A las calles por el 82% móvil
Cuando se echa una mirada hacia el ajuste contra los trabajadores en todo el mundo, para rescatar a los grandes capitales de la crisis, queda en evidencia que el bulto lo cargan los jubilados.
En primer lugar, porque tanto los sistemas estatales como privados se encuentran en quiebra debido a que tienen colocadas las contribuciones previsionales en acciones o deudas de las empresas y en títulos del Estado –cuyas acciones y bonos, respectivamente, se han desvalorizado en proporciones catastróficas. En el caso de los sistemas privados, los trabajadores han tenido que postergar la fecha de su retiro (sin que haya sido necesaria una ley que eleve el mínimo de la edad para jubilarse). Esto ocurre principalmente en los Estados Unidos. Pero el desastre no exime a los sistemas estatales, pues según acaba de revelar Boudou, los 160 mil millones de pesos en acciones y deuda pública que tiene la Anses (que acumularon las ex AFJPs y luego la gestión K) cotizan hoy a un valor de mercado de 70 mil millones. O sea que las gestiones públicas y privadas (capitalistas) han desvalorizado el fondo acumulado por los trabajadores para su jubilación en un 60%. Para colmo, las ‘inversiones’ de la Anses en títulos públicos y Letras del Tesoro en pesos se ajustan de acuerdo con el índice de inflación del IndeK, mientras los intereses –unos 8.000 millones de pesos anuales– no quedan en el sistema previsional sino van a pagar la asignación que antes pagaba el Tesoro. Entre ese dinero acumulado se encuentran depósitos a plazo fijo, a tasas de interés inferiores a la inflación, en los bancos que se han comprometido con el gobierno a prestarlo a grupos capitalistas afines al oficialismo. Es decir que los subsidios a las empresas son mayores que los anunciados.
La quiebra de los fondos de pensiones, sean privados o estatales, que fueron usados primero para subsidiar al capital y luego para financiar su rescate, ha sido el pretexto para que Grecia, España, Francia, Alemania e Italia hayan elevado la edad para jubilarse y reducido en porcentajes variados el monto de las jubilaciones. La UE propone una ley comunitaria para llevar la edad jubilatoria a los 70 años. Berlusconi acaba de presentar un proyecto de ley para que, además, la edad de retiro se suba cada tres años, de acuerdo con el aumento de la expectativa de vida. El bufón de los italianos evita decir que las personas que vean privada su posibilidad de retiro tampoco podrán trabajar o seguir trabajando, debido al crecimiento de la desocupación. Como se puede ver, la cruzada del capitalismo contra los trabajadores se ensaña en especial contra los jubilados.
Ahora que el sistema jubilatorio ha llegado a su “madurez”, queda claro que el “estado de bienestar” fue un eufemismo para designar un período en que las cajas recaudaban aportes pero eran escasas las jubilaciones a retribuir. El excedente que se generó en esa etapa fue literalmente confiscado por el ‘estado de bienestar’, que lo destinó al financiamiento subsidiado a los capitalistas. Cuando la nómina de jubilados comenzó a crecer (en Estados Unidos la llaman la generación de posguerra o ‘baby boomers’), el desfalco a las cajas quedó al desnudo y los Estados comenzaron a compensar el faltante con impuestos o con la desvalorización de las jubilaciones por medio de la inflación. No son, por lo tanto, las tendencias crecientes de expectativa de vida o la menor natalidad las que han hundido a las jubilaciones, sino simplemente el capital, que se financió con las cajas de jubilaciones en la ‘bonanza’ y ahora las hunde con la crisis. Un gobierno de trabajadores no solamente garantizaría un retiro digno, sino que, más importante, garantizaría la posibilidad de que las personas de la tercera edad sigan trabajando y creando en concordancia con sus condiciones de vida. No hace falta decir que este abordaje social incrementará aún más la calidad y las expectativas de vida.
Argentina, primera
En la Argentina kirchnerista, el ajuste contra los jubilados supera al de Europa, a pesar de que la Presidenta se pasee por el mundo dando lecciones contra los ‘ajustes’ europeos –aunque votando a favor de ellos, como ocurrió, en el FMI, con el paquete para Grecia. Es que en Argentina, la jubilación promedio apenas llega al 36% del último salario y es un 80% menor al costo de una canasta familiar. Los K lo ven de otro modo, claro: aseguran que la jubilación mínima ha crecido, desde 2002, por encima de la inflación. Pero, mientras a principios de la década, los que cobraban el mínimo no llegaban al 10% del registro, hoy ha caído a esa categoría el 80%. Lo que es aún peor, los K hacen sus cálculos sobre los mínimos congelados por Menem, que luego volvieron a desvalorizarse con la devaluación y la inflación de 2002. Los jubilados tampoco recibieron nada (como sí ocurrió con las empresas y bancos) del ‘crecimiento a tasas chinas’ desde 2003, lo que equivale a una desvalorización relativa (respecto del PBI) de sus haberes (digamos de paso, que el mismo ‘perro’ meten los K con la deuda externa: parten del crecimiento usuario de la deuda en 2001, como consecuencia de megacanjes, blindajes, préstamos garantizados y tasas usureras de más del 30%, para luego presentar a la ‘quita’ como un ‘despojo’ a los acreedores, cuando se limita a retrotraer el nivel de deuda que existía con anterioridad a ese desfalco). En resumen, el gobierno kirchnerista consolidó la confiscación de las jubilaciones que ejecutaron los gobiernos que lo precedieron, y encima agravó la condición de los millones de jubilados que se encontraban por encima del mínimo. Jactarse de pagar una jubilación de 900 pesos (que no cubre el gasto semanal de maquillaje de la Presidenta) al 80% de los jubilados, retrata de alma y vida a un gobierno anti-obrero.
Sinvergüenzas
El oficialismo, con K a la cabeza, ha reaccionado con inusitada virulencia a la posibilidad de que el Congreso apruebe una jubilación del 82% del salario mínimo y la actualización de las jubilaciones; su pedigrée nacional y popular se vino abajo en menos de lo que canta un gallo. Asegura que la propuesta es ´destituyente´, porque la Anses no podría financiar los aumentos. Dicho en otros términos: la deuda externa tiene financiación, el pago adelantado al FMI, también, lo mismo el nuevo arreglo con los acreedores de bonos en default –los ‘curros’ más destacados de una lista que es interminable, porque incluye subsidios a GM, a Peugeot y otros. Todo esto suma decena de miles millones de dólares, cuando el misérrimo aumento que recibirían los jubilados si se aprobaran los proyectos propuestos, no sumaría más que 30 mil millones de pesos por año. ¡El proyecto de Presupuesto para 2011, dicen los que saben, prevé comenzar los pagos al Club de París! La deuda externa es un flujo continuo de pagos periódicos (no un pago de única vez) que tiene hipotecado al país desde hace cuarenta años, y va por otros cuarenta años más.
Ahora bien: si los precios aumentan sin que se les pregunte a los consumidores si tienen recursos para solventarlos; si lo mismo ocurre con los impuestos, que ignoran la posibilidad de pago de los contribuyentes; si se permite una fuga de capitales de casi 50 mil millones de dólares, sin preguntarse si esto afecta o no la capacidad de inversión del país; y si la cosa se repite cuando se paga a los buitres internacionales; si esta es la norma general, ¿a qué obedece esta súbita reacción ‘nacional y popular’, que rechaza otorgar un aumento misérrimo a los jubilados con el pretexto de que no alcanzan los recursos?
El problema no es contable sino social. Para el capital el gasto en jubilados es improductivo –no es una fuente de explotación que permita generar nuevos beneficios (esto es, sin embargo, falso, pues se trata de un salario que se paga en forma diferida a un obrero productivo que ha dado ganancias al capital). El problema es, luego, político: basta con que la Anses deje de subsidiar parásitos capitalistas, o que se reasignen los derroches del Presupuesto, para que el 82% sea perfectamente viable. El aumento lo deberían financiar los capitalistas, a quienes Cavallo les redujo las contribuciones previsionales. Después de todo, si las jubilaciones no son más que un salario diferido, el rechazo del capital a pagarlas equivale a un robo.
Los K pretenden ahora movilizar a los capitalistas contra el 82% (y contra el reajuste de las jubilaciones que están por encima del haber mínimo) para que presionen al Congreso y para convertir la discusión sobre las jubilaciones en una extorsión de que el 82% y los reajustes dañarían la ‘competitividad’ de la economía. Solamente un deshonesto puede usar este argumento cuando la productividad del trabajo (el monto de producción sobre el número de obreros) ha crecido sin interrupción en el medio siglo último. Repetimos: no es una cuestión contable, pues los recursos existen siempre, y ahora también; la cuestión son las prioridades que se les asigna.
Rebelión popular
La aparición de los proyectos del 82%, por parte de la ‘oposición’, no responde a una inesperada vocación popular: en su momento, no vaciló en reducir las jubilaciones en un 13% ni en votar impuestazos ‘célebres’ (para pagar, como siempre, la deuda externa). Los proyectos buscan una salida a una crisis del régimen político, que pueden explotar en cualquier momento en forma catastrófica. Ocurre que la Corte Suprema se ha visto obligada a declarar inconstitucional los congelamientos de Cavallo y los posteriores a 2002, lo cual crea una nueva deuda de varios miles de millones de dólares para un Estado que tiene que arrebatar dólares del Central para poder pagar la deuda existente. Los proyectos opositores son una operación de rescate frente a la acumulación de 350 mil juicios que ya tienen un fallo favorable asegurado a partir del dictado en los casos de Badaro y Sánchez. Se trata de una movilización extraordinaria de jubilados, por vía judicial, que les insume un enorme esfuerzo e incluso un costo económico. La generalización de los ajustes ya decididos por la Corte en esos dos fallos, obligaría al Estado a actualizar las jubilaciones anteriores a 2006 y cargar con el compromiso de los retroactivos, que en algunos casos llegan a los años 80. Esa generalización es inminente.
La iniciativa de la ‘oposición’ procura una salida a este gigantesco impasse. Por eso sus proyectos no incluyen el pago retroactivo de los congelamientos, ni tampoco el 82% sobre el salario último del trabajador (sino sólo sobre el salario mínimo). El objetivo de esta legislación limitada es que sirva como pretexto para que la Corte dilate un fallo colectivo y para que las jubilaciones superiores a las mínimas, desde antes y después de 2006, se ‘instalen’ en un monto equivalente al 40/50 del salario último del trabajador. El proyecto de los ‘opositores’ no es ‘destituyente’ sino ‘conservador’. Es sobre esta base que oficialistas y opositores ya están buscando un compromiso ulterior, que reduzca aún más la concesión que se haga a los jubilados. El operativo lo encabeza Moyano, quien propone un ajuste del mínimo (y el reajuste de las escalas superiores) en forma progresiva o en cuotas –y, naturalmente, el mantenimiento de la movilidad actual– basada en un índice de recaudación fiscal y no, integralmente, en la inflación o los aumentos salariales (que incluya los ítems ‘no remunerativos).
Nuestra posición
En el Congreso no hay una bancada obrera, y para peor los Moyano y los Yasky se han puesto del lado del gobierno y de las patronales contra los trabajadores y los jubilados. El más pérfido es Yasky, quien ha sacrificado el 82% móvil de los docentes, firmando ajustes del 0,98% para los maestros jubilados y pactando aumentos salarios no remunerativos, que no se toman para el cálculo de la jubilación; Yasky ha condicionado el apoyo al 82% en debate a que se financie con un aumento de contribuciones patronales –a sabiendas de que los diputados no van a hacerlo y destruir así la posibilidad de que sea votado el 82%. Una fuerte bancada obrera opondría a los proyectos de la oposición patronal, un proyecto integral del 82% móvil; la devolución de las jubilaciones confiscadas por el congelamiento; la devolución de la Anses a los trabajadores; impuestos al capital; el rechazo al canje fraudulento y el no pago de la deuda externa. Y apoyaríamos ese proyecto con una movilización popular y de los sindicatos.
En ausencia de esa bancada y de la posibilidad de que se vote un proyecto que establezca los derechos de los jubilados en forma plena, llamamos a impedir que naufrague el proyecto de llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo; reajustar todas las jubilaciones afectadas por los congelamientos de 1991 y de 2002; y establecer una movilidad de acuerdo con la suba real de los salarios –no la movilidad trucha semestral vigente. Advertimos que opositores y oficialistas ya están negociando para reducir aún más esos proyectos que ya rebajan lo que corresponde por justicia a los jubilados.
Movilicémonos al Congreso cuando se traten los proyectos.
Manifestémonos en las Comisiones del Congreso.
Exijamos un debate en los sindicatos y un plan de lucha de la CGT y la CTA.
En su concurrencia al Senado, el ministro Boudou dijo que si se avanza con el aumento de las jubilaciones, el país iría al “default”. Una vez más, el ministro mintió. En el mejor de los casos, el aumento que sancionaría el Congreso representa la décima parte de la deuda externa pagada por los “K” –y una proporción similar de la fuga de capitales consentida en los últimos tres años. De todos modos, lo de Boudou es una confesión. El kirchnerismo viene pagando deuda a los banqueros internacionales a costa de endeudarse, en igual medida, con la Anses y el Banco Central. Lo que los economistas llaman “deuda intraestado” es el saqueo de los recursos jubilatorios para pagar la deuda externa. En su presentación ante los senadores, Boudou defendió el uso de los fondos de la Anses, sin restricciones, para ese rescate de capitalistas y banqueros. 
Aún en esta versión mutilada, el resultado del Senado está en veremos. Una votación favorable sólo podría imponerse con el voto de varios semioficialistas, que han condicionado su voto a reclamos de fondos para sus distritos. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la Coalición Cívica reclama que “se llegue a un acuerdo sobre la fuente de financiamiento” (La Nación, 12/7), a sabiendas de que las divergencias en la oposición son marcadas. Para el peronismo federal, los recursos deben salir de la “racionalización de subsidios a la energía eléctrica y al transporte automotor” (ídem), o sea que las mayores jubilaciones deberían ser pagadas con tarifazos. Pero la votación del aumento jubilatorio no debería estar condicionada a ninguna resolución especial sobre su financiamiento. Como cualquier otro proyecto, sus recursos deben ser discutidos y previsionados en el futuro presupuesto. A su modo, la oposición también embarra la cancha para limitar los alcances del aumento jubilatorio. La razón es sencilla: el Congreso reúne a los representantes de los lobbys capitalistas que salieron a rechazar, a coro, el proyecto de aumento de los haberes. En voz baja, los mismos bloques que dicen apoyar el 82% de la mínima sostienen que se trata de una decisión “poco meditada” y que “debe pensarse en el financiamiento a más largo plazo, y no sólo en la gestión de Cristina” (Clarín, 12/7). Un eventual gobierno opositor para después de 2011 no quiere cargarse con la “hipoteca” de jubilaciones. 