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martes, 22 de octubre de 2013
martes, 20 de julio de 2010
La jueza dictó el sobreseimiento de Altamira, Pitrola y Ramal
Otacehé apeló
Los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal fueron sobreseídos por el Juzgado Correccional Nº 2 de Morón en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo.
El juez, tras rechazar el pedido de incompetencia presentado por la defensa, dio lugar al sobreseimiento al considerar que las expresiones políticas vertidas en un comunicado de prensa no implican el delito de calumnias e injurias. En su fallo, plantea que “resulta necesario recordarle al accionante (Othacehé) que, en un estado de derecho, las criticas al desenvolvimiento de quienes ostentan cargos públicos, deben permanecer exentas de acciones intimidantes que restrinjan su funcionalidad. Y precisamente quienes desarrollan sus actividades en la función pública a través de cargos electivos (son los que), deben velar por estas libertades, teniendo la obligación de rendir cuentas publicas de sus actos y de proteger hasta las voces no deseadas. Sólo basta recordar a Voltaire, cuando aclaró que ‘no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo’”.
Este fallo judicial constituye un triunfo legal contra Othacehé en su intento de reprimir la voz de los opositores y los que se organizan contra un régimen de opresión, de negociados y patotas, el cual adquiere una mayor importancia porque ha sido obtenido en su propio distrito judicial.
No obstante la contundencia del fallo, Othacehé ha resuelto apelar la sentencia, muy probablemente con la expectativa de que la Cámara sea más condescendiente con sus intereses políticos.
El juez, tras rechazar el pedido de incompetencia presentado por la defensa, dio lugar al sobreseimiento al considerar que las expresiones políticas vertidas en un comunicado de prensa no implican el delito de calumnias e injurias. En su fallo, plantea que “resulta necesario recordarle al accionante (Othacehé) que, en un estado de derecho, las criticas al desenvolvimiento de quienes ostentan cargos públicos, deben permanecer exentas de acciones intimidantes que restrinjan su funcionalidad. Y precisamente quienes desarrollan sus actividades en la función pública a través de cargos electivos (son los que), deben velar por estas libertades, teniendo la obligación de rendir cuentas publicas de sus actos y de proteger hasta las voces no deseadas. Sólo basta recordar a Voltaire, cuando aclaró que ‘no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo’”.
Este fallo judicial constituye un triunfo legal contra Othacehé en su intento de reprimir la voz de los opositores y los que se organizan contra un régimen de opresión, de negociados y patotas, el cual adquiere una mayor importancia porque ha sido obtenido en su propio distrito judicial.
No obstante la contundencia del fallo, Othacehé ha resuelto apelar la sentencia, muy probablemente con la expectativa de que la Cámara sea más condescendiente con sus intereses políticos.
Claudia Ferrero (Apel)
lunes, 31 de mayo de 2010
URGENTE
REPUDIAMOS EL ATAQUE AL ESTUDIANTE EZEQUIEL BENITEZ
POR PARTE DE LAS PATOTAS DE OTHACEHÉ
El pasado 14 de abril en Pontevedra, distrito de Merlo, un estudiante secundario fue brutalmente golpeado por las patotas del intendente dentro de la E.E.M.Nº 15 durante el acto inaugural del edificio, del que estaban participando el gobernador Daniel Scioli, el Ministro de Educación provincial Mario Oporto, el intendente Raúl Othacehé y su esposa y concejal por el FPV Mónica Arnaldi de Othacehé.
Durante el discurso de Othacehé que destacaba la “funcionalidad” del edificio, el estudiante le comentó a su compañero que eso no era cierto debido al déficit edilicio y mobiliario (aulas superpobladas y falta de elementos básicos como mesas y sillas) que reflejan la realidad educativa del distrito. En ese momento un grupo de patoteros lo empujaron hacia el patio y comenzaron a golpearlo; incluso intentaron llevárselo en una camioneta con vidrios polarizados. Ezequiel, consciente del mal menor, pidió que lo lleve la policía y quedó detenido en la comisaría de Pontevedra durante tres horas bajo ningún cargo.
En la secretaría de educación municipal le explicaron que fue un “error” y aunque se negaron a reconocer que las fuerzas parapoliciales que lo golpearon pertenecían al intendente, el reconocimiento se dio en los hechos: le ofrecieron como prebenda reponerle el guardapolvo, el buzo y el celular que las patotas habían destruido. Los hechos fueron denunciados en la comisaría instruyéndose una causa en la UFI I de Morón pero ni a los directivos de la escuela ni al municipio se les ha ocurrido presentarse como querellantes para identificar a los responsables. Extraño proceder de quienes deben garantizar la integridad y seguridad de los estudiantes que concurren al establecimiento.
El hecho evidencia una vez más un método orquestado y pensado desde el propio poder político que pretende amordazar bajo los métodos de la dictadura cualquier opinión opositora. Esto lo saben bien los estudiantes secundarios y terciarios que han debido lidiar con la persecución política del intendente en los procesos de la organización independiente de sus centros de estudiante.
Pero a las patotas los jóvenes le oponemos la organización y la lucha como lo demuestran las tres marchas al municipio durante la toma del CBC Merlo en defensa de la educación pública.
Desde la UJS llamamos a realizar una gran campaña de difusión y denuncia sobre este nuevo ataque enmarcado en la lucha por la defensa de las libertades democráticas. Y a organizar centros de estudiantes que sirvan de herramienta para defender la educación pública y los derechos constantemente avasallados por un régimen de terror.
- BASTA DE PERSECUCIÓN A LA JUVENTUD
- FUERA LAS PATOTAS DE OTHACEHÉ
- POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES
- DEFENDAMOS LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS EN MERLO.
UJS – PARTIDO OBRERO
Para comunicarte con nosotros: merloujs@hotmail.com
domingo, 9 de mayo de 2010
Reafirmamos: un régimen de terror en Merlo
Defendamos las libertades democráticas
La semana pasada, una delegación del Partido Obrero se hizo presente en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, realizada en el municipio de Merlo para denunciar un nuevo hecho represivo del intendente Othacehé y tomar las diversas denuncias de persecución.
En las semanas previas, un nuevo ataque a los derechos políticos en el distrito terminó con la suspensión del concejal por Libres del Sur, Horacio Cepeda, de sus funciones en el Concejo Deliberante.
En el transcurso de la reunión, José María Escobar y Néstor Pitrola, además de reclamar la restitución inmediata del concejal, expusieron la persecución y la difamación que recae sobre el Partido Obrero por parte del intendente Othacehé. Desde la acusación a Escobar por la quema de trenes en el ex ferrocarril Sarmiento, hasta la demanda que inicia Othacehé contra Altamira, Ramal y Pitrola, como responsables del Partido Obrero, por haber señalado en un comunicado de prensa que el intendente había impuesto un régimen de terror en Merlo.
Los relatos escalofriantes expuestos por periodistas, militantes populares, dirigentes políticos, abogados y vecinos del barrio dan cuenta de que no habíamos exagerado, ya que allí las libertades de expresión y opinión están suprimidas a punta de pistola. Autos sin patentes con “gente de civil” son utilizados para amenazar, aterrar, torturar y perseguir a toda persona que denuncie los negociados y corrupción en el municipio o que opine diferente al intendente Othacehé. Marisol Vázquez y su marido, periodistas independientes, dieron testimonio de ello y denunciaron que detrás de las intimidaciones no sólo está el amordazamiento a voces opositoras, sino que está la defensa de un régimen de negociados y prebendas. La abogada Rosana Mattarollo, defensora de un sin número de causas sociales por lo que es perseguida en el distrito, mostró a todos los presentes una enormidad de volantes “anónimos” que funcionan como una campaña de desprestigio sobre las personas u organizaciones políticas opositoras. Una delegación de la Fuba también estuvo presente denunciando la reapertura reciente de sus causas por defender el CBC Merlo.
El mismo modus operandi se ha utilizado a lo largo de toda la intendencia de Othacehé. Sólo para dar algunos ejemplos: Emilio Castelvi fue periodista de Radio Ciudad de Merlo entre 1989 y 1996. Según informes, luego de haber hecho denuncias de coimas del poder político hacia intendentes y policías, fue golpeado y amenazado con prenderle fuego a su familia. Luego, Castelvi fue secuestrado y torturado, y en 1997 tuvo que exiliarse. En 2007 secuestraron a la hija de Carmen Villafañe (militante barrial), quemándola con colillas de cigarrillo, mientras la “paseaban” en un auto con los ojos vendados. Los métodos de la dictadura militar. Sobre Othacehé recaen más de 30 causas abiertas en los tribunales de Morón por intentos de asesinato, amenazas, abuso de autoridad e intimidaciones.
No hay que olvidar que Othacehé pasó de ser un simple empleado municipal a ascender a la Asesoría Letrada de la Municipalidad tras el golpe del ’76. Según los relatos de los opositores de ese momento, Othacehé habría decretado cesantías amparado en la Ley de Prescindibilidad, ley que fue utilizada para perseguir a militantes de izquierda. A esta altura, hay que decir que la Presidenta de los “derechos humanos”, Cristina Kirchner, mantiene a Othacehé como uno de sus aliados más importantes. Varios actos políticos dan cuenta de esto.
En el cierre de la actividad, el Partido Obrero propuso profundizar la unidad política y de acción para enfrentar la persecución y la supresión de las libertades democráticas en el distrito, montando una gran campaña de difusión sobre los vecinos y haciendo conocer esta situación en el resto de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.
En las semanas previas, un nuevo ataque a los derechos políticos en el distrito terminó con la suspensión del concejal por Libres del Sur, Horacio Cepeda, de sus funciones en el Concejo Deliberante.
En el transcurso de la reunión, José María Escobar y Néstor Pitrola, además de reclamar la restitución inmediata del concejal, expusieron la persecución y la difamación que recae sobre el Partido Obrero por parte del intendente Othacehé. Desde la acusación a Escobar por la quema de trenes en el ex ferrocarril Sarmiento, hasta la demanda que inicia Othacehé contra Altamira, Ramal y Pitrola, como responsables del Partido Obrero, por haber señalado en un comunicado de prensa que el intendente había impuesto un régimen de terror en Merlo.
Los relatos escalofriantes expuestos por periodistas, militantes populares, dirigentes políticos, abogados y vecinos del barrio dan cuenta de que no habíamos exagerado, ya que allí las libertades de expresión y opinión están suprimidas a punta de pistola. Autos sin patentes con “gente de civil” son utilizados para amenazar, aterrar, torturar y perseguir a toda persona que denuncie los negociados y corrupción en el municipio o que opine diferente al intendente Othacehé. Marisol Vázquez y su marido, periodistas independientes, dieron testimonio de ello y denunciaron que detrás de las intimidaciones no sólo está el amordazamiento a voces opositoras, sino que está la defensa de un régimen de negociados y prebendas. La abogada Rosana Mattarollo, defensora de un sin número de causas sociales por lo que es perseguida en el distrito, mostró a todos los presentes una enormidad de volantes “anónimos” que funcionan como una campaña de desprestigio sobre las personas u organizaciones políticas opositoras. Una delegación de la Fuba también estuvo presente denunciando la reapertura reciente de sus causas por defender el CBC Merlo.
El mismo modus operandi se ha utilizado a lo largo de toda la intendencia de Othacehé. Sólo para dar algunos ejemplos: Emilio Castelvi fue periodista de Radio Ciudad de Merlo entre 1989 y 1996. Según informes, luego de haber hecho denuncias de coimas del poder político hacia intendentes y policías, fue golpeado y amenazado con prenderle fuego a su familia. Luego, Castelvi fue secuestrado y torturado, y en 1997 tuvo que exiliarse. En 2007 secuestraron a la hija de Carmen Villafañe (militante barrial), quemándola con colillas de cigarrillo, mientras la “paseaban” en un auto con los ojos vendados. Los métodos de la dictadura militar. Sobre Othacehé recaen más de 30 causas abiertas en los tribunales de Morón por intentos de asesinato, amenazas, abuso de autoridad e intimidaciones.
No hay que olvidar que Othacehé pasó de ser un simple empleado municipal a ascender a la Asesoría Letrada de la Municipalidad tras el golpe del ’76. Según los relatos de los opositores de ese momento, Othacehé habría decretado cesantías amparado en la Ley de Prescindibilidad, ley que fue utilizada para perseguir a militantes de izquierda. A esta altura, hay que decir que la Presidenta de los “derechos humanos”, Cristina Kirchner, mantiene a Othacehé como uno de sus aliados más importantes. Varios actos políticos dan cuenta de esto.
En el cierre de la actividad, el Partido Obrero propuso profundizar la unidad política y de acción para enfrentar la persecución y la supresión de las libertades democráticas en el distrito, montando una gran campaña de difusión sobre los vecinos y haciendo conocer esta situación en el resto de la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.
Mariela Solesio
jueves, 4 de marzo de 2010
Dirigentes del PO, querellados por Othacehé
Raúl Alfredo Othacehé, intendente de Merlo, inició una querella por calumnias e injurias contra los dirigentes del Partido Obrero Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal, en base a un comunicado de prensa emitido por el Partido Obrero el 30 de marzo de 2008 titulado “El Grupo Cirigliano, peor que Marsans. El Partido Obrero, ante la rebelión popular de Merlo y Castelar”.
La frase por la que el intendente Othacehé se siente agraviado es por la denuncia de que “ha impuesto un régimen de terror”.
Es clara la persecución política. No es un ataque aislado contra los tres dirigentes denunciados, sino que constituye un nuevo ataque a la organización del Partido Obrero y en particular su agitación, organización y denuncia sistemática en el partido de Merlo. La intención no es otra que mantener, precisamente, un régimen de terror, esta vez buscando amordazar las opiniones políticas de oposición a través de una causa penal.
En definitiva, lo que difiere es el método, no la finalidad.
Se le está requiriendo al Poder Judicial, a través de la Justicia Penal, que se aparte de la defensa del sistema republicano y el estado de derecho, otorgándole un instrumento de represión directa a las ideas y desarrollo político de la oposición.
Llamamos a la Multisectorial de Merlo, que ya ha levantado su voz contra los avasallamientos en el municipio, a los trabajadores y estudiantes, víctimas diarias de patotas y aprietes, a poner en pie una gran campaña de repudio contra esta persecución penal de la expresión de las ideas de un partido político.
El 25 de marzo, a las 11 horas, hay una cita de honor en el Tribunal Oral Nº 2 de Morón, acompañando a los “acusados” Altamira, Pitrola y Ramal, a ratificar ante Othacehé la voluntad de no admitir “aprietes”, legales ni ilegales.
Es clara la persecución política. No es un ataque aislado contra los tres dirigentes denunciados, sino que constituye un nuevo ataque a la organización del Partido Obrero y en particular su agitación, organización y denuncia sistemática en el partido de Merlo. La intención no es otra que mantener, precisamente, un régimen de terror, esta vez buscando amordazar las opiniones políticas de oposición a través de una causa penal.
En definitiva, lo que difiere es el método, no la finalidad.
Se le está requiriendo al Poder Judicial, a través de la Justicia Penal, que se aparte de la defensa del sistema republicano y el estado de derecho, otorgándole un instrumento de represión directa a las ideas y desarrollo político de la oposición.
Llamamos a la Multisectorial de Merlo, que ya ha levantado su voz contra los avasallamientos en el municipio, a los trabajadores y estudiantes, víctimas diarias de patotas y aprietes, a poner en pie una gran campaña de repudio contra esta persecución penal de la expresión de las ideas de un partido político.
El 25 de marzo, a las 11 horas, hay una cita de honor en el Tribunal Oral Nº 2 de Morón, acompañando a los “acusados” Altamira, Pitrola y Ramal, a ratificar ante Othacehé la voluntad de no admitir “aprietes”, legales ni ilegales.
Claudia Ferrero (Apel)
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