"Las camarillas que gobiernan buscan proteger sus negociados"
Martes Marzo 2010
Entrevista con Néstor Pitrola, dirigente nacional del PO, querellado por Raúl Othacehé, a quien esa organización acusa de "criminalizar la actividad política" en Merlo.
por
Gustavo MayaresEl jueves 26 de marzo dio comienzo el juicio que el intendente Raúl Othacehé entabló contra los principales dirigentes nacionales del Partido Obrero: Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, quienes concurrieron al Tribunal Nº 2 de Morón para realizar sus primeras declaraciones, acompañados por un numeroso grupo de militantes de esa corriente.
Según se establece en la demanda, el jefe comunal de Merlo se sintió agraviado por un comunicado de prensa del PO, emitido el 30 de marzo de 2008, luego de los conocidos incidentes que protagonizaron los usuarios del FC Sarmiento en las estaciones de Castelar y Merlo, en el que se indica que Othacehé “ha impuesto un régimen de terror” en el distrito que conduce.
Sobre el proceso, Pitrola dijo a El diario que “ratificamos absolutamente todo lo que dijimos e iremos hasta el final con el juicio; buscamos la absolución porque estamos en la defensa de los derechos políticos y democráticos, no ya sólo de compañeros del Partido Obrero; porque se trata de una persecución política, de un presunto delito de opinión, e incluso nos juzgan por una ley que ya no existe más porque fue derogada: la injuria en el debate político ya no es considerada un delito penal”.
–¿Por qué los querella por “calumnias e injurias” el intendente de Merlo?
–Lo que ha hecho el Partido Obrero es denunciar los hechos objetivos de más de una década de una intendencia, la de Raúl Othacehé, que ha perseguido, ha reprimido, ha hecho víctimas de sus patotas, de sus punteros, con actos autoritarios de todo tipo, de corrupción, de persecución con volantes apócrifos que siguen saliendo hasta el día de hoy; maniobras típicas de inteligencia de un régimen represivo, autoritario, contra toda la oposición política y el movimiento popular de Merlo.
–Según se ha sabido, también sectores de la prensa habrían sufrido aprietes y amenazas por parte de grupos e individuos eventualmente vinculados con el gobierno o el justicialismo de Merlo.
–Sí. Incluso una abogada, Roxana Matarolo, hizo una larga exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque tampoco los abogados pueden trabajar libremente en Merlo: sufren presiones si van a defender una causa que enfrenta el poder del Estado municipal, si denuncian su corrupción, sus negociados o cualquier otra cosa, siendo ello parte esencial de la defensa de los derechos populares, individuales y colectivos.
–Pero, según parece, esos no son casos aislados...
–No, porque está el caso de la concejal Márquez, en 1998, que denunció persecución y terminó suicidándose; el caso del doctor Guzmán Domínguez, que era director del Hospital Municipal de Merlo, que sufrió amenazas; el caso del sacerdote Raúl Vila, que está invitado a nuestra audiencia; lo de la abogada Roxana Matarolo, que tuvo que irse del distrito pero no lo hizo sin antes presentar esas denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; también las asambleas populares, en 2001 y 2002, que fueron atacadas sistemáticamente; el movimiento de los remiseros; los choferes 501, que salieron a luchar por sus puestos de trabajo y fueron brutalmente reprimidos por la policía en un distrito en que está manejada totalmente por Othacehé... Sin contar su aparato político que es omnipresente, porque interviene hasta en la última sociedad de fomento. En fin, Othacehé no tolera la oposición política.
–Entonces, ¿esta querella tiene más que ver con cuestiones políticas que con temas legales?
–Acá hay una batalla política de fondo, por eso nosotros hemos convocado y hemos tenido el apoyo de organizaciones obreras como el cuerpo de delegados ferroviarios y de Ecotrans, y de distintas expresiones políticas. Y vamos a llevar hasta el final esta causa.
–¿Usted cree que lo que se vive en Merlo se relaciona con la situación política nacional?
–Uno advierte que esta asimilación de Othacehé, que fue de Menem, fue de Duhalde y ahora es animador de la camarilla kirchnerista, tiene un hilo conductor muy grande en este autoritarismo; porque Kirchner acusó de infiltración a cualquier movimiento popular en su provincia (Santa Cruz) y, en esta horas, Daniel Scioli está haciendo lo mismo con la pueblada de Baradero, diciendo que hay infiltración política. Lo que pasa en Merlo es un reflejo de las camarillas que gobiernan, que buscan proteger sus negociados. En el caso de Othacehé, con Cirigliano, ya que la querella contra el PO tiene que ver con la revuelta popular por los trenes. Hay que hacer saltar por los aires esta pus, y por eso el PO está permanentemente impulsando en Merlo un frente de lucha por la democracia política en el distrito.
