidad es ‘consensuar' con el gobierno nacional y poner fin a los ‘desencuentros'.
¿La Presidenta se contradice con esta nominación dedocrática? De ningún modo: está enviando a la Gendarmería a reprimir a los docentes, petroleros y desocupados de Santa Cruz cuando hubiera podido hacer algo más saludable, como reunir a la paritaria docente (un derecho de los trabajadores de la educación) y no obstruir la decisión que tomaron los petroleros de elegir su propia dirección sindical.
Que los activistas y luchadores tomen nota de lo que ocurre, que reflexionen sobre esto y que, naturalmente, saquen sus conclusiones.
Así lo vemos desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

El prontuario de la defensa de la patota de Pedraza

Pedraza, a juicio oral

La jueza Wilma López acaba de cerrar la instrucción respecto de Pedraza y su patota, elevándolo para que se sortee el tribunal que intervendrá en el juicio oral.
Antes de ello, las defensas de los imputados intentaron oponerse a la elevación a juicio y solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos, planteando que no deben ser acusados por homicidio agravado, porque las pericias probarían que la bala asesina fue resultado de un "rebote" y no de la intención de matar.
Es frondosa, sin embargo, la jurisprudencia que sostiene la existencia de la intención de matar cuando una persona dispara sobre un número de personas desarmadas, incluso sin la necesidad que exista como consecuencia de esos disparos un muerto o una persona lesionada de gravedad y dos heridos más como consecuencia de esos disparos -como ha ocurrido en este caso.
Esta línea de defensa refleja su debilidad, ya que no puede negar ni el plan criminal ni la movilización de barra-bravas que integran la estructura de la burocracia sindical, convocadas expresamente para ‘aleccionar' a los tercerizados, ni que llevaron armas al lugar ni que hubo una orden para usarlas, ni que la motivación era garantizar el poder político y económico de los Pedraza y compañía.
A esta línea general de la defensa se agrega el Dr. Oscar Igounet, defensor del acusado Uño, quien acusó en Casación a la ex fiscal Cammaño por "presionar a la Gendarmería", calificó a los fallos de la jueza Wilma López de "vergonzosa por arbitraria, soberbia, dogmática y mentirosa" y extendió su crítica a los camaristas Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, quienes rechazaron sus apelaciones. En su oposición, Igounet afirma que los disparos partieron de los militantes del Partido Obrero y solicita allanamientos para sus miembros.
Estas peticiones ya han sido rechazadas en la instrucción. La jueza se basa en un dato objetivo: las pericias que constan en la causa afirman que no existe ningún indicio que haga sospechar la existencia de disparos que tengan como origen el sector de los tercerizados y el PO.
Estas pericias ni siquiera fueron cuestionadas por el mediático perito Locles, propuesto por Igounet, que fue separado de la causa por alterar pruebas tanto por la jueza como por los camaristas.
Las presentaciones de la defensa describen al Partido Obrero como una organización armada y presentan a la detención de los imputados como un operativo político contra "hombres de familia". Los antecedentes de Oscar Igounet le ponen un contexto a sus intervenciones. Fue defensor del ex capitán Rafael López Fader por su participación en el primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak.
En su libro Código de Justicia Militar -Comentado (Librería del Jurista. Buenos Aires, 1985), firmado juntamente con su padre, general retirado del Ejército, defiende la disuasión por medio del terror. "Manejando estratégicamente este condicionante del psiquismo, podrá conseguirse que el enemigo se desbande por pánico. Así es la guerra". Usó la influencia de su hermano, edecán militar de Menem, para lograr un indulto presidencial para López Fader, quien además fue contratado por la Side. También defendió al militar carapintada Héctor Daniel Ferrer, detenido en el momento de cobrar 5.000 dólares por la extorsión a un comerciante.
Es miembro de la "Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia", que tiene como objetivo el reclamo de una amnistía y niega los principios del derecho internacional sobre crímenes de lesa humanidad. Integró el grupo enardecido que apoyó en el último año a los detenidos en la causa Esma durante todo el juicio. Este grupo de presión fue gestado por la Corporación de Abogados Católicos, creada por el Arzobispado de Buenos Aires en 1935.
Antes de Igounet, el defensor de Uño era Aráoz de La Madrid, quien está siendo investigado por intentar coimear a los jueces de Casación con el intermediario de Pedraza, Juan Riquelme, agente de la Side, a quien Pedraza le había solicitado, además, que use sus contactos en la curia.
Se ve que ambos abogados comparten sus relaciones y contactos.
Antes de asumir como defensor de los patoteros, su última actuación pública fue presentar una demanda en contra de unas fotografías de hombres y mujeres desnudos en el centro de Buenos Aires, tomada por el artista neoyorkino Spencer Tunick. Para Igounet, este acto "a pesar de tener entidad obscena y corruptora (...) contó con el apoyo y complicidad de la autoridad pública local".
La patota de Pedraza refleja en sus defensores la evolución política de esta burocracia.

Claudia Ferrero

CONFERENCIA DE GARRE: UN ACTO DE FALSIFICACION POLITICA

El Partido Obrero presentará una causa penal contra la Ministra

 

La conferencia de la ministra Garré ha sido un verdadero papelón. Había prometido aportar datos sobre la supuesta participación del Partido Obrero en los incidentes de Constitución. Como era previsible,  no pudo mostrar absolutamente nada. Por el contrario, urdió una falsificación política para confundir a la población, imputar a nuestro partido y ocultar la responsabilidad de la patota ferroviaria en los incidentes producidos en la estación Constitución. Por esta razón, en las próximas horas, el Partido Obrero realizará una presentación penal contra la ministra Garré por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

Las falsedades de la ministra nos obligan a  las siguientes precisiones:

 

1. En el primer tramo de su alocución exhibió fotos que dan cuenta del estado de deterioro del ferrocarril Roca. Este verdadero “Cromagnon ferroviario” es responsabilidad directa de la empresa UGOFE y del gobierno. La ministra informó que una vez concluido el corte, 50 técnicos verificaron el estado de las vías pero no informó de ningún desperfecto ni daño, lo que tira abajo las denuncias que miembros del gobierno habían hecho sobre un supuesto “sabotaje”.
2. En relación a los incidentes de Constitución, la Ministra mintió de manera deliberada. Dijo que “10 detenidos serían (sic) del Polo Obrero” sin aportar prueba alguna. Luego, ante una pregunta de un periodista, dijo que todavía debían analizarse los nombres de los detenidos de ese día, los cuales hoy están todos en libertad. Esto muestra que la Ministra denuncia sin tener la menor información, o sea que miente concientemente.
3. Al dar nombres de esas detenciones,  se refirió a Jorge Hospital, dirigente de Causa Ferroviaria actualmente detenido, pero no por los hechos de Constitución, como ella afirma. Hospital está detenido por el Juez Federal Luis Armella de Quilmes,  quien investiga el corte de vías de Avellaneda y que no tiene ninguna jurisdicción en el ámbito de Constitución. Además, Jorge Hospital nunca estuvo en la estación Constitución el día de los incidentes, sino que se mantuvo en las vías de Avellaneda, solidarizándose con el corte realizado por los trabajadores ferroviarios. La Ministra “confunde” a los detenidos por el corte de vías de Avellaneda con los hechos de Constitución. El propósito de esa malversación informativa es presentar a los obreros de Causa Ferroviari! a como detenidos por el “vandalismo” de Constitución. .
4. La Ministra ignoró olímpicamente la única denuncia concreta realizada por los incidentes de Constitución. Esa denuncia la hizo nuestro partido que indicó, con material fotográfico incluído, que uno de los participantes de los incidentes fue un delegado del gremio de Camioneros, llamado Miguel “Mono” Gómez. El PO señaló claramente que los incidentes fueron provocados por la patota ferroviaria con el propósito de hacer fracasar las negociaciones que representantes de los tercerizados ferroviarios y del Ministerio de Trabajo estaban llevando adelante durante la tarde del 23 de diciembre. El silencio de la Ministra sobre nuestra denuncia prueba que no puede refutarla y que pretende ocultarla echando mano a denuncias falsas. Además, oculta que el gobierno no impulsó ninguna investigación sobre los hechos de Constitución ante juez penal alguno, ignorándose hasta el día de la fecha en qué fiscalía quedó radicada dicha investigación.

 

5. La ministra Garré recurre a las técnicas de su predecesor Aníbal Fernández, quien en oportunidad de los hechos de Castelar-Merlo acusó al Partido Obrero de los incidentes. Luego, cuando nuestro partido presentó una querella contra el Ministro, éste se defendió diciendo que él “brindó la información que le habían dado, pero que después no pudo confirmar en la Justicia”. Este “modus operandi” delata que el gobierno utiliza la infamia para disimular las contradicciones sociales explosivas que su propia política produce.

 

6. Reclamamos la libertad inmediata de Merino y Hospital, que se ponga fin a la criminalización de la lucha de los tercerizados ferroviarios y que no sea excarcelada la patota que asesinó a Mariano Ferreyra. 

 

Comisión Ejecutiva del Partido Obrero

27 de diciembre de 2010

 

A UN MES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

LOS PEDRAZA NO ESTAN IMPUTADOS

Hay siete patoteros presos por el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Tal vez entre ellos esté el autor de los disparos.
Pero, ¿alguien piensa que allí termina la trama de este crimen político?
Allegados a la subsecretaría de Transporte estuvieron con la patota criminal en el día y la zona de los hechos.
Del taller Remedios de Escalada fueron "licenciadas" ochenta personas por la Ugofe para participar en el grupo de choque.
La Ugofe son los grupos Roggio, Cirigliano y Romero.
Hubo zona liberada por la Federal y connivencia previa de la Bonaerense.
El adjunto de Pedraza, Juan Carlos Fernández, gestionó, incluso por escrito, el ingreso al ferrocarril del principal sospechoso del asesinato.
La burocracia de Pedraza regentea las cooperativas fraudulentas para superexplotar a miles de tercerizados.
El pulpo contratista Benito Roggio es dueño de una de esas tercerizadas.
Los ferroviarios se organizan para terminar con la tercerización, pero lo hacen sin la Unión Ferroviaria, contra ella.
Sus patotas siguen impunes en el Roca, en Remedios de Escalada.
En todos los ferrocarriles, en todas las actividades.
Justicia no es sólo identificar al autor material, sino a todo este armado de patoterismo político, explotación obrera, corrupción y encubrimiento oficial.
Ninguno de ellos se encuentra imputado.
Cárcel a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.