Golpe a Feinman, C5N y los Othacehé

Aníbal Fernández y la quema de vagones del Sarmiento

EL DIFAMADOR GANA TIEMPO

Ya pasaron cincuenta días desde que Aníbal Fernández se notificó de la demanda presentada por el PO en su contra, a raíz de las imputaciones que nos hiciera por haber "orquestado" la quema de trenes del ferrocarril Sarmiento. Antes, durante veinte meses, había estado esquivando los oficios enviados por el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 para notificarlo de la demanda. El funcionario registraba "domicilio desconocido". Después de haber acusado al PO con todo tipo de falsedades y con impudicia, y de que la justicia descartara por completo cada una de esas acusaciones falaces y mentirosas, el ministro se declaró "desaparecido" ante la Justicia durante varios meses.
Finalmente, los funcionarios judiciales lograron notificarlo en su domicilio laboral. Pero el difamador se toma su tiempo: cuenta, legamente, con sesenta días hábiles para responder a la demanda -y es de prever que se los tomará todos, hasta el último día. La velocidad fantástica con la que el jefe de Gabinete organiza intrigas por Twitter no rige a la hora de rendir cuentas sobre sus mentiras contra el PO, que fueran propaladas a través de una verdadera cadena nacional. A la luz de lo que acaba de ocurrir con la patota de Pedraza que asesinó a nuestro compañero Mariano y dejó en coma a Elsa Rodríguez, así como también de la nueva agresión en Merlo contra los estudiantes del Profesorado, la operación quema de trenes organizada desde el gobierno contra el Partido Obrero cobra una nueva dimensión y un significado de relieve.

La ausencia de la menor evidencia contra el PO debería conducir a Fernández a una retractación pública, en nombre propio y del gobierno que conduce. En cambio, la mora de Fernández en dar explicaciones en sede judicial delata la acción de un conspirador contra las libertades democráticas y los derechos políticos, injertado en la cúspide del poder estatal. Él mismo ha construido una nueva "teoría de los dos demonios" en relación al crimen de Mariano Ferreyra, para corresponsabilizar a los ferroviarios tercerizados y al PO en un nuevo caso de calumnia ejercida con todo el peso y los medios del Estado.

A la par que denunciamos las nuevas maniobras del ministro, seguimos adelante con los juicios del PO y de José María Escobar contra el Estado Nacional, Fernández, el periodista Eduardo Feinmann y el canal C5N. Todos ellos deberán pagar con una condena el daño político ejercido, en forma coordinada, contra el PO, con el objetivo de encubrir a los vaciadores del Ferrocarril Sarmiento. Los mismos que integran, por otra parte, el armado empresario-mafioso que dio lugar a la Ugofe.

Aníbal Fernández prófugo: la Justicia no logra dar con su paradero

 

Debe intervenir la fuerza pública

Transcurridos varios meses, todos los intentos por notificarle al jefe de Gabinete sobre la demanda que el Partido Obrero ha presentado contra él y contra el Estado nacional han sido inútiles. Como se recordará, en marzo de 2008, el Partido Obrero fue blanco de un ataque por parte del gobierno nacional y del que le adjudicaba una responsabilidad en la quema de vagones del tren Sarmiento. El Partido Obrero inició un juicio por esta difamación contra el Estado nacional, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el canal de televisión C5N y su vocero, Eduardo Feinmann.
Estamos en presencia de un caso inusitado, pues de lo expuesto se concluye que el paradero, ni más ni menos que del jefe de Gabinete nacional es... ¡desconocido! Las cédulas de notificación enviadas por la Justicia a diferentes domicilios vinculados a su persona han tenido siempre el mismo resultado: han rebotado y vuelto al juzgado. Este modus operandi es propio del accionar delictivo.
Muy distinta fue la conducta del Partido Obrero y de José Maria Escobar (militante de Merlo) ante la acusación del gobierno y de C5N, pues inmediatamente se pusieron a disposición de la Justicia para el esclarecimiento de los episodios. El juez de Morón interviniente en la causa, transcurrido un año y medio de los hechos, no logró reunir ninguna evidencia para formular cargos contra nosotros. El juez ni siquiera consideró que hubiera razón para que fuéramos interrogados. El gobierno nacional no presentó la menor prueba, pese a que fue intimado a hacerlo varias veces por el juzgado.
Queda claro que las calumnias fueron un operativo artero y premeditado del aparato del Estado para demoler moral y políticamente, ante la opinión pública, a un partido de principios socialistas como es el Partido Obrero. En otros sistemas jurídicos, este delito es calificado como “asesinato de personalidad”. Cuando Feinman compareció ante la Justicia, ofreció una módica indemnización en dinero, en lo que ha sido un reconocimiento de su acción delictiva.
En paralelo a esta ofensiva del gobierno nacional, Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, debido a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero durante el día de los incidentes, titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”, en el que se responsabilizaba también a Othacehé por su connivencia con los empresarios de transporte, entre los cuales se encuentra, precisamente, el grupo Cirigliano, que gestiona el Sarmiento.
Este grupo económico acaba de ser vinculado por las investigaciones judiciales con las estafas económicas del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En resumen, el jefe de Gabinete dedica una parte de su tiempo a esquivar las citaciones judiciales, con la expectativa de evitar una condena judicial por cansancio. Semejante irregularidad es una falta alevosa a los deberes de funcionario público y debería merecer que algún juez actúe de oficio en esta circunstancia. Debería promoverse la intervención de la fuerza pública para hacerlo comparecer por la fuerza y obligarlo a que establezca un domicilio fehaciente. Nosotros empezaremos una campaña para dar con el paradero del prófugo.

Pablo Heller

Martes 13 para el periodista Eduardo Feimann

El día 13 de abril, a las 11horas, se llevará a cabo la primera audiencia judicial por la demanda presentada por el Partido Obrero contra el ministro Aníbal Fernández y el canal C5N. Están citados a concurrir José María Escobar, del Partido Obrero, el periodista Eduardo Feimann y los representantes de Telepiú SA, la productora del programa que conduce por C5N. 

El Partido Obrero presentó hace poco más de un año una demanda contra el Ministro de Justicia de la Nación y el medio periodístico exigiendo un total de dos millones y medio de dólares bajo la figura de daños.

Fernández había responsabilizado al PO y a Escobar por la quema de trenes del ex ferrocarril Sarmiento ocurrida en septiembre de 2008. Los dirigentes del PO calificaron de “infames” las imputaciones del ministro. Un año y medio más tarde, el ministerio que conduce Fernández no ha presentado ninguna prueba que involucre a Escobar o al Partido Obrero, a pesar de haber sido intimado a hacerlo por el fiscal a cargo de la investigación debido a la trascendencia pública de sus declaraciones. La causa por los hechos caratulados como “vandalismo” se tramita en el Juzgado Federal Correccional Nº 1 de Morón. En ella, Escobar y el Partido Obrero no son ni siquiera mencionados.

Según la Dra. Claudia Ferrero, representante legal del Partido Obrero, “el asunto no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Somos absolutamente contrarios a la judicialización de las opiniones políticas. Aquí estamos frente a otra cosa: el gobierno y los dueños de C5N se valieron de su monopolio del aparato del Estado y de los medios de comunicación para montar un operativo de destrucción de un adversario político, el Partido Obrero”. Ferrero señaló que Feimann “no se limitó a reproducir las calumnias de Fernández sino que agregó varias más de su propia cosecha”.

Para Néstor Pitrola “se trató de toda una línea editorial profusamente desarrollada por la empresa C5N en distintos segmentos de su programación durante los días posteriores a los hechos, no olvidemos que C5N fue uno de los grandes beneficiarios de la distribución de la pauta oficial bajo el gobierno del matrimonio Kirchner”.

Para los dirigentes del Partido Obrero, las acusaciones de Fernández tuvieron por objeto “encubrir al vaciador y socio del kirchnerismo, el grupo de los hermanos Cirigliano (de TBA/Plaza) y socavar la credibilidad del Partido Obrero”.

La audiencia se realizará el martes 13 de abril en el Juzgado Civil Nº62, cito en Av. de los Inmigrantes 1950, primer piso.

  

Dra Claudia Ferrero (Apel)

Néstor Pitrola