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jueves, 19 de mayo de 2011

La fuerza del espanto (sobre el discurso de la presidente)

La primera plana de Prensa Obrera del jueves pasado se adelantó al discurso apocalíptico de la Presidenta -precedida como un aperitivo combinado por el de Mario Ishii, el intendente de la paupérrima José C. Paz. Titulamos "(Estamos) con los que reclaman y luchan", antes de que CFK se desencadenara justamente contra ellos con la acusación de que no eran solidarios con el conjunto de la sociedad. La Presidenta produjo un caso de lobbysmo explícito, porque abogó por los intereses de su compinche Eskenazi, quien se coló en YPF de la mano de la familia Kirchner con la plata de los dividendos de la compañía con la que paga el préstamo que le dio Repsol para convertirse en accionista. Esto explica su furia contra los petroleros y docentes de Santa Cruz, los que no se rinden a la ‘paz social' que les quiere imponer CFK contra sus derechos y reclamos. La prensa ‘destituyente' y la UIA se tomaron de estos ‘conceptos' presidenciales para saludar el discurso y la disposición de la Presidenta para congraciarse, dijeron, con la clase media. Los medios y los alcahuetes le dan esta categoría social a los asalariados que consiguen sobrepasar el costo de una canasta familiar con el trabajo del matrimonio y, a veces, de sus hijos.
La feroz verborragia contra la clase obrera por parte del gobierno popular quedó opacada, sin embargo, por la queja ronca de la Presidenta contra los que le gritan vivas mientras buscarían moverle el piso. CFK dramatizó algo que no es cierto: quienes la vivan le están asegurando la estantería, lo último que se les ocurriría es sacudirla. La burocracia sindical, Moyano, los pichones de La Cámpora, la Solano Lima y la Juventud Sindical se desesperan por escalar a su sombra, no por voltearla. La Presidenta simplemente encubre su intención de favorecer a los más íntimos, como ocurre con cualquier gobierno de camarilla. Es cierto que el quejido impostado de la gobernanta puso al desnudo la fragmentación del armado oficial, pero esto es así desde 2003 y se va reciclando. Que la Presidenta no puede gobernar sin la regimentación de los sindicatos por medio de la burocracia quedó expuesto una semana más tarde de dos maneras. Una, cuando después de reglamentar la ley de prepagas -que consagra la privatización de la salud por parte de Menem- renovó el manejo por parte de la burocracia sindical del fondo de prestaciones especiales que administra -y malversa- el Estado desde los tiempos del riojano. La otra fue cuando invitó al acto en que anunció de nuevo licitaciones de Ferrovías para el Belgrano Cargas, a los ‘compañeros' de Pedraza. Quienes cuentan confidencialmente que el círculo interno de la Casa de Gobierno querría desnivelar la cancha de la interna peronista en contra de Moyano, olvidan que el Rasputín del caso, Amado Boudou, apoya sus pretensiones a la candidatura para jefe de Gobierno de la Ciudad en el tejido que maneja Moyano. En definitiva, como repetimos abusivamente los argentinos, "los une el espanto" -un lazo que no es encomiable, pero suele ser de los más perdurables. La Presidenta intenta montar un escenario electoral plebiscitario, no para descolocar a Moyano, sino porque ve cernirse otra sacudida de la crisis mundial, como lo revelan la fuga de capitales, la formación de un mercado paralelo del dólar, así como la crisis comercial y financiera con Brasil.
La acción del Frente de Izquierda se inscribe en esta crisis potencial de conjunto, o sea que no debemos limitar la campaña electoral al propagandismo o difusión de ideas, sino que debemos desarrollar una alternativa política, o sea reclutando para el Frente y organizando comités de base y redes de apoyo a nuestra campaña. Mientras tanto, paritarias fundamentales no se han cerrado, como metalúrgicos o la alimentación, además de varias otras. El Frente debe incrementar su apoyo a estas luchas por medio de una agitación enérgica.

domingo, 11 de julio de 2010

España: comienza la resistencia

El lunes 5, una asamblea de trabajadores del Metro de Madrid pospuso hasta el 12 de julio la adopción de nuevas medidas de lucha, con el objetivo de negociar con la empresa recortes presupuestarios que no afecten a la masa salarial. La decisión es una clara concesión a la exigencia de levantar las medidas de fuerza para negociar por parte de la Comunidad de Madrid, el patrón de los trabajadores del subterráneo. No es menos cierto que la Comunidad pasó de la intransigencia absoluta a la voluntad de negociar. Más allá del buen fin de esta negociación, la huelga de los trabajadores y empleados de Metro fue uno de los hechos que desnudaron hasta qué punto el control de las direcciones de Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO) puede resquebrajarse.
La semana del 21 de junio, los trabajadores del Metro votaron en asamblea tres días de huelga –el 28, 29 y 30 de junio– en contra de la rebaja salarial del 5% que el gobierno de la Comunidad de Madrid estableció. El lunes 28, la Asamblea de Madrid, parlamento regional, aprobó la reducción de sueldos para 200.000 trabajadores, entre ellos médicos, profesores, trabajadores de las universidades públicas y medios de comunicación como Telemadrid. El decreto de la Comunidad de Madrid incluyó además a los trabajadores de empresas públicas que fueron exceptuados en el decreto del gobierno central, entre ellos los del Metro.
El mismo lunes 5, ante la aprobación del decreto por la Comunidad, una asamblea de los trabajadores de Metro decidió mantener la huelga los días 29 y 30 de junio, pero no respetar los servicios mínimos abusivos aprobados por la empresa a la vista de la aprobación del decreto. Los trabajadores exigen ahora, entre otras cosas, que se retiren las más de 400 sanciones contra los huelguistas a raíz de los dos días de “huelga salvaje”.
En el Metro, además de los sindicatos CCOO y UGT, están presentes otras organizaciones sindicales. En particular Solidaridad Obrera, rama sindical de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Los trabajadores de Metro tienen además una larga tradición de lucha. Esta huelga tuvo lugar en medio de la tregua de hecho que CCOO y UGT han dictado para favorecer la aprobación de una reforma laboral antiobrera en el parlamento español antes de agosto. Tanto CCOO como UGT están presentes en el comité de empresa y de huelga, y han tenido que plegarse al movimiento; son signos de sus dificultades de supervivencia. Durante una semana, los trabajadores del Metro fueron el referente de la resistencia obrera.
Entretanto, en plena efervescencia madrileña, el 29 de junio se celebró en el País Vasco una huelga general. La huelga convocada por el sindicato nacionalista ELA-STV, vinculado con el Partido Nacionalista Vasco, y por LAB, el sindicato controlado por la izquierda independentista, tuvo una repercusión desigual, aunque de acuerdo con sus organizadores fue cumplida con éxito en las grandes concentraciones industriales de la región y en los transportes públicos. La jornada se cerró con importantes manifestaciones en las principales ciudades del País Vasco. Comisiones Obreras de Euskadi decidió plegarse a la huelga del 29 de junio. Es decir, por una vez que los sindicatos nacionalistas lanzan una movilización de clase contra las medidas del gobierno, CCOO se ve obligada a seguir el movimiento para no quedar en la acera de Rodríguez Zapatero, pero se da el lujo de decir que el decreto del gobierno ha sido por ausencia de negociación sindical, cuando ellos –CCOO y UGT– se pasaron meses en la mesa de negociación sin resultado alguno. En todo caso, el decreto es resultado de la pasividad de CCOO y UGT (www.ccoo-euskadi.net/webeuskadi/menu.do?Inicio:91066).
El otro acontecimiento significativo fue la convocatoria en Barcelona de una asamblea de trabajadores, ciudadanos y estudiantes por parte de los trabajadores y el comité de empresa de los trabajadores de autobuses de Barcelona. De acuerdo con los compañeros de En Defensa del Marxismo de Barcelona, que concurrieron al acto, asistieron entre 300 y 400 personas. La asamblea declaró que aspira a utilizar la convocatoria a la huelga pos-datada por parte de CCOO y UGT para el 29 de septiembre, dentro de dos meses y medio, en un eje de movilización. El acta de la asamblea declara que “resulta escandalosa la actuación de las cúpulas de CCOO y UGT, que después de haber apoyado a Zapatero durante todos estos años, ahora se muestran incapaces de plantarle cara. En lugar de convocar una huelga general para echar atrás las medidas, dejan que estas se aprueben, y nos hablan de una hipotética ‘huelga general’ para fines de septiembre.”
La asamblea propuso crear comités y asambleas de fábrica y de barrios, y organizar a los desocupados. El 15 de septiembre se ha convocado una nueva asamblea. Mientras tanto funcionarán comités de comunicación y expansión del movimiento, y se planteará el trabajo fábrica por fábrica, barrio por barrio, a partir de la auto-organización de los militantes y trabajadores. El comité de empresa de los trabajadores de autobuses de Barcelona tiene mayoría de corrientes clasistas y ha estado a la vanguardia de las luchas por el salario y las condiciones de trabajo en esa ciudad.

Sebastián

lunes, 7 de junio de 2010

La economía del capital y la economía de la clase obrera

La historia oficial dice que hay una sola economía política.
No es cierto: hay dos economías políticas, una economía política del capital y otra economía política de la clase obrera.
La economía política del capital está regida por la ley del beneficio; la del proletariado por la necesidad de desarrollo social y humano de los productores directos de la riqueza social.
En la disputa por salarios chocan esas dos economías políticas.
El alegato de que los aumentos de salarios serían responsables por la inflación es interesado, porque la inflación es el resultado de la intervención de numerosos factores: el gasto fiscal, el crédito bancario, la especulación financiera, la entrada de capitales, la política de desvalorización de deudas, el uso de reservas para pagar la deuda externa.
Los economistas del capitalismo conocen esto muy bien: culpabilizan al salario porque son 'teóricos' de la patronal –de la economía política del capital.
El capitalismo conoce el remedio para atender una mayor demanda de consumo originada en salarios más altos: aumentar la inversión para la producción de bienes de consumo.
No solamente conoce el remedio: lo aplica, pero aumenta la producción, por ejemplo, de alimentos para la exportación, porque los precios internacionales son más altos.
Quiere igualar los precios internos con los internacionales.
Estamos ante el enfrentamiento de dos economías políticas antagónicas y de una lucha de clases como consecuencia de ese antagonismo.
O el lucro de unos pocos, o el salario de los muchos.
La victoria del lucro, o sea de la economía política del capital, conduce a la crisis, como lo testimonia la presente bancarrota capitalista, que están pagando los trabajadores.
La bancarrota argentina de 2001 no fue provocada por los salarios, sino por la aplicación sin trabas de la economía política del capital.
La lucha por el salario es solamente una parte de la economía política del proletariado. En ella hay que incluir la abolición del despotismo fabril; la defensa del medio ambiente, de la educación y de la formación integral del hombre –todos objetos de destrucción por parte de la economía política del capital.
La lucha obrera debe ser una lucha de conjunto, con el objetivo de abolir la economía política del capital y establecer la economía política del trabajo emancipado.
Esa lucha de conjunto es el objetivo de un partido de trabajadores.

J.A.